Galiza. El Estado español, inmerso en una crisis económica, social y de legitimidad de su gobierno, fabricó un nuevo enemigo con el objetivo de neutralizar las protestas populares: el movimiento independentista gallego. Una sentencia judicial abrió las puertas a la caza policiaca de militantes de organizaciones sociales y políticas, alertan organizaciones de derechos humanos.

El 13 de septiembre, la justicia española condenó a cuatro militantes independentistas gallegos a penas que suman un total de 54 años de cárcel. La sentencia de la Audiencia Nacional considera probada la existencia de un grupo armado en Galiza, “Resistência Galega”, y consuma legalmente la criminalización del movimiento independentista. Este juicio político, carente de las mínimas garantías procesales, determinó las más duras penas sin demostrar acción violenta alguna y sin pruebas que los impliquen en la participación de un grupo armado.

Galiza (Galicia, en castellano) es una nación ubicada en el noroeste de la península Ibérica (suroeste de Europa), bajo el dominio de la monarquía parlamentaria española, que le concedió el título de «Comunidad histórica». Gobernada por la derecha española (Partido Popular, PP) durante toda la breve historia de la democracia española, es hoy uno de los territorios más pobres y menos desarrollados del Estado: de sus casi 2 millones 800 mil habitantes, el 20 por ciento se encuentra fuera de su tierra, debido a la emigración que la pobreza impone -verdadera condena de los galegos desde el siglo XIX. El 16 por ciento de los emigrados son jóvenes de entre 18 y 30 años de edad; además, cuenta con una tasa de desempleados del 23 por ciento, de los cuales el 59 por ciento son menores de 30 años.

Galiza carece de soberanía política. Padece históricamente la explotación económica de sus recursos –minería, agua, electricidad, pesca, ganadería y agricultura– por parte del Estado español y de la Unión Europea (UE). Sufre la opresión española desde el inicio del imperialismo colonial, a través de una permanente invasión lingüística y cultural, que pretende la destrucción de su identidad propia, su idioma y su cultura.

En la última década, las políticas neoliberales promovidas por la UE y aplicadas por los sucesivos gobiernos españoles –tanto del PP como del Partido Socialista Obrero Español, PSOE- sumergieron al país gallego en una situación económica decadente, a la que se suma el incremento de la ofensiva cultural.

La carencia de una soberanía política galega no apagó la organización popular en defensa de la identidad, territorio y recursos. En Galiza se fundaron sólo en los últimos diez años, más de 60 centros sociales; cinco nuevas organizaciones políticas; más de 30 organizaciones juveniles, estudiantiles y ecologistas, y se crearon ocho medios de comunicación, todos de carácter soberanista. También se aprecia el crecimiento de movimientos anarquistas y anticapitalistas. En los últimos años se realizaron también numerosos actos de sabotaje contra sedes de partidos políticos, sedes bancarias, empresas de trabajo temporal, medios de comunicación y empresas de explotación de recursos naturales. Es evidente que algo sucede en Galiza.

Ante este panorama, desde 2005, los gobiernos español y europeo iniciaron una campaña de criminalización contra el movimiento social en Galiza, perfectamente orquestada entre el Ministerio del Interior y los medios de comunicación. Combinando la crónica policial con la ficción literaria, fabricaron un supuesto grupo terrorista que “intenta subvertir el orden constitucional”, según la última sentencia. A esta propaganda le acompaña una desproporcionada represión policial que generó, en los últimos cuatro años, la detención de 20 activistas y el registro de domicilios y varios centros sociales.

Toda esta campaña desembocó en el juicio, de evidente carácter político, celebrado el pasado mes de junio en la Audiencia Nacional en Madrid, el tribunal más conservador del sistema jurídico español, con el código penal más restrictivo de Europa –todavía estrechamente ligado al régimen franquista–, un tribunal con competencias excepcionales, donde, por ejemplo, se valoran como pruebas las opiniones de peritos policiales.

Irregularidades evidentes en el juicio

Celebrado del 24 al 27 de junio de 2013 en la Audiencia Nacional, el juicio acusó a cuatro militantes independentistas de pertenencia a banda armada. El procedimiento arrancó en noviembre de 2011, con las primeras detenciones y registros. Los acusados padecen desde entonces la aplicación del régimen de incomunicación, y casi dos años de prisión preventiva en cárceles alejadas de su lugar de origen. Se trata de medidas excepcionales que impone un “régimen penitenciario especial”, FIES (Ficheros Internos de Especial Seguimiento), un régimen ilegal que ampara la violencia continuada contra las personas presas y la vulneración de sus derechos fundamentales: agresiones físicas y verbales, humillaciones a las familias, maltrato psicológico, privaciones, aislamiento, mínimas posibilidades de formación y recreo, desatención sanitaria o comunicaciones intervenidas y limitadas.

El magistrado que presidió la sala, Alfonso Guevara, mostró
abiertamente, durante todo el juicio, una actitud autoritaria. Interrumpió constantemente el discurso de los abogados, y llegó a expulsar de la sala a los peritos citados por la defensa simplemente por cuestionar el informe policial. Además, negó a la defensa el legítimo derecho a interrogar a los testigos policiales, quienes sí dispusieron de todo el tiempo deseado para exponer su versión.

Los abogados de los encausados, así como diversas organizaciones de observación de derechos y libertades jurídicas, denuncian éstas y otras irregularidades como una “vulneración del principio de contradicción y el derecho constitucional a un juicio justo e imparcial”. Tan sólo unos días antes, el juez Guevara fue sancionado con falta grave por increpar a un acusado, un dato ilustrativo más para su controvertido historial.

