ACTUALIZACIÓN | 24 de octubre 2018:
Luego de trece audiencias y a nueve años de búsqueda de justicia por el asesinato del líder indígena Javier Chocobar de Tucumán, Argentina, condenaron al terrateniente Darío Amin a 22 años de prisión, a los policías retirados Luis “el Niño” Gómez a 18 años y José Valdivieso a 10 años. Las condenas dictadas son un intermedio entre los pedidos de las querellas y la fiscalía. En la sala del Fuero Penal la comunidad “Los Chuschagasta” grita emocionada: Javier Chocobar, ¡presente! Desde las ventanas también se escuchan los cánticos y aplausos de festejo de las organizaciones sociales que acompañan desde la calle. Es un fallo histórico para los pueblos originarios de Nuestramérica en su lucha por los territorios ancestrales.
El próximo 11 de octubre se conocería la sentencia por el asesinato al líder indígena diaguita Javier Chocobar, perpetrado por el terrateniente Luis Amín y los ex policías Luis Gómez y Eduardo Valdivieso en la provincia argentina de Tucumán. Una fecha que puede resultar histórica si la Justicia argentina da a conocer un fallo reparador para la comunidad que ponga fin a la impunidad sufrida durante 9 años de larga espera. Un día que ya es histórico por tratarse de la conmemoración del último día de libertad para los pueblos originarios en Nuestramérica. Un día histórico para la comunidad indígena Los Chuschagasta que desde hace 9 años todos los 12 de octubre se moviliza para recordar el día en que mataron a su líder e hirieron a otros dos comuneros: 12 de octubre de 2009. Compartimos una entrevista exclusiva a Audolio Chocobar, actual autoridad de la comunidad e hijo de Javier. Repasamos el mapa de conflicto territorial y extractivismo en la provincia del Noroeste argentino, Tucumán. Por último, un audioinforme producido en FM La Tribu completa la cobertura especial.
ENTREVISTA
“Sólo pedimos vivir en paz en nuestros territorios”
Audolio Chocobar, hijo de Javier Chocobar, actualmente preside la Comisión comunitaria de Los Chuschagasta. Lleva ese reclamo como bandera de la época que le tocó vivir, aunque sabe que es una demanda histórica del pueblo diaguita en el Noroeste argentino. Tiene 33 años y casi un tercio de su vida dedicada a una causa: lograr justicia por el asesinato de su padre, líder indígena de la provincia de Tucumán.
Chanito, como lo suelen llamar, está algo molesto con las audiencias que la justicia tucumana demoró 9 años. “Hablamos de una muerte y no les interesa nada, todo lo que están diciendo son mentiras. Vivimos con miedo más que nada, sentimos provocaciones de parte de ellos. Estar dentro del recinto es volver a recordar aquel 2009, lo vivimos con mucho dolor, bronca y preocupación, todo eso nos está pasando en este proceso”, sintetiza.
“A pesar de todo esto que hemos vivido, que han venido, matan a mi padre y hieren a Andrés y a Emilio, de ahí en adelante salimos más fortalecidos que nunca, y hoy en día así estamos, parados, firmes y resistiendo. La comunidad es nuestra porque la ley lo dice y la vamos a hacer respetar.”
Se suele decir que las leyes no están hechas para entenderse. Chanito conoce muy bien los derechos que le corresponden y las leyes, como la 26.160, que amparan a los pueblos originarios en la Argentina, pero desconfía de su reglamentación: “El Estado nacional y provincial forman parte de este incumplimiento, entonces exigimos que se implemente la ley de propiedad comunitaria, para que podamos vivir tranquilos, en paz, es lo que queremos, pacíficamente desarrollar nuestras propias actividades en nuestros propios territorios.”
En la semana dos del juicio que se desarrolla en el Fuero Penal de San Miguel de Tucumán, a poco más de un millar de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, declaró como testigo Silvia Chiarello, ex funcionaria y terrateniente en la zona del conflicto. “Yo no conocía la existencia de ninguna comunidad indígena”, se le escuchó decir. Audolio responde: “Siempre hemos vivido en estos territorios, nuestros abuelos y padres han nacido, se han criado y murieron en nuestros territorios.”
