Alrededor de las 10:30 de la mañana de este viernes, la Caravana por la Verdad y la Justicia llegó a Matamoros, Tamaulipas. Este viernes 26 es también el día en que se cumplen 17 meses de la Masacre de Iguala en dónde Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados, Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano fueron gravemente heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, – “cuna de la conciencia social” como reclaman sus muros – fueron secuestrados por agentes de la policía en un operativo que congregó a las tres reparticiones de la fuerza y al ejército, y desde entonces se encuentran desaparecidos.
Los padres, familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos marcharon por las calles de Matamoros hasta el edificio del Poder Judicial de la Federación, exigiendo que se les entregue copia de los cuatro expedientes penales radicados en esa judicatura, y que tienen como acusados a 22 policías estatales de Guerrero, acusados de las vejaciones y asesinato del jóven Mondragón.
El propósito de los padres también entrevistarse con quienes ya aceptaron parcialmente un amparo a 22 policías de Iguala acusados de la violencia contra Julio César Mondragón. El amparo en favor de los uniformados fue presentado en noviembre de 2014, a dos meses de los hechos y 4 meses antes que llegara el el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La caravana inició el pasado lunes en la Ciudad de México y toda esta semana han ido recorriendo el país, hacia el norte. Estuvieron en San Luis Potosí donde fueron recibidos por organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, maestros y padres de familia.”No hagan oídos sordos a sus hijos, apóyenlos en las luchas que ellos decidan librar, pues un día quizás el Estado se los puede arrebataron”, sostuvieron los padres según el reporte hecho por Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, que los acompaña en el recorrido.
La Caravana también se detuvo en Matehuala, en el mismo estado, donde fueron recibidos con mensajes en Tének, la lengua indígena de la Huasteca. “Me siento doblemente orgulloso de mi hijo porque me abrió los ojos, porque entendí los ideales por los que luchaba” confesó en el mítín Mario González, papá de César Manuel González, estudiante desaparecido.
Antes de llegar a la concentración en Matamoros con las exigencias, la Caravana pasó por Monterrey, Nuevo León; así como también visitó la Normal Rural del Desierto Profesora Amina Madera Lauterio, en el municipio de Cedral, San Luis Potosí.
La fragmentación interna del expediente judicial – como prueba el hecho de que parte de él esté a cientos de kilómetros al norte del país – que investiga la Masacre de Iguala es una de las deficiencias que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha señalado a la investigación oficial. Esa fragmentación continuó una vez que el GIEI asumió funciones a comienzos de 2015.
Mientras los expertos internacionales intentaban guiar la investigación oficial según les fue consignado por la CIDH, la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada (SEIDO) perteneciente a la PGR, “ha ido abriendo otras averiguaciones previas, que han supuesto en la práctica la imposibilidad de acceder a informaciones relevantes, claves para el caso”
La coyuntura para el avance de la investigación es complejo. Desde el gobierno de la República se insiste (otra vez) en la necesidad de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, a partir de “filtraciones fantasma” a la prensa de “datos del expediente” en los que un detenido, supuesto integrante del crimen organizado, al quien se lo identifica mediante un apodo, sostiene que no fueron los 43 incinerados en Cocula, sino “apenas 19 de ellos”.
Tanto el peritaje independiente del GIEI, como el más reciente (y también independiente) realizado por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) descartaron que en la noche del 26 de Setiembre se haya producido allí un fuego de dimensiones suficientes para incinerar tal cantidad de restos humanos. “Insistir con el basurero de Cocula es perder el tiempo”. Y es justo tiempo lo que no sobra.
Al convenio de la CIDH con el gobierno mexicano que permite actuar a los expertos internacionales le quedan apenas dos meses de vigencia. Por lo que los avances sí urgen y es también por eso que suena descabellado seguir insistiendo con la búsqueda en un lugar donde sistemáticamente se ha probado que no hay evidencias para hacerlo.
Las líneas de investigación que deben seguirse son claras. Por un lado, en la necesidad de interrogar a los integrantes del 27 Batallón del Ejército de Iguala, que participaron en la masacre, así como acceder a las fotos y videos tomados por este cuerpo el 26 y 27 de Setiembre.
Por otro lado, seguir como hipótesis del motivo de la violencia y los ataques contra los estudiantes que, sin saber, los muchachos tomaron de la Terminal de Autobuses de Iguala, uno de los camiones utilizados por el crimen organizado para transportar drogas entre el estado de Guerrero y los Estados Unidos.
Fotos: El Nuevo Heraldo
