España. Un simple gesto de apertura hacia el diálogo por parte del gobierno turco podría poner fin a la huelga de hambre de más de 10 mil presos kurdos; sin embargo, el gobierno sigue firme en su política de asimilación e incluso amenaza con la pena de muerte, mientras amplios sectores intelectuales y políticos de todo el mundo exigen el diálogo.

El 12 de septiembre, aniversario del golpe de estado de 1980, 65 presos políticos kurdos comenzaron una huelga de hambre. Desde entonces, cada día se suman más y más presos. El 5 de noviembre, cuando se cumplieron 55 días de la protesta, los huelguistas ya eran más de 700, algunos ya en riesgo de muerte. Ese mismo día, cerca de 10 mil presos más se unieron a la huelga; días más tarde, lo hicieron también diez diputados del partido kurdo Paz y Democracia (BDP) y el alcalde de Diyarbak?r, del mismo partido.

Las exigencias deberían ser sencillas de cumplir: primero, el derecho usar su lengua materna para defenderse en los tribunales y para la enseñanza, y segundo, el fin del aislamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan, condenado a cadena perpetua en 1999 y -desde entonces- en confinamiento solitario en una cárcel construida sólo para él en la isla de Imrali.

El aislamiento de Öcalan no sólo es anticonstitucional, ya que hace 14 meses que no se le ha permitido ni la visita de sus abogados -alegando unas veces que la barca (para cruzar a la isla) está rota o que no se dan las condiciones climáticas para cruzar-, sino que además bloquea la posibilidad de reiniciar un proceso de diálogo y una solución negociada al conflicto kurdo. Además, en noviembre de 2011 casi todos los abogados de Öcalan fueron encarcelados, acusados de ayudar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

La población kurda en Turquía alcanza los 20 millones de personas. Sin embargo, desde 1923, cuando se instaura la República Turca, se niega su existencia, se prohíbe el uso de la lengua en público e incluso de las palabras ”Kurdistán” o “kurdo”. Se aplica una política de asimilación y, como si la historia se pudiera borrar, se inventa una identidad turca homogénea que se asigna a la totalidad de la población.

Pero la historia no se borra tan fácilmente. Está inscrita en los cuerpos y en los paisajes, en los gestos y reflejos de las gentes, en la música, en la tonalidad de las notas, en el lenguaje o los saludos, en las memorias de los que son y los que no. La resistencia a estas políticas ha tenido lugar en distintos momentos en mayor y menor grado y bajo formas diferentes. También ha cambiado a lo largo de los años, readaptándose a las nuevas situaciones del contexto global.

Hoy, la mayor parte de la resistencia kurda (incluyendo al PKK) pide poder hablar y recibir educación en su idioma y que sea reconocido oficialmente, tener una cierta autonomía regional en sus instituciones dentro del Estado turco; nada muy distinto a lo que se da en muchos otros países con diferencias regionales.

En 2001, por fin, se despenaliza oficialmente (aunque no en la práctica) el uso público del idioma. El Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), que ganó las elecciones en 2002 y gobierna desde entonces en Turquía, presume de empezar un “proceso de apertura” y reconoce el derecho a tener medios de prensa en kurdo -una demanda histórica- abriendo un canal público que transmite en kurdo, pero que, por supuesto, representa al “kurdo bueno” que quiere el AKP -turco, buen musulmán y apolítico- y se concentra en aspectos folkloristas.

Mientras tanto, los periodistas que hablan de la “cuestión kurda” acaban demasiado frecuentemente en la cárcel. Al día de hoy, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)  hay 76 periodistas en Turquía encarcelados debido a su labor profesional, la mayor parte de ellos por hablar de cuestiones relacionadas con el conflicto kurdo.

Las demandas de los presos resultan cuanto menos llamativas para una huelga de hambre de semejante dimensión y sólo se explican por la desesperante situación política en Turquía. En los últimos tres años, 8 mil activistas, periodistas, académicos, abogados, funcionarios, estudiantes y políticos kurdos han sido detenidos, la mayoría del BDP, partido con 29 escaños en el Parlamento y considerado brazo político del PKK. Entre ellos hay cargos electos como alcaldes o concejales. La mayor parte de ellos sigue en prisión, muchos sin conocer los cargos de los que se les acusa ni haber tenido un juicio todavía.

En el año 2009 comenzó un proceso de diálogo y negociación secreta entre el PKK-Öcalan y el gobierno, en la cárcel de Imrali y en Oslo, que duró dos años. Sin embargo, el gobierno, mientras se sentaba en la mesa de negociación, empezó también a detener a la parte legal del movimiento (BDP) para ganar tiempo hasta las elecciones generales. Durante este tiempo y hasta las elecciones, hubo una tregua por parte de PKK.

El AKP, sin embargo, tras su tercer triunfo electoral y al haber conseguido lo que quería (la tregua previa, el debilitamiento de la parte legal), rompió las negociaciones y acuerdos a los que habían llegado -la hoja de ruta- y desde entonces aplica un política represiva cada vez más brutal. A partir de ese momento también se intensificaron los enfrentamientos armados y el camino pacífico está de nuevo atascado.

