México, DF. La imagen de los indígenas nasa expulsando al ejército de sus territorios dio la vuelta al mundo; sin embargo, eso fue solamente el principio de una cascada de acciones por parte de los actores involucrados: gobierno y ejército, guerrilla y, por supuesto, indígenas que defienden su territorio de una guerra que les fue impuesta.

Los indígenas nasa desalojaron, a mediados de julio, a la fuerza pública instalada en el cerro sagrado El Berlín, en Toribio, norte del Cauca. Por esas mismas fechas, aparecieron en la parte alta de Toribio panfletos firmados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde acusaban a los líderes indígenas de ser colaboradores de las fuerzas del Estado “por estar auspiciando la militarización”. “Pueden ser las FARC, como pueden no ser”, señala Dora Muñoz, integrante del Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Días después, los indígenas retuvieron a algunos guerrilleros y “se les aplicó el remedio desde las costumbres indígenas; esto generó gran inconformidad en las FARC y hubo amenazas de tomar venganza por estas acciones. Las situación se puso muy tensa en el territorio, pues ya se venía haciendo ciertos acercamientos con algunos ministerios del gobierno para hacer diálogos y frenar estas situaciones”, rememora Dora.

Sin embargo, la situación del Cauca es mucho más compleja que el episodio del desalojo de la fuerza pública. Dora Muñoz da cuenta de los principales problemas.

Las mineras devoran el territorio

Más del 60 por ciento del territorio indígena está concesionado a mineras, incluyendo resguardos indígenas. Aunque es un derecho constitucional la consulta previa y la información, los proyectos que están en exploración no han sido consultados con las organizaciones indígenas.

El ministro de minas definió al menos 21 áreas estratégicas mineras, que abarcan cerca de 105 mil hectáreas y comprenden zonas protegidas ambientalmente, como parques nacionales naturales, reservas naturales, páramos, tierras de comunidades negras, resguardos indígenas y ciénagas.

El panorama es bastante crítico: tan sólo en Caloto hay 45 solicitudes de extracción minera, 15 de ellas por parte de la multinacional Anglogold; en Toribio hay 21, de las cuales 13 son de la Anglogold. En total, en el Cauca hay 1380 solicitudes, 250 de la Anglogold; ya son titulares de 283, y en todo el departamento ya han titulado 45 de ellas.

La experiencia de la militarización

Actualmente, por territorio caucano circulan 14 mil militares, cifra que va en aumento. En los lugares sagrados indígenas –lagunas, cerros y otros sitios en donde hacen sus rituales- está ubicado estratégicamente el ejército y han instalado bases militares. “Estando ellos allí ya nadie puede subir porque nos restringen la libre movilidad; si vamos allá, nos convertimos en objetivo militar de ambos bandos. Este daño no lo sufrimos sólo nosotros como personas. También lo sufre la madre naturaleza: los lugares sagrados donde están ubicados estos actores armados están totalmente contaminados”, informa Dora.

Aunque el gobierno argumenta la legitimidad de la militarización para proteger a la población civil, “lo que nos muestra la experiencia en los territorios indígenas es todo lo contrario: donde hay ejército y grupos armados, hay combates, riesgo para la vida de todas las personas, violaciones, abusos, maltratos, explosivos, minas. Hay muerte. Las cifras de heridos y muertos nos ha dado la razón. Para nosotros, los grupos armados de derecha o de izquierda son un riesgo”.

Manipulación mediática y solidaridad

Dora, comunicadora popular, reflexiona que “tenemos claro que en Colombia la comunicación, como muchos otros temas, no es un derecho, sino un negocio”. Para ella, “los medios masivos responden a intereses, sólo hacen propaganda dependiendo de quién está arriba en el poder. Somos conscientes del papel que juegan los medios de comunicación en el país”.

Tejido de Comunicaciones ha interpuesto demandas contra directores de medios masivos de comunicación, como el director de Caracol Radio y RCN televisión. Estos medios han presionado a algunos indígenas para que en pantalla acusen directamente a sus compañeros de pertenecer a la guerrilla; muchas veces, incluso los sacaban del territorio y eran llevados hasta la capital de Colombia, para desde allá ejercer mucha más presión.

Por eso, el trabajo como colectivo de comunicaciones se basa en contar desde adentro la realidad de los pueblos indígenas de Colombia, con responsabilidad, crítica, análisis y una postura política clara; trabajan la radio, la prensa y lo audiovisual desde el software libre, para así hacer del proyecto toda una propuesta de liberación.

A pesar de la estigmatización que se dio a través de los medios masivos en cuanto al desalojo de la fuerza pública, se generó una fuerte red de apoyo y solidaridad -sobre todo de estudiantes y mujeres- desde algunas ciudades del país; realizaron acciones de protesta frente a sedes del gobierno o medios de comunicación; también hicieron presencia en las comunidades indígenas.

