En declaraciones a los medios, la portavoz de la PAH ha manifestado que pese a que se trata «de un paso muy importante» que ha dado «la razón» a la ciudadanía, lo que hay que hacer ahora «es traducir esta sentencia en hechos concretos». «Evidentemente esto va a tener unas estrategias en los juzgados. Vamos a interpelar a los jueces, a los abogados que llevan las causas de las personas afectadas para que lleven a paralizar los procedimientos», ha manifestado Colau.
Preguntada por la decisión adoptada por el Ejecutivo en Consejo de Ministros en materia hipotecaria, Colau ha manifestado que es «una vergüenza» que el Gobierno «esté cediendo una vez más a la presión de las entidades financieras» en vez de «escuchar» la demanda ciudadana y pide al Gobierno que escuche y acate la sentencia.
En este sentido, Colau ha lamentado que el Gobierno «intente suavizar y desvirtuar» el «espíritu de fondo» del fallo judicial, que lo que recoge es «un problema grave de fondo estructural en el procedimiento de indefensión de las personas afectadas».
Según la portavoz, es «escandaloso» y se trata de «un insulto a las personas afectadas» por lo que ha exigido que «dejen de marear la perdiz» y escuchen la demanda ciudadana.
ESTRATEGIA JURÍDICA
La portavoz de PAH ha recordado que existen unas propuestas que «cuentan con un apoyo mayoritario de la ciudadanía» como son la ILP, la dación en pago, la moratoria de desahucios y el alquiler social, que de no ser aprobadas tras el fallo del tribunal europeo, los ciudadanos «no entenderían» que no se aplicase «de manera inmediata».
«Son medidas de mínimos que no resolverían todo en absoluto pero permitirían hacer un borrón y cuenta nueva con los problemas más urgentes de las deudas y la vivienda». Tras este paso, se dispondría de «una ley que si sea justa» para poder «encarar los procedimientos futuros».
REUNIÓN DE ABOGADOS DE PAH
Por otro lado, el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid y encargado de moderar la reunión que han mantenido este sábado los abogados de la plataforma, Rafael Mayoral, ha manifestado que en el encuentro se está «analizando» la situación de toda la gente a la que se ha ejecutado un desahucio en marcos de ejecución que, según la sentencia europea, «son ilegales».
Por ello, Mayoral ha insistido en que están estudiando las posibilidades existentes en materia jurídica procesal». «Vamos a estudiar las vías que nos quedan», ha remarcado Mayoral.
«El Gobierno sigue mirando para otra parte y no es capaz de abordar una situación que viola de forma grave los derechos humanos», ha apuntado.
Por último, Mayoral ha insistido en que se debe conocer la «verdad» de las cifras de «víctimas» de estos procesos y en «ver el impacto social real» para poder «reparar» el daño causado.