Santiago de Chile. El 2011 fue un año marcado por las movilizaciones estudiantiles en Chile. Las manifestaciones con mayor convocatoria desde la dictadura, una deslegitimación de la política tradicional y un fuerte cuestionamiento al sistema educativo, fueron los factores que dieron vida a un movimiento que sobrepasó las expectativas de todos sus protagonistas.

Darle continuidad a este proceso de movilización durante el 2012, no era una tarea sencilla. Las demandas del movimiento estudiantil: educación pública gratuita, desmunicipalización del sistema escolar y fin al lucro,  no fueron escuchadas por el gobierno de Sebastián Piñera, que optó por una actitud de intransigencia frente a la demanda de reformas estructurales en educación. Por el contrario, el escenario se tornó aún más complejo si se considera la pérdida del año escolar por parte de 70 mil  secundarios, la ofensiva legislativa del gobierno mediante la “Ley Hinzpeter”[1], un aumento de la  violencia por parte de carabineros y la proximidad de las elecciones municipales. A pesar de todas estas dificultades, el movimiento estudiantil volvió a reactivarse en agosto pasado, recordándonos que la lucha sigue aún viva.

La reacción del gobierno

La violencia siempre ha sido un recurso del gobierno a la hora de enfrentarse a los movimientos sociales y en el caso del movimiento estudiantil chileno no ha sido la excepción. El pasado 25 de agosto se cumplió un año de la muerte Manuel Gutiérrez, joven de 16 años asesinado por fuerzas especiales de carabineros, durante una protesta en la población Jaime Eyzaguirre, un crimen cuya impunidad se encuentra amparada por la “justicia militar” chilena.

Durante este año, las autoridades municipales han ordenado el desalojo de establecimientos educacionales de manera inmediata. Varios de estos colegios han sido retomados y re desalojados en una dinámica que se torna cada día más violenta. El 21 de agosto, una estudiante  de 13 años del Liceo Uno de Niñas fue agredida brutalmente por carabineros y al día siguiente estudiantes y apoderadas de este liceo denunciaron “humillaciones y actos de connotación sexual” por parte de carabineros[2]. A esto se agregan varias denuncias de abuso sexual por parte de carabineros, realizadas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y organizaciones de mujeres[3]. También ha habido excesiva  violencia en los desalojos del liceo Confederación Suiza, en el Manuel Barros Borgoño, en el Instituto Nacional, en el liceo de Aplicación y en el liceo Carmela Carvajal,  por nombrar algunas de las escuelas más emblemáticas.

Los universitarios, si bien hasta ahora se han sumado tímidamente a las movilizaciones, también han sufrido la brutalidad policial, como sucedió con el ingreso de fuerzas especiales a las dependencias de la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación y la Universidad de Chile. En estos casos la violencia llega a niveles absurdos; al uso de carros lanza aguas y carros lanza gases se han sumado el uso de balines de pintura, de bombas lacrimógenas disparadas desde helicópteros y agresiones con tablones, piedras y otros objetos por parte de carabineros.

La represión ha sido acompañada por una estrategia comunicacional del gobierno que busca deslegitimar y aislar al movimiento estudiantil. Los medios de comunicación e incluso algunos dirigentes de la Confederación Nacional de Estudiantes (CONFECH) han salido a condenar a los “encapuchados”, responsabilizándonos por los enfrentamientos.

Declaraciones de Sebastián Piñera apuntan a minimizar el alcance del conflicto estudiantil “En nuestro país hay 11 mil escuelas. Entiendo que hoy día hay nueve instituciones que están en toma. Eso es menos del 0.1 por ciento de las escuelas de Chile. Y, por tanto, si bien escuchamos a ese 0.1 por ciento, con mucha mayor razón escuchamos al 99.9 por ciento restante, que lo que quiere hacer es estudiar, porque entiende y comprende que la educación es un pilar fundamental para ese mundo de seguridades, pero también para ese mundo de oportunidades”[4].

Declaraciones como éstas, buscan deslegitimar al movimiento estudiantil y a sus dirigentes, caracterizándolo como una minoría sobreideologizada, a pesar de que las encuestas han sido consistentes en mostrar un amplio apoyo a las demandas del movimiento estudiantil.

Las propuestas de los estudiantes

A pesar de todo, el movimiento estudiantil está lejos de dejarse amedrentar por la arremetida represiva del gobierno.  Así lo expresa la vocera de la ACES, Eloísa Gonzales al señalar que es «necesario radicalizar el movimiento estudiantil”. Este llamado a la radicalidad ha sido acompañado por la elaboración de un petitorio en el que se van sentando las bases para una reforma al sistema educativo que apunte hacia la construcción de “Sistema nacional de educación estatal, gratuita, de excelencia y con control comunitario”[5]. Por otra parte, y a pesar de la estrategia divisionista del gobierno, los estudiantes universitarios mediante la CONFECH y los estudiantes secundarios a través de la ACES y la CONES han logrado consensuar sus exigencias al gobierno[6].

Es importante destacar las incipientes experiencias educativas autogestionadas que se realizan en algunos de los colegios tomados. El año pasado la experiencia del Liceo Barros Borgoño fue pionera en este sentido e inspiro a muchos otros liceos a continuar con su ejemplo. Durante el 2012, los constantes desalojos han dificultado la propagación de estas experiencias, a pesar de que siguen dándose casos como el del liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar[7]. Si bien la experiencia de autogestión es embrionaria, el movimiento estudiantil comienza a dar los primeros indicios de superación de la lógica meramente peticionista de los movimientos sociales.

Un futuro incierto

El escenario de conflictividad que se abre con la emergencia de un nuevo ciclo de movilizaciones en el movimiento estudiantil se caracteriza por su dinamismo y apertura. En este sentido, sería apresurado realizar predicciones o indicar con certeza cual será el camino que seguirán los estudiantes chilenos. La intransigencia del gobierno y el desgaste propio del movimiento deben ser sopesados con aquellos avances y aprendizajes que ha ido adquiriendo.

El movimiento estudiantil ha sido capaz de ir madurando en torno a sus claridades políticas; ha avanzado hacia mayores niveles de unidad entre los distintos sectores que lo componen y comienza a desarrollar incipientemente la articulación con otros movimientos sociales a través de distintas experiencias como asambleas ciudadanas y territoriales, el Congreso Social por Proyecto Educativo y Vía Popular hacia una Asamblea Constituyente. Por otra parte, cada vez se ve más improbable que los referentes políticos tradicionales logren cooptar el movimiento estudiantil hacia vías institucionales desdibujando su sentido y potencia como ocurrió con la “revolución pingüina” del 2006.

El futuro es incierto, pero el movimiento estudiantil nos invita a construirlo con esperanza.