Los encuentros indígenas: buscando soluciones

En encuentros en los diferentes resguardos, los indígenas acordaron abordar la problemática a nivel regional, no sólo como norte del Cauca, sino como Cauca entero. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por ejemplo, recoge a las asociaciones indígenas de diferentes zonas del Cauca, incluida la ACIN, para conjuntamente dialogar y analizar la situación política, social, ambiental y económica de todo el departamento.

Deslegitimar la lucha indígena, prioridad del gobierno.

El 10 de agosto se concretó una primera movilización indígena en la capital del Cauca; un día antes se realizó otra movilización, pero ésta convocada por las fuerzas militares y la Organización de Pueblos Indígenas del Cauca (OPIC). Esta organización fue creada por Juan Manuel Santos, en ese entonces ministro de defensa y actual presidente, con el objetivo de estigmatizar y dividir el movimiento, dice Dora, “porque en la organización hay personas que están inconformes frente a ciertas decisiones y acciones; el gobierno lo aprovechó y formó y financió la OPIC”. Esta organización es utilizada por el gobierno para llevar a los medios de comunicación a indígenas que directamente acusen a sus compañeros, a la guardia indígena, de pertenecer a grupos guerrilleros. “Es una estrategia muy fuerte porque eran los mismos indígenas acusando a otros indígenas”, señala Muñoz.

En la marcha de la OPIC, acompañada por fuerzas militares, sus integrantes “pasaban por las oficinas del CRIC diciéndonos: ‘¡Guerrilleros, desmovilícense, nosotros sí queremos la presencia de la fuerza pública en nuestros territorios!’ Era una contra campaña no sólo mediática sino también de movilización en contra de la misma organización indígena”, analiza.

La respuesta: organización, diálogo y fiesta

Analizando estos hechos, el CRIC decidió hacer el Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas 520 años de resistencia, en Popayán –capital del Cauca-, el 10 de agosto. De igual forma, organizaciones sociales en defensa de la madre tierra realizaron una movilización multitudinaria. Para Dora, “fue algo que tuvo un resultado muy positivo; con la marcha anterior había mucha tensión en el ambiente; la gente estaba muy desinformada, decían que sólo pocos indígenas no querían al ejército e inmediatamente nos consideraban guerrilleros, porque hay otro grupo de indígenas que sí está de acuerdo con el gobierno y sus políticas. Hay un reto desde las autoridades indígenas de mostrar la versión real de los territorios, pues se conoce la versión oficial con los integrantes de la OPIC y hay la necesidad de mostrar la verdadera”.

La marcha sirvió para reafirmar la posición de la organización indígena y para denunciar los atropellos, represiones, señalamientos y asesinatos, y concluyó con muestras artísticas y culturales de grupos indígenas y afrodescendientes. “Dimos a conocer nuestra música y bailes; fue muy bonito porque incluso la gente de la ciudad participó y pudo ver esa otra realidad que se vive en los territorios; conocer también la parte bonita de los indígenas y no lo que muestran los medios; conocer nuestra cultura, lengua y costumbres”, valora Dora Muñoz.

Los 20 mil indígenas que llegaron a Popayán al encuentro se concentraron en María Piendamó, un resguardo indígena de la comunidad misak (también conocidos como guámbianos), declarado lugar de convivencia, diálogo y negociación. El encuentro permitió el intercambio entre las diferentes comunidades sobre lo que se vive en el norte del Cauca, para conocer la realidad de las otras zonas y para trabajar conjuntamente las exigencias que le hicieron al gobierno nacional.

Los indígenas, aunque no muy convencidos de que fuera a aceptar, invitaron al presidente Santos para que estuviera en días posteriores. ”Había muchos rumores, pero igual continuamos trabajando, llegara él o no, quisiera o no dialogar con nosotros”, precisa Dora.

Mientras se desarrollaba el encuentro, fue asesinado un mayor nasa, guía espiritual y médico tradicional; dos hombres llegaron a su casa y le dispararon. El asesinato, ocurrido el 12 de agosto en la comunidad López, de un cabildo en el norte del Cauca. Fue una situación muy difícil para el pueblo nasa porque, como declaró el CRIC en un comunicado, “para nosotros matar a un mayor es apagar la memoria, la historia; es como dejarnos ciegos, vendados, pues son los que nos muestran el camino y no sólo desde la experiencia, sino desde el mensaje que les da la naturaleza. Nos dio mucha rabia, pues lo mataron en su casa, delante de su compañera e hijas”. El médico tradicional, en reiteradas ocasiones, recibió amenazas por parte de la guerrilla y de la fuerza pública. A pesar del dolor y la indignación, “se decidió seguir con el encuentro”, cuenta Muñoz.