Lo que quieren los huelguistas, en realidad, es presionar al gobierno para que abra un proceso de diálogo y se pueda buscar una solución pacífica, que ponga fin a la represión que está enredando el problema mucho más de lo que ya estaba.

Mientras el AKP presume de su ”apertura”, no hace ningún movimiento de facto para reconocer y dar un lugar a una población y una lengua que llevan ya casi 80 años luchando para que se les reconozca la existencia. Más bien todo lo contrario: aprueba medidas-coartadas que no consiguen maquillar la censura continua al uso del kurdo, y criminaliza el apoyo a sus causas aplicando leyes antiterroristas y anulando así la posibilidad de una lucha política legítima.

Este curso escolar se anunció, con bombo y platillo, la implantación del kurdo como asignatura opcional y sujeta a disponibilidad de profesores, que es muy escasa, en el quinto curso escolar. Esto queda muy lejos de las demandas de un pueblo que lleva décadas pidiendo poder estudiar en su idioma o recibir una educación bilingüe. Prácticamente al mismo tiempo que lo anunciaban, el pasado mes de julio, el tribunal administrativo de Diyarbak?r dictó que se cambiaran los nombres de 19 parques de la ciudad y un centro cultural, pues estaban en kurdo o contenían letras que no existían en el alfabeto turco, como la “x“.

A pesar de la gravedad de la situación, la huelga no ha tenido mucha repercusión en la prensa internacional ni ha producido mucha empatía aparente en la población turca en general, que, quizá por el bombardeo mediático criminalizador de todo lo kurdo, parece no distinguir las demandas legítimas de sus conciudadanos y asocia todo a terrorismo.

Es inevitable no recordar los antecedentes trágicos de las últimas huelgas de hambre, que comenzaron en el 2000 contra el traslado de presos políticos a cárceles de alta seguridad y, ante la absoluta apatía del Estado, se llevaron por delante las vidas de más de cien personas.

En las últimas semanas, no obstante, algunas voces han apelado al gobierno para que deje de ignorar el asunto. Ha habido manifestaciones y actos de apoyo todos los días en ciudades de toda Turquía (reprimidas violentamente); periodistas, políticos y activistas turcos y kurdos, académicos, figuras internacionales como Judith Butler, Michael Taussig o Noam Chomsky, Amnistía Internacional e incluso Štefan Füle, actual comisario europeo de Ampliación y Política Europea de Vecindad, así como el grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, han llamado al gobierno a dar pasos para una negociación que ponga fin a la huelga de hambre.

Más de 150 académicos de universidades turcas y extranjeras firmaron un comunicado en el que dicen: “La situación actual de Turquía es un desastre que no puede permanecer encubierto. La guerra, que lleva ya 30 años, ha causado pérdidas inconmensurables tanto emocionales como materiales a las gentes de estas tierras. La naturaleza, las personas y la sociedad han sufrido daños irreparables. La violencia se sigue transmitiendo de una generación a otra sin reconocer ningún límite ético; el trauma se extiende desafiando al deseo y la necesidad de solidaridad y está inscrito en la memoria social sólo desde su fuerza destructiva. Es urgente frenar esta guerra. Deben crearse los medios políticos necesarios para reconocer las heridas, tratarlas y que, con el tiempo, puedan curarse”.

Un simple gesto de apertura de un proceso de diálogo o de reconocimiento oficial de la lengua kurda sería suficiente para terminar con la huelga; algún gesto que signifique la apertura de una nueva vía política. El 7 de noviembre, el copresidente del BDP, Selahattin Demirtas, indicó que si se permite que los abogados de Öcalan vayan a visitarlo a la cárcel, es posible que se pueda poner fin a la huelga de hambre.

Sin embargo, ha habido pocos movimientos por parte del gobierno del AKP. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, ha hecho oídos sordos a los huelguistas, hasta el punto incluso de negar la huelga en una visita reciente a Berlín -mientras su ministro de justicia anunciaba en Ankara que la cifra de presos en huelga llegaba a 680-; además, se ha referido a ésta como un «chantaje» y ha llegado a insinuar y amenazar con la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte en Turquía. Tampoco ha comentado las declaraciones de su viceministro, Bülent Ar?nç, que en estos mismos días afirmó que el gobierno «presentará en el Parlamento una reforma para que se permita la defensa en kurdo en los tribunales».

Resulta especialmente paradójico que Turquía, que se auto-erige como modelo democrático a seguir y «defensora» de las revoluciones árabes, esté embarcada, en su propio territorio, en una oleada de represión brutal, con -por poner un ejemplo más- más de 2 mil 800 estudiantes encarcelados, con lo que ocupa el puesto 148 de 179 en el Índice de Libertad de Prensa, además de hacer caso omiso a los derechos democráticos de gran parte de sus ciudadanos.