Cuando de la organización de su comunidad se trata, la voz se le reconforta y sus ojos saltones brillan con un halo de esperanza. “En cada asamblea nos fortalecemos porque todos los trabajos y definiciones se deciden en forma colectiva y eso es lo bueno de seguir trabajando en conjunto. La organización nuestra dentro del territorio es fundamental para nosotros.” En el 2000, Los Chuschagasta se conformaron legalmente como comunidad de la etnia diaguita reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “En el 2009 mi padre era vocal primero y a veces cumplía funciones de cacique porque se preocupaba mucho por las cuestiones que hacen a la comunidad, armaba las reuniones, se ocupaba de ayudar a vecinos si les faltaba algo, mucho trabajo colectivo. Para nosotros aparte de ser un vocal era un líder comunitario, él ha sido fundador de esta comunidad.”
Quizás una de las mayores brechas culturales entre la justicia occidental y la cosmovisión indígena sea el entendimiento del significado de “territorio”. LA TIERRA ES NUESTRA VIDA decía una enorme pancarta que encabezó una de las tantas movilizaciones interculturales impulsadas en 2015 por el líder qom Félix Díaz, en medio de un acampe de diez meses a pasos del Obelisco de Buenos Aires. “Hoy en día principalmente nuestra creencia es la ofrenda a nuestra Madretierra, que lo hacemos el 1 de agosto. La verdad que si nos ponemos a pensar vivimos de nuestra Madretierra, es de donde podemos cultivar nuestros alimentos, cosechamos, consumimos y hay un tiempo en el que todo lo que recibimos de ella tenemos que ofrecerle de vuelta, para que el próximo año nos de mucho más de lo que pusimos. Y el juicio arranca justo en agosto, y nos sentimos muy fortalecidos por nuestra naturaleza.”
Sobre esta Madretierra viven hoy cerca de 800 comuneras y comuneros diaguitas en casitas, en muchos casos hacinados. Tienen un salón comunitario en El Chorro, otro en Ñorco, un club en La Higuera y desde hace poco cuentan con un tractor que sirvió para alivianar sus hombros y el lomo del caballo que utilizaban para trasladar todo tipo de materiales y mercaderías. Si bien se ha perdido mucho del kakán, la lengua de la nación diaguita, algunas palabras se siguen escuchando. “El tema de los alimentos, para nosotros no cambia mucho a la vida de antes, lo que siempre se ha venido manteniendo es consumir maíz, que lo producían nuestros antepasados y nosotros continuamos. Un locro, una mazamorra, un mote que hacemos al igual que hacían ellos. También la chicha, el arrope, la loja. Mantenemos eso y también el carqui, uno de los alimentos que más producimos en invierno, te dura bastante y no hace falta que andes comprando más carne, o consumas carne que ya viene faenada, que tiene otro sabor y para nosotros eso no es un alimento sano. Nuestros abuelos han vivido años consumiendo ese tipo de alimentos, hay abuelos que han durado 105 años en nuestros territorios y en comunidades vecinas algunos llegaron a 110 y 115 años. Criamos animales, vacas, caballos, cabras, ovejas, gallinas, todo eso para consumo propio. La verdura también la producimos en nuestra propia zona, en nuestras huertas.”
El tema que lo convoca se vuelve a filtrar. Se acerca el final de un proceso judicial que se hizo esperar mucho tiempo, 9 años de injusticia. “Nosotros hoy exigimos que se haga justicia, estamos convencidos que los jueces los van a condenar a estos asesinos. Lo que pedimos y vamos a seguir pidiendo siempre es poder vivir tranquilos y que el alma de mi padre pueda descansar en paz porque hasta el día de hoy él no puede. Que nuestras generaciones después de todo esto puedan vivir en paz y puedan desarrollar sus actividades en nuestros territorios.” Que así sea.
Los derechos indígenas, una deuda pendiente en Argentina
En la provincia argentina donde menos del 1% de los terratenientes abarca la mitad de las tierras cultivadas, las comunidades indígenas resisten el desalojo y luchan por el reconocimiento de sus derechos.
Si bien el Estado Nacional argentino, como los estados provinciales, contemplan en su legislación los derechos de las poblaciones indígenas, la efectiva titulación de los territorios es una deuda pendiente. El pueblo diaguita de Chuschagasta, al igual que muchas comunidades originarias, se enfrenta aún hoy, a la pelea por el reconocimiento como habitantes preexistentes de estas tierras.