La “doble moral” de Santos

El presidente colombiano llegó al encuentro el 15 de agosto. Los indígenas le presentaron las exigencias, agrupadas en tres ejes: respeto por los territorios autónomos y gobierno propio; la propuesta indígena de paz frente al conflicto y la violación de los derechos humanos; y el cumplimiento de los acuerdos incumplidos: derechos sociales, culturales y económicos. En esta parte, por ejemplo, las propuestas sistemas autónomos de educación y salud, autoridades ambientales (como cabildos indígenas cuidadores del territorio) y la inversión para el tema productivo. También había exigencias de inmediato cumplimiento: la derogatoria de la OPIC, la desmilitarización de los territorios indígenas y la derogatoria de las concesiones mineras.

El gobierno no respondió a las exigencias inmediatas. A la demanda de desmilitarización, el gobierno argumentó que, por el contrario, había que aumentar la fuerza militar; que el presidente Santos está amenazado, al igual que los líderes indígenas; y que constitucionalmente los soldados podían estar en todo el territorio nacional. Frente a la exigencia de respuesta inmediata y precisa, prometió que en el transcurso de ocho días daría alguna respuesta, pues tenía que estudiar las posibilidades; por otro lado, argumentaba que se necesitaba mayor seguridad, y que los proyectos mineros eran necesarios para generar desarrollo en las regiones. Se le dio un plazo de dos meses para constituir una mesa de trabajo, conformada por líderes indígenas y gobierno, para avanzar en las propuestas que desde el movimiento indígena se ha planteado.

Los indígenas se reunieron después para reflexionar sobre el encuentro. “Nos quedó un sinsabor porque vemos, supuestamente, una voluntad de diálogo de parte del gobierno, pero que no trasciende. Su discurso sólo ratifica las políticas extractivistas y de militarización bajo cualquier argumento. Hay un diálogo formal y muy suave, por el lenguaje que utiliza el presidente, pero sus acciones, sus políticas sobre los territorios y sobre los procesos indígenas no cambian: es radical, excluyente, militar, de muerte. Es una política de entregar las riquezas del país a las multinacionales”, valora la indígena. Los indígenas no se sienten optimistas por ese lado. Aunque valoran que el lenguaje y actitudes del ex presidente Uribe eran más toscos y ofensivos, les parece mucho más peligrosa la “doble moral” de Santos, “que por un lado nos da la mano, nos habla suave, felicita las iniciativas de paz; pero su política no cambia”, analiza Dora. “Es como la chicha dulce, que sabe rico cuando se toma, pero cuando nos paramos sabemos el efecto que ha producido”. La preocupación, dice Dora, es que “una parte de la población de las ciudades, que no vive las realidades que vivimos nosotros, cree en él, pues se ha hecho llamar ‘el presidente de la paz’, porque escuchó a los indígenas, atendió sus solicitudes e hizo su posicionamiento con una comunidad indígena, en un lugar sagrado”. Pero Muñoz recuerda que esto es una máscara, pues cuando fue ministro de defensa de Uribe, uno de sus grandes logros fueron los falsos positivos (vestir a civiles y hacerlos pasar como guerrilleros): entre el 2002 y el 2008, la cifra fue de 3 mil 345 detenciones y desapariciones.

Santos pidió dos meses para responder a las exigencias indígenas, pero hay un tema que inquieta a Dora de ese periodo. “¿Cuántos muertos más habrá? Necesitamos que nos garanticen que eso no va a seguir pasando”. Dos hechos pueden ilustrar el porqué de esta desconfianza. El 14 de agosto, dos personas lanzaron un artefacto explosivo a una vivienda donde se encontraban dos niños y dos mujeres; una de ellas, embarazada, está grave, y el pequeño de cuatro años murió. El 21 de agosto, en el momento de la entrevista de Dora con Desinformémonos, le comunicaron que el ejército, en supuestos enfrentamientos con las FARC, lanzó granadas sin importar que se encontraran cerca de población civil; una de las esquirlas alcanzó y mató a un menor de 15 años. “Viendo cifras y hechos”, continúa Dora, “nos damos cuenta que es el tema que menos les interesa al presidente y a sus ministros”. Por eso, remata, “no podemos creer en la palabra de alguien que así se quiera llamar el ‘presidente de las paz’, desde que fue ministro de defensa es un hombre de muerte”.

Dora Muñoz informa que las acciones de rechazo a estas muertes serán lideradas por mujeres “porque como madres, esposas, hijas, hemos sido afectadas por el conflicto; nos matan al esposo y quedamos madres solteras, enfrentando la vida solas, viviendo la violencia directa contra la mujer, el acoso, la agresión, la violación”.

“Nos sentimos cada vez más acorralados, más asediados, más golpeados; pero por eso es necesario seguir de pie, seguir luchando. El principio de todo es siempre la vida, el territorio”, declara Dora Muñoz.

Y finaliza: «Esta lucha no es solo de los indígenas; es desde los indígenas para el mundo. No pedimos solidaridad: pedimos unión, porque todos merecemos vivir en armonía, disfrutar lo que nos da la madre naturaleza; lo que nos da la felicidad está en la madre tierra. El territorio nos permite ser lo que somos”.

Publicado el 27 de agosto 2012