El puerto de Bilbao acoge desde hace días al barco Bahri Tabuk, un carguero saudí especializado en el transporte de armas. Esta mañana, un grupo de activistas de Greenpeace ha llevado a cabo una acción para señalar la presencia de Bahri Tabuk e impedir su salida. Los ecologistas denuncian el traslado de armas que serán usadas en el conflicto de Yemen, en el que los muertos se cuentan por miles, las personas heridas por decenas de miles y las desplazadas por millones.

A las diez menos cuarto de la mañana, la oficina de prensa de Greenpeace anunciaba que cuatro hombres y mujeres boya y varios escaladores se habían colgado de los amarres del barco saudí; además, otros activistas se han encaramado en las defensas del puerto, para dificultar las maniobras del Bahri Tabuk.

Pasadas las 11.25h, la página de Greenpeace ha anunciado que la Guardia Civil comenzaba a bajar a los activistas de los amarres, coincidiendo con la llegada de los camiones desde los que se cargará el material militar destino Arabia Saudí. Posteriormente, los activistas han sido identificados y nueve de ellos permanecían detenidos a las dos de la tarde.

Con la acción, la ONG quiere señalar la complicidad del Estado español en la venta de armas, que califican de ilegal ante los indicios de que el material bélico enviado al Golfo Pérsico está sirviendo en un conflicto en el que se vulneran el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

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No es la primera acción llevada a cabo contra el tráfico de material bélico que tiene lugar en el puerto de Bilbao. El pasado 22 de noviembre se desplegaba una gran pancarta en la zona de contenedores. Un día después, se debatía en la Junta General de Bizkaia una proposición presentada por EH Bildu y Podemos que instaba a “la Autoridad Portuaria y al Gobierno español a que respete el bloqueo de armas hacia Arabia Saudí solicitado por el Parlamento Europeo”.

La situación en el puerto llevó a Ignacio Robles, bombero del puerto, a negarse a participar en el retén de seguridad para la carga de estas armas. Robles está pendiente de un expediente disciplinario que puede suponer su suspensión de empleo y sueldo para entre tres y cinco años.

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