En la actualidad en casi todos los países de América Latina la población originaria, rural y periurbana enfrenta violencia y desposesión de sus territorios debido a intereses económicos y políticos, algunos de los cuales dependen de la extracción de minerales, así lo mencionan la doctora Aleida Azamar Alonso y el maestro por la Universidad de Guadalajara Mario Daniel Muñoz Ríos, en el capítulo Minería ilegal y violencia en el ejido El Bajío, Sonora. Un caso de extrahección en México.
Una gran cantidad de los conflictos socioambientales por minería puede ubicarse en poblaciones y comunidades que se encuentran muy distantes de las principales urbes o donde los gobiernos locales carecen de suficiente fortaleza para regular estas actividades y, por lo mismo, las compañías nacionales y extranjeras han podido prosperar aprovechándose de un marco normativo orientado al desarrollo productivo que no cuenta con las garantías para proteger a la población y a la naturaleza de las consecuencias indeseables del extractivismo, señalan los especialistas en el texto incluido en el libro Minería en México: Panorama social, ambiental y económico.
Un caso de conflicto minero en México y que no tiene mucha atención ni de medios ni de políticos “es el que ocurre en El Bajío, ubicado en el municipio de Caborca en el estado de Sonora, donde no son los extranjeros, sino los propios empresarios mexicanos quienes realizan extracción de minería metálica” en forma intensiva y sin miramientos a los efectos negativos que provocan, lo cual se debe, explican los autores, a que los yacimientos de oro en el lugar son muy lucrativos.
Las prácticas extractivas desmedidas han resultado en la degradación del suelo y la contaminación de los muy escasos recursos hídricos, amenazando la biodiversidad local y el sustento de las comunidades que dependen de estos recursos para su supervivencia.
Los proyectos mineros casi siempre se presentan como una posibilidad para detonar el desarrollo socioeconómico en alguna región, pero en realidad los empresarios buscan todas las formas de ganancia, aun a costa de la pérdida del derecho a la vida de miles de personas, lo cual resulta especialmente evidente para este caso, pues las riquezas que pueden generarse a partir del aprovechamiento de este recurso a pesar de los graves riesgos para los locales pueden desestabilizar no sólo el ambiente, sino también las estructuras sociales y económicas existentes.
Para los investigadores Azamar Alonso y Muñoz Ríos en el proceso de reproducción del capital hay una profunda relación y dependencia de éste con la violencia como su principal garantía, pues una característica que se observa es que donde se establecen las empresas mineras la violencia aumenta.
La población de esa región ha sufrido de la extrahección que los autores definen como el “acto de tomar o quitar con violencia; es ‘arrancar’ los recursos naturales, sea de las comunidades como de la naturaleza”, llegando incluso a ataques en los que los habitantes han perdido la vida, sin que alguna autoridad del gobierno estatal o federal haya realizado algún tipo de investigación. Son los mismos residentes los que han empezado a usar las redes sociales para tratar que la problemática que están viviendo pueda ser visibilizada.
Ese concepto es necesario para comprender la dimensión en la que es posible realizar la explotación en un caso de minería en México, donde la administración puede ser una colaboradora más que se beneficia de esta práctica destructiva, al quitar a la población sus territorios a través del uso de la violencia pública para respaldar proyectos y, en el caso del El Bajío, al generar conflictos que dañan la naturaleza y amenazan la vida humana.
La actividad minera, por lo general, tiene efectos negativos en la colectividad cercana a las áreas donde se establecen, pues no sólo llegan a cambiar las formas de relación social, sino que además van propiciando cambios en la salud, al presentarse enfermedades características de la actividad y sumado a esto también se encuentra la agresión que se realiza al medio natural, pues se contamina el agua, se desvían ríos y se desforesta, entre otras afectaciones al entorno.
Azamar Alonso y Muñoz Ríos mencionan que existe “una ‘extrahección’ cuando se violan los derechos a la calidad de vida o a un ambiente sano” en el que polución, pérdida de áreas naturales y resultados nocivos a la salud pública son notorios, siendo el caso del Ejido El Bajío en Caborca uno que presenta estas situaciones en forma muy clara.
Publicado originalmente en la UAM
