Sra. Isabel Miranda de Wallace
Presidente de Alto al Secuestro

Señora Wallace, los mexicanos no olvidamos su lucha por los derechos humanos tras cinco años de investigaciones en el secuestro de su hijo. Tan dramática situación la convirtió a usted en una figura pública que le valió el premio nacional de derechos humanos en 2010. Pese a que conoció el dolor de la ausencia en carne propia, tampoco olvidamos que no tuvo reparos en recibir ese premio a manos de uno de los peores criminales de derechos humanos que ha tenido México como lo fue Felipe Calderón. Usted no vio en ese entonces el dolor de las más de 100 mil víctimas fatales que dejaron la simulación del combate al narcotráfico y que Calderón llamó sin cortapisas “daños colaterales”. Usted, en ese momento, tampoco tuvo ojos para ver a las miles de madres que han llorado a sus hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, ni a las familias indígenas de la Montaña Guerrero escondiendo a sus hijos para que no fuesen reclutados por los rivales de los narcotraficantes protegidos por el gobierno de Calderón.

Hoy, señora Wallace, de nueva cuenta, usted cierra los ojos y no ve a las verdaderas víctimas. Usted no quiere ver quién es Nestora Salgado García, ni las violaciones de derechos humanos que el Estado mexicano sigue infligiendo contra su persona. Sin embargo, se dirige a la presidente del Tribunal de Estado para pedirle con firmeza –en una contradicción lógica de activista de derechos humanos– que no le dé la libertad a una de las más preciadas defensoras de los derechos indígenas; por cierto, reconocida también, como usted, con un premio nacional de derechos humanos, pero por una institución independiente, no gubernamental, como es la prestigiada Fundación Don Sergio Méndez Arceo.

En mi papel de periodista que ha investigado puntualmente el caso de la líder comunitaria, le voy a decir quién es esta mujer que lleva nueve meses encarcelada sin haber cometido delito alguno en el penal federal El Rincón, Tepic, Nayarit, y que revela un Estado de derecho fracturado profundamente por personas como a las que usted ahora defiende. Más aún, me llama la atención que usted a sabiendas de lo que es investigar un crimen y no desconocer la manipulación de las instituciones del Estado por los políticos y funcionarios para solapar una corrupción, no haya investigado por cuenta propia este caso, antes de pedir públicamente al Poder Judicial que actúe en contra de los derechos de una digna ciudadana.

A Nestora Salgado no le secuestraron ningún hijo que la impulsara a ayudar a los demás. Por su propia voluntad y fuerza ayudaba a las hijas de otras familias de Olinalá –su ciudad natal– para evitar que fueran raptadas y prostituidas por narcotraficantes y políticos locales. Llegó a rescatar a los hijos de otras mujeres que los criminales pretendían reclutar para sicarios. Nestora Salgado, pese a vivir en una situación de confort ya en Estados Unidos, al tener la doble ciudadanía, decidió seguir luchando y creó un corredor solidario desde Seattle hasta la Montaña Guerrero, para regalar a los indígenas ropa, alimentos, zapatos y medicinas, ante la miseria en que los mantienen los gobiernos históricamente.

Durante cuatro años consecutivos, Nestora estuvo haciendo esfuerzos por proveer protección a quienes ella considera “su gente, su pueblo”, hasta que impulsó la creación de la Policía comunitaria de Olinalá, con el ejemplo de otras comunidades para defenderse de los abusos de poder y de la delincuencia organizada. Poco después, esta institución se incorporó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y se constituyó la Casa de Justicia El Paraíso, a la que pertenece la comunidad de Olinalá. Esta creación fue bajo el amparo del artículo 37 de la Ley 701, de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades de Guerrero, parte del sistema normativo indígena y el cual los faculta para brindar seguridad e impartir justicia. Así mismo, avalado por el artículo 2º de la Constitución mexicana, e internacionalmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Las fuerzas armadas, sin embargo, detuvieron a Nestora el 21 de agosto de 2013, sin ninguna orden judicial, sin permitirle hacer una llamada, sin la asistencia de un abogado y sin informarle a su familia. Fue un secuestro de Estado. Después de siete días sin saber de ella, por la intervención de la Embajada de Estados Unidos a petición de su esposo e hijas, el gobierno mexicano se vio obligado a informar al cónsul dónde la tenían recluida. Nestora Salgado también fue torturada no sólo con el aislamiento en la cárcel. Por varios meses la mantuvieron durante las 24 horas con la luz encendida, no le permitían hablar con ninguna interna, llegó a necesitar servicios de enfermería y dentales que le fueron negados. Tampoco le dieron sus medicamentos que de por vida toma para un problema de la columna, secuelas de un accidente automovilístico. Por varios meses la mantuvieron incomunicada telefónicamente y el agua para beber tiene que comprarla.

Mientras, en las calles de Olinalá, el síndico Armando Patrón Jiménez, la persona que usted promueve como víctma de secuestro perpetrado por Nestora, ha gozado de libertad, pese a las evidencias de sus delitos, los cuales fueron denunciados por ella misma, en su calidad de coordinadora regional de la Policía comunitaria, ante el sistema de justicia comunitario y ante autoridades estatales y federales. Los delitos por los que fue acusado el funcionario son involucramiento en un doble asesinato, abigeato, corrupción, falsificación de documentos oficiales, abuso de poder y delincuencia organizada. Las evidencias se cuentan en audios con conversaciones grabadas, documentos, videos, fotografías y testigos.