Paradójicamente, los acusados fueron mencionados en muy pocas ocasiones. El juicio se centró de forma ostentosa en intentar demostrar la existencia de un grupo terrorista en Galiza, más que en probar la implicación de los cuatro militantes en los cargos de los que se les acusó.

Los informes procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español, únicos testimonios aportados por la Fiscalía, están repletos de valoraciones que sólo apelan a la “experiencia policial” y citan obsesivamente a personas no encausadas, además de acusar a organizaciones completamente legales integradas en el campo independentista y anticapitalista de Galiza.

En contraposición a la versión policial, todos los partidos representados en el parlamento gallego fueron llamados como testigos de la defensa. En sus intervenciones, todos negaron tanto la existencia de un grupo terrorista en Galiza, como un clima de alarma en la sociedad gallega. La participación de los representantes del parlamento es una evidencia más del carácter político del juicio.

En su declaración, los militantes negaron su integración en una organización terrorista y afirmaron que “todos los cambios deben ser democráticos y populares”. En cuanto a la conclusión, se declararon inocentes y denunciaron la violación de su legítimo derecho a la defensa.

El 25 de septiembre, Eduardo Vigo, uno de los sentenciados a 18 años de cárcel, se enfrentó a una nueva pena de ocho años, acusado de “fabricación de aparato explosivo con finalidad terrorista”, por el artefacto encontrado en la detención de dos jóvenes en diciembre de 2007, que pagaron ya cuatro años de privación de libertad. Seis procesados más están a la espera de juicio, tres de ellos en prisión preventiva en régimen FIES.

Una condena ejemplar

Los cuatro acusados, así como sus abogados, tuvieron noticia de la sentencia de 56 años de cárcel a través de los medios de comunicación; es decir: la Audiencia Nacional filtró la noticia a los medios antes de notificarla a la defensa. El tribunal concedió prácticamente la totalidad de las penas solicitadas por la Fiscalía, que pidió 64 años de prisión.

El tribunal condenó a Maria Osorio y Antom Santos a 10 años de cárcel: “ocho por participación en organización terrorista y dos por falsificación de documento oficial”. En los casos de Eduardo Vigo y Roberto Fialhega, Teto, la pena se elevó hasta 18 años, pues se le añadió “tenencia de explosivos”. Son penas desorbitadas para quienes no atentaron contra la vida, la salud o la integridad de las personas, por encima de delitos como el de asesinato con ensañamiento (de 15 a 20 años, artículo 139 del Código Penal) o el de violación (de 6 a 12 años, artículo 179 del Código). Durante todo el juicio no se llegó a demostrar la participación de los acusados en ninguno de los actos terroristas que atribuyen al supuesto movimiento armado.

Las sucesivas reformas del Código Penal español de los últimos años obligan a los acusados de terrorismo a cumplir íntegramente las penas, junto con 10 años más de libertad vigilada -modificaciones del marco jurídico que los gobiernos españoles adaptan a sus necesidades represivas.

Reacción solidaria del movimiento popular

Menos de 24 horas después de conocerse la sentencia, 25 colectivos y organizaciones nacionales presentaron en rueda de prensa un comunicado de urgencia para rechazar “la brutalidad represiva del Estado español” y mostrar su solidaridad con los presos políticos. Entre los firmantes, se encuentran fuerzas políticas parlamentarias.

En el comunicado, rechazaron la sentencia como “barbaridad represiva desde un punto de vista democrático, perpetrada por un tribunal que carece de las más mínimas garantías jurídicas exigibles y que realiza juicios políticos”. Alertaron de un “rebrote fascista” de un Estado corrupto, antidemocrático y obsesionado por su “integridad territorial”.

El organismo popular anti-represivo CEIVAR, uno de los firmantes del comunicado, alertó de que esta condena abre la “cacería de militantes de todo tipo de organizaciones que hasta ahora operaban legalmente y que, a corto plazo, pueden ser etiquetadas como partes de un supuesto ‘organigrama terrorista’, ilegalizadas y perseguidas”. CEIVAR denunció que ya son 21 personas las acusadas por la Audiencia Nacional de enaltecimiento del
terrorismo, por mostrar fotos de los prisioneros en diferentes actos públicos, incluso antes de que ningún documento jurídico afirmase la existencia de un grupo terrorista.

Se convocaron concentraciones y marchas en las siete principales ciudades de Galiza, que amanecieron con la presencia de numerosas pintadas y pancartas de solidaridad con los cuatro independentistas, en lo que fue una intensa jornada de trabajo y agitación.

Un nuevo enemigo

El Estado español, inmerso en una crisis económica, social y de legitimidad de su gobierno, así como de las instituciones que lo sustentan, fabricó un nuevo enemigo con el objetivo de neutralizar las protestas populares, que se dan como reacción a las políticas neoliberales y los reiterados escándalos de corrupción política e institucional. Este proceso judicial se enmarca dentro de las políticas europeas de represión: un ejemplo de cómo convertir en terrorismo la resistencia popular.

Galiza no es el único país dentro del Estado español, ni de la UE, que demanda su soberanía: Catalunya, Euskal Herria, Irlanda del Norte o Escocia avanzan hacia la independencia, después de años de lucha, armada y política, que resistió la ofensiva imperialista.

La resistencia en Galiza es una constante histórica. Fue el último territorio en someterse al Imperio romano y también el primer reino independiente, con siete siglos de soberanía y más de cinco de resistencia a la ofensiva española.

Publicado el 07 de octubre de 2013