Ciudad de México, 12 de febrero de 2015. Ahora el grafiti en Puebla será considerado como un delito grave que castigará a sus autores con penas de tres a seis años de cárcel y en propiedad pública hasta con doce años sin derecho a la libertad bajo caución. “Es una ley muy ambigua que permite usarla de manera discrecional, porque en su redacción también limita el uso del espacio público y básicamente va dirigida a los jóvenes”, expresó Carlos Ventura del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

El pasado 27 de enero el diputado del Partido  Acción Nacional (PAN), Eukid Castañon Herrera, con el respaldo del gobernador de esta entidad, presentó al congreso una iniciativa que busca modificar el código penal que aumentaría las sanciones penales de las expresiones gráficas en el espacio público y privado.  La tipificación del delito de “Pandillerismo”, no haría distinción entre las agresiones a la propiedad pública, las estéticas, sociales o pintas en las protestas.

El colectivo Naíz, agrupa a jóvenes grafiteros desde hace diez años en Puebla, comentó “Xake” en entrevista con Desinformémonos que ellos se dedican a retomar el muralismo mexicano clásico, lo reconceptualizan y lo llevan lejos de las galerías. “Nosotros creemos que hay otras formas de que la gente, que no tiene acceso al arte, lo haga desde sus propias trincheras, les llevamos el arte a las calles, a su cotidianidad”.

El trabajo de este colectivo que también da talleres en escuelas, no se da en la adrenalina de las movilizaciones, tampoco consideran que tienen una línea política y sin embargo consideran que este tipo de leyes no solucionan un supuesto problema para el gobierno, al contrario, incita más a los jóvenes a realizarlo, manifiesta “Xake”.

A partir de la iniciativa de esta ley, varios colectivos se agruparon para presentarle al gobierno una propuesta alterna para que sean incluidos en el debate, Carlos Ventura coincide con el joven, y alerta sobre la importancia de la participación activa de la sociedad en este tipo de leyes.

La sesión de la comisión que iba a discutir la ley se pospuso sin dar ninguna explicación ni una posible fecha para reanudarla, ante la alerta de que la ley violenta libertades de expresión y protestas, su ejecución no está muy clara. Legislaciones como la llamada ley Bala, que se enmarca en la criminalización de las acciones que están muy relacionadas con los jóvenes, refirió Ventura, no necesitan están aprobadas porque ahora en Puebla se reprime y encarcela a aquellas personas que se oponen a las políticas del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Después de un proceso irregular en el que el Congreso votó la aprobación de la ley, conocida como Ley Bala, en el primer semestre del año 2014, donde se regulaba el uso de la fuerza pública en las manifestaciones. El gobernador de Puebla hizo pública una ley diferente a la aprobada donde daba luz verde al uso de armas de fuego contra la población civil. Aunque la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) .

Gobierno de Puebla fabricador de delitos

Según el defensor de derechos humanos, el gobierno de Moreno Valle, se ha caracterizado por sus políticas para contener el descontento de la gente, es el caso del asesinato por parte de uniformados de un menor de edad durante una protesta en el poblado de Chalchihuapan. A raíz de este hecho la CNDH, emitió once recomendaciones al gobierno de esta entidad, que aseguró haberlas cumplido cabalmente, pero sólo se ha obtenido de ellos el silencio.

Según datos del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas del estado de Puebla (FOSyPue), alrededor de 45 activistas se encuentran presos por oponerse a los megaproyectos que los despojaran de sus territorios y recursos naturales, además de los que se oponen a las políticas del gobierno estatal, tal es el caso de Rubén Sarabia y de su hijo Alttonatihu Rubén, de la Unión Popular de Venteros Ambulantes acusados de narcomenudeo y nueve ediles auxiliares que se resisten a que la administración de Moreno Valle acabe con los registros civiles, que implicaría que los poblanos de lugares remotos se tengan que trasladar hasta la capital del estado.

Diversas organizaciones agrupadas en el Frente, darán a conocer un informe sobre las diferentes leyes en materia de la libertad de expresión que se están votando desde el ámbito local, es el caso de estados como Oaxaca y Jalisco donde hay iniciativas de ley que van en contra de la protesta social y que busca criminalizar a quienes se manifiesten, en un contexto de hartazgo de mucha gente, añadió Carlos Ventura, y en un ambiente de total impunidad.