La Constitución de la provincia de Tucumán incluyó, hace más de una década, el artículo 149 que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas en el territorio provincial. A su vez, se relevaron hasta el momento 17 comunidades originarias, entre las que se encuentra el pueblo de Chuschagasta. Sin embargo, según un mapa realizado por la organización ANDHES (Abogadas y abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), en Tucumán existen 40 conflictos territoriales en relación a 10 de estos pueblos indígenas, lo que representa un promedio de 4 conflictos por comunidad. Del total de esos conflictos un 60% por ciento se judicializa y la mayoría de las causas encuentran una resolución judicial en un plazo no menor a los cinco años. No sólo los tiempos de la justicia parecieran ser eternos, sino que las sentencias no suelen estar del lado de los pueblos indígenas. Del total de las resoluciones judiciales sólo un 3% beneficia, de alguna manera, a los habitantes indígenas, el otro 97% resulta favorable a terratenientes o no tienen ninguna resolución. Esto demuestra una dificultad en el acceso a la justicia por parte de estas comunidades y una parcialidad de los tribunales en la resolución de los casos a favor de los sectores empresariales y de poder.
En el territorio argentino el Estado identificó, hasta el momento, un total de 1.604 comunidades indígenas ubicadas principalmente en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Misiones. Este relevamiento forma parte de la Ley N° 26.160, aprobada en 2006, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios del país y ordena la suspensión de los desalojos de esta población mientras se realice dicho relevamiento. Aunque esta norma no incluye la entrega de títulos, supone una mejora para que se identifiquen los territorios y se pueda avanzar con la formalización de su propiedad. Sin embargo, durante los primeros once años de aplicación de esta ley, y con dos prórrogas de por medio, poco más de la mitad de las comunidades identificadas fueron relevadas o entraron al proceso de relevamiento a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Este organismo ha sufrido, desde la asunción de Mauricio Macri, una reducción en su personal -de 220 trabajadores pasó a 160 – y en lo que va del año sólo se ejecutó el 46% por ciento de su presupuesto. Si a esto se suma que casi el 60% se destina a sueldos del personal, el relevamiento jurídico de los territorios que ocupan los colectivos indígenas se ve obstaculizado. Así es como, en noviembre del año pasado, la ley N° 26.160 fue prorrogada por tercera vez para poder concluir con esta etapa y efectivizar luego la titulación de los terrenos.
La situación de conflictividad respecto al reconocimiento de los derechos de los colectivos indígenas sobre las tierras que habitan ancestralmente, fue registrada por la Auditoría General de la Nación (AGN). Este organismo determinó en el ámbito del INAI, para el período 2010-2015, que el 62% de las comunidades indígenas tiene o tuvo un conflicto territorial y que un 25% tiene o tuvo órdenes de desalojo.
Del otro lado del conflicto y los desalojos se encuentran los intereses económicos de la explotación indiscriminada de recursos en territorios indígenas. En este sentido, la situación de la propiedad de la tierra en la provincia de Tucumán, al igual que en otras provincias de Argentina, muestra un proceso de concentración. Según datos del último Censo Nacional Agropecuario menos del 1% de los terratenientes abarcan la mitad de las tierras cultivadas de la provincia. Esto representa 60 explotaciones agropecuarias que concentran el 52 % de las tierras cultivadas de Tucumán. El principal cultivo es el de caña de azúcar (278 mil hectáreas) y la siembra de soja (172 mil hectáreas); le siguen, por extensión, el trigo (110 mil hectáreas), el maíz (64 mil hectáreas), y el limón ocupa también una importante porción con 40 mil hectáreas.
La concentración de la tierra en pocas manos y su explotación económica basada en un modelo extractivista se opone a la concepción comunitaria que sostienen los pueblos indígenas. Esta noción de propiedad colectiva implica una cosmovisión ancestral que no se puede reducir a una relación meramente patrimonial, sino que además es espiritual y constituye el eje central de la sostenibilidad de sus vidas. Es por eso que la Ley de Propiedad Comunitaria hoy figura entre las principales demandas de los pueblos originarios en búsqueda de soluciones a este mapa conflictivo de los territorios. En Argentina los derechos territoriales de las comunidades indígenas están contemplados en la Constitución Nacional, sin embargo la implementación de sus derechos es una deuda aún.
Informe radial realizado por el programa La Revancha de FM La Tribu
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