Carta abierta del MPL-SP a la presidenta

24 de junio de 2013

A la presidenta Dilma Rousseff,

Nos sorprende la invitación para esta reunión. Imaginamos que también es sorpresa lo que sucede en el país en las últimas semanas. Ese gesto de diálogo que parte del gobierno federal contrasta con el trato hacia los movimientos sociales que ha marcado la política de esta gestión. Parece que las revueltas que se diseminan por las ciudades de Brasil desde el seis de junio quebraron viejos torniquetes y abrieron nuevos caminos.

El Movimiento Pase Libre, desde el comienzo, fue parte de ese proceso. Somos un movimiento social autónomo, horizontal y apartidista que jamás pretendió representar el conjunto de los manifestantes que tomaron las calles del país. Nuestra palabra es una más dentro de aquellas que se gritan en las calles, se levantan en los carteles o se escriben en los muros. En Sao Paulo convocamos a las manifestaciones con una reivindicación clara y concreta: revocar el aumento en el pasaje. Si antes eso parecía imposible, probamos que no lo era y avanzamos en la lucha por lo que es y siempre ha sido nuestra bandera, un transporte verdaderamente público. En ese sentido venimos hasta Brasilia.

El transporte puede ser público de verdad si es accesible a todos, o sea, entendido como un derecho universal. La injusticia de la tarifa queda más que evidente en cada aumento; cada vez son más las personas que no tienen dinero para pagar el pasaje. Cuestionar los aumentos es cuestionar la propia lógica de la política tarifaria, que somete el transporte al lucro de los empresarios, y no a las necesidades de la población. Pagar por la circulación en la ciudad significa tratar la movilidad no como derecho, sino como mercancía. Eso coloca todos los otros derechos en jaque: ir a la escuela, al hospital o al parque, pasa a tener un precio que no todos pueden pagar. El transporte se limita al ir y venir del trabajo y cierra las puertas de la ciudad a sus moradores. Es para abrirlas que defendemos la tarifa cero.

En ese sentido, nos gustaría conocer el posicionamiento de la presidenta sobre la tarifa cero en el transporte público y sobre la PEC 90/11, que incluye al transporte en los derechos sociales del artículo 6 de la Constitución Federal. Se entiende que el transporte debe ser tratado como un derecho social, amplio e irrestricto; creemos necesario ir más allá de cualquier política limitada a un determinado segmento de la sociedad, como los estudiantes, en el caso del pase libre estudiantil. Defendemos el pase libre ¡para todos y todas!

Aunque  priorizar  el transporte colectivo está en los discursos de todos los gobiernos, en la práctica Brasil invierte 11 veces  más en el transporte individual, por medio de obras y políticas de crédito para el consumo de carros. ¡El dinero público debe ser invertido en transporte público! Nos gustaría saber por qué la presidenta vetó el inciso V del artículo 16 de la Política Nacional de Movilidad Urbana (ley 12.587/12) que da la responsabilidad a la Unión de dar apoyo financiero a los municipios que adoptan políticas de priorización del transporte público. Como deja claro su articulo 9, esta ley prioriza un modelo de gestión privado basada en la tarifa, adoptando el punto de vista de las empresas y no de los usuarios. El gobierno federal necesita tomar la delantera en el proceso de construcción de un transporte público de verdad. La municipalización de la Contribución de Intervención en el Dominio Económico (CIDE), y destinarla integral y exclusivamente al transporte público, representaría un paso en el camino hacia la tarifa cero.

La exención de impuestos, medida históricamente defendida por las empresas de transporte, va en el sentido opuesto. Renunciar a los impuestos significará perder el poder sobre el dinero público, liberando dinero a ciegas para las mafias de los transportes, sin transparencia ni control. Para atender las demandas populares en cuanto al transporte, es necesario construir instrumentos que coloquen en el centro de la decisión a quien realmente debe tener sus necesidades atendidas: los usuarios y trabajadores del sistema.

Esta reunión con la presidenta fue arrancada por la fuerza en las calles, que avanzó sobre bombas, balas y presos. Los movimientos sociales en Brasil siempre sufren con la represión y la criminalización. Hasta ahora, 2013, no ha sido diferente. En Mato Grosso del Sur se desarrolla una masacre de indígenas y la Fuerza Nacional asesinó, el mes pasado, a un líder terena durante la recuperación de una propiedad; en el Distrito Federal, cinco militantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) fueron aprehendidos hace pocas semanas en medio de las movilizaciones contra los impactos de la Copa del Mundo de la FIFA. La respuesta de la policía a las protestas iniciadas en junio no desentona con el conjunto: bombas  de gas fueron aventadas dentro de hospitales y facultades; manifestantes fueron perseguidos y golpeados por la Policía Militar; otros fueron baleados, centenares de personas fueron detenidas arbitrariamente, algunas están siendo acusadas de formación de cuadrillas e incitación  al crimen; un hombre perdió la vista; una muchacha fue sexualmente violentada por policías; una mujer murió asfixiada por el gas lacrimógeno. La  verdadera violencia a la que asistimos este junio vino por parte del Estado – en todas sus esferas.

Son urgentes la desmilitarización de la policía, defendida hasta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y una política nacional de reglamentación del armamento menos letal, prohibido en diversos países y condenado por organismos internacionales. Al ofrecer a la Fuerza Nacional de Seguridad para contener las manifestaciones, el Ministro de Justicia mostró que el gobierno federal insiste en tratar a los movimientos sociales como asunto de policía. Las noticias sobre el monitoreo de militantes por parte de la Policía Federal y por la ABIN van en la misma dirección: criminalizar la lucha popular.

Esperamos que esa reunión marque un cambio de postura del gobierno federal que se extienda a las otras luchas sociales: a los pueblos indígenas, que, como los kaiowá – guaraní y los munduruku, han sufrido diversos ataques por parte de latifundistas y del poder público; las comunidades afectadas por los desplazamientos; los sin techo y las madres que vieron a sus hijos asesinados por la policía en las periferias. Que la misma postura también se extienda a todas las ciudades que luchan contra el aumento de las tarifas y por otro modelo de transporte: São José dos Campos, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia, entre otros.

Más que sentarnos en la mesa y conversar, lo que importa es atender las demandas claras que ya están colocadas por los movimientos sociales de todo el país. Contra todos los aumentos del transporte público, contra la tarifa, ¡Continuaremos en las calles! ¡Tarifa cero ya!

¡Toda fuerza a los que luchan por una vida sin torniquetes!

Movimiento Pase Libre Sao Paulo

Publicado el 1 de julio de 2013