Patrón Jiménez también fue acusado –con evidencias y testigos­– ante las mismas autoridades de haber sustraído un paquete con licencias de conducir, dos chalecos antibalas y varias armas M15, de una casa de sicarios –conocidas como casa de seguridad­–, después de que los policías comunitarios incendiaran la motocicleta en la que se transportaban los sicarios para ejecutar a sus víctimas. Patrón Jiménez pidió con familiaridad a la dueña de la casa que le diera estos objetos.

El síndico estuvo recluido bajo el sistema de justicia comunitario para su reeducación, y fue liberado a los nueve días por autoridades federales sin cumplir ninguna condena por sus crímenes. Recién liberado, declaró a la prensa local que había sido violado sexualmente. No obstante, nunca puso una denuncia oficial ante el Ministerio Público ni de esos hechos ni levantó una demanda en contra de Nestora Salgado. Ahora dice que “su vida corre peligro si liberan a Salgado”, y ciertos medios –irresponsables y convenencieros, como lo ha sido el diario Reforma, Reporte Índigo y Quadratín– hacen eco del absurdo sin mayor investigación que la declaración falsa del síndico, tal como usted misma la repite.

Le aclaro que Nestora Salgado tenía facultades para detener al síndico en su calidad de coordinadora regional, pero quien lo detuvo fue la Policía comunitaria que también tiene esas mismas facultades, entre otras. La detención se hizo como parte de la justicia comunitaria y porque el que ahora acusa cometió delitos.

A Nestora se le acusó de secuestro agravado contra un grupo de jóvenes, entre éstos dos mujeres menores de edad, por retenerlos en la Casa de Justicia de El Paraíso. ¿Por qué no investigó señora Wallace quién había elaborado el expediente de la Procuraduría y quiénes eran las supuestas víctimas? ¿Por qué no habló con las jóvenes y sus madres para que conociera de primera mano las condiciones físicas y emocionales en las que se encontraban? Si usted preside una organización civil contra el secuestro ¿por qué no ha llevado a cabo estas investigaciones básicas con la experiencia que le dieron las investigaciones del secuestro de su hijo? En el caso de los jóvenes de Olinalá, le hubiera llevado tan sólo un par de días y varias llamadas telefónicas el darse cuenta de la verdad, tal como me llevó a mí descubrirla.

Las madres de las supuestas víctimas llevaron directamente a sus hijas a que fueran reeducadas a la Casa de Justicia El Paraíso. Incluso yo publiqué en Los Ángeles Press, el medio para el trabajo, los documentos firmados por las madres donde hacen la petición a Nestora Salgado. También las madres aceptaron desmentir las declaraciones de sus hijas del expediente fabricado por la Procuraduría General del Estado, que las utilizó como falsas víctimas, e incluso la madre de una menor apuntada en el expediente dijo que “se sentía mal que utilizaran a su hija para encerrar a Nestora y que no sabía que la iban a detener tanto tiempo”.

Las adolescentes se habían fugado de su casa para irse de fiesta con otros jóvenes mayores de edad. Fumaban, tomaban y se drogaban, era parte de la fiesta y de los hábitos que adquirían estas menores que también se prostituían. Las madres pidieron ayuda a la Policía comunitaria para que buscaran a Betzabé Rubí Baltazar Sosa y a Sofía Navarrete que ya habían sido denunciadas a la Policía comunitaria por posesión de droga y prostitución. Uno de los coordinadores que encontró a las jóvenes fue Jesús Coronel, y él -junto a otros policías y las madres- llevó a las jóvenes a la Casa de Justicia para su reeducación. Nestora las recibió y las madres escribieron esos oficios pidiendo la ayuda. Todo lo demás ya lo conoce usted, que es la detención de Nestora y los falsos delitos imputados, de los cuales fue liberada por un juez federal el 29 de abril de 2014, contrario a lo que usted ha declarado a la prensa.

Según su organización Alto al secuestro, “busca como prioridad el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho, en un ambiente justo y equitativo”. Me resulta cuestionable y grave que una persona como usted, con las responsabilidades que dice tener en su organización y con los recursos que recibe para estas tareas, no sepa distinguir quién es una verdadera víctima. Más aún que su intervención pública acerca de estos crímenes sea llevada con tal falta de rigor profesional y ético que obstaculice el respeto a los derechos humanos como pretende en el caso de Nestora.

No somos pocos los que conocemos quién es Nestora Salgado. Nos contamos por varios miles y en varios países. Nos consta su lucha y su auténtico compromiso público. Nos consta su fortaleza y su integridad para defender a las verdaderas víctimas de un gobierno criminal y de grupos delictivos. Armando Patrón Jiménez, en cambio, es un funcionario delincuente más, como los que tienen hundido a México.

Espero que después de investigar quién es Nestora, sea para usted también un ejemplo de dignidad y ética.