Ciudad de México, 27 de enero del 2015. Alrededor de un millar de personas se movilizaron el pasado fin de semana en contra la nueva ley de seguridad pública o Ley Mordaza, que entre muchos aspectos legaliza las deportaciones “en caliente” a los migrantes que pisen suelo español, además contempla altas multas para aquellos que protesten contra acciones del gobierno y difunda imágenes de las actuaciones de los policías en las manifestaciones o que les falten al respeto.

Su trámite parlamentario podría finalizar en marzo, cuando entre en vigor con un total de 45 infracciones que llevan aparejadas multas que ascienden hasta los 600.000 euros. La ley castigará protestas o reuniones en instalaciones que prestan servicios básicos, como los hospitales y en el caso de los enfermos de hepatitis C, se podría sancionar con su encierro en los hospitales. En recintos religiosos, como en el caso del grupo feminista Femen, que protestó en la catedral de la Almudena contra el aborto. Además de otras formas de protesta como escalar monumentos, practica utilizada por la organización ecologista GreenPeace, Registro audiovisual de la policía u obstaculizarla, a la resistencia pacífica o protestar en el congreso.

La aprobación en el Congreso Español de la Ley Mordaza, impulsado sólo por el grupo derechista Partido Popular (PP), que actualmente es gobernado por Mariano Rajoy, sacó a las calles a miles de personas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Valencia y Zaragoza, pues manifiestan que el gobierno pretende recortar libertades democráticas, en un contexto de austeridad, donde todos los días hay protestas por los desahucios, los recortes farmacéuticos, es el caso de los pacientes con Hepatitis C, y la educación.

La reforma a esta ley contempla varias disposiciones que limita las concentraciones pacíficas y reuniones espontaneas, pues deben notificar a las autoridades, con anticipación, el lugar, la hora y la razón de la manifestación. Las personas que incumplan estas normas serán sancionadas hasta por 752 dólares.

La reforma permitirá a las autoridades eludir los tribunales para sancionar a los manifestantes sin la garantía de un proceso judicial, en un país donde las protestas son el pan de cada día.