Perú. Luego de un largo debate, el Tribunal Constitucional aprobó el pago por el Estado peruano de los bonos otorgados por las tierras a los latifundistas que explotaron gratuitamente el trabajo campesino, según el decreto de reforma agraria dictado el 24 de junio de 1969. La mayor parte de estos bonos pasaron a manos de especuladores.

En dicho decreto se señaló la posibilidad de que se indemnizara de inmediato a quienes destinaran el pago a la actividad industrial. Así, los latifundistas que oprimieron a los campesinos pasarían a otros tipos de opresión. Gracias a eso, Dionisio Romero es el principal propietario del Banco de Crédito del Perú.

El debate se centró en que Óscar Urviola, presidente del Tribunal, fue funcionario del mencionado Banco de Crédito del Perú durante 21 años. Dicho banco fue el principal comprador de esos bonos a precios irrisorios. Se informa que la mayor parte de los poseedores de los bonos agrarios son especuladores que representan el 80 por ciento y que solo el 20 por ciento corresponde a los propietarios originales, entre los que se encuentran hacendados y sus herederos. El ministro de Justicia señala que la cifra podría oscilar de los mil millones a los 8 mil millones de soles.

Ahora, por decisión del ex funcionario del Banco de Crédito, éste y los otros especuladores recibirán el dinero que pertenece a todos los peruanos. Naturalmente el gobierno y el parlamento no van a quitar ese dinero de sus grandes sueldos, sino de las miserias que están dedicadas al servicio de los pobres.

En la reforma agraria que hicieron los campesinos de la provincia de La Convención y del distrito de Lares, Cusco, en los años 1962 y 1963, decidieron no pagar ni un centavo a los latifundistas que les obligaron a trabajar gratis en pago del uso de una pequeña parcela. En mi calidad de Secretario de Reforma Agraria de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, me tocó firmar la Ley de Reforma Agraria que señaló eso, pero esa ley fue emitida sólo para reforzar lo que hizo el campesinado sin ley alguna, entendiendo que es el pueblo con su lucha quien realiza las transformaciones y no las leyes.

El gobierno de la junta militar, ante los hechos, tuvo que retroceder y sacar en 1962 una Ley de Reforma Agraria, pero sólo para La Convención y Lares. Esa ley, dada 6 años antes de que Velasco tomara el poder, señaló que había que dejar en manos de los hacendados una parte de la hacienda. Ante el ímpetu de la lucha campesina, dos hacendados suplicaron al Ministerio de Agricultura que hiciera la Reforma Agraria en sus haciendas, lo que éste efectuó prontamente, dejando las mejores tierras para ambos hacendados.

A las otras haciendas fueron los funcionarios para decir que el Ministerio les enviaba para que dieran tierras a los campesinos. Los compañeros respondieron: “Acá no necesitamos la Reforma Agraria del gobierno, acá se cumple la Reforma Agraria del campesinado, que dice que a los hacendados no se les debe dejar ni un centímetro cuadrado. Al contrario, ellos deberían pagarnos por habernos hecho trabajar gratuitamente por un pedazo de tierra que nos daban”.

Los campesinos del resto del país reclamaron que a ellos también se les debía dar la tierra y realizaron numerosas tomas de tierra, que fueron respondidas a balazos por orden del “insigne demócrata” Fernando Belaúnde Terry. Como no cesaba la pugna, los militares se alarmaron, decidieron tomar el poder para extender al resto del país la ley que sacaron en 1962 para La Convención y Lares. Así lo hicieron y se produjo el golpe de Velasco Alvarado, quien emitió el decreto arriba mencionado, origen de la actual estafa.

Lo acá expuesto no quiere decirlo la derecha ni la izquierda.

Por mi parte, me declaro consecuente con lo que hizo el campesinado de La Convención y Lares: No debemos premiar ni con un centavo a los latifundistas que explotaron gratuitamente el trabajo campesino, y tampoco a los especuladores que les compraron los bonos.

Publicado el 22 de julio de 2013.