Ecuador. El gobierno de Rafael Correa, que entra a su segundo mandato, le apuesta a la soberanía política y económica para garantizar la inversión pública.  Sin embargo, no escatima la extracción de recursos naturales como principal fuente de financiamiento, pese a los daños sociales y ambientales que resulten.

Luego de una década de absoluta inestabilidad política en Ecuador, caracterizada por el derrocamiento de presidentes electos, el proyecto de la Revolución Ciudadana logró estabilizar el panorama político nacional.  Con seis triunfos consecutivos en las urnas, siendo el último el más revelador, Rafael Correa y su movimiento Alianza País logran acomodarse plenamente en el poder ejecutivo y legislativo, alcanzando las dos terceras partes del parlamento.

Algunas reflexiones surgen luego de las últimas elecciones.  La configuración de la derecha, a través de sus candidatos, logró reubicarse en el escenario nacional y plantea inconformidad ante el actual proyecto del presidente Correa.

Los tradicionales poderes oligárquicos, terratenientes y financieros  impulsaron a nuevos personajes, a través de los cuales pretenden hacerse de un espacio en la arena política. Sus propuestas son bastante conservadoras y atadas al neoliberalismo.  Aunque bastante pobre a nivel de voto popular, empiezan a ofrecer una línea de confrontación al proceso de cambio que experimenta el país.

La pregunta más relevante sobre este proceso electoral es ¿qué sucedió con la izquierda?  La izquierda que conduce Rafael Correa es una izquierda nacionalista, de economía popular, que ha volcado la inversión pública hacia los sectores más empobrecidos.  Sin embargo, en estas elecciones, una propuesta aún más radical fue la que plantearon la Unidad Plurinacional de Izquierdas, conformada principalmente por líderes indígenas y una facción democrática del Partido Comunista Marxista Leninista -conocida como Movimiento Popular Democrático (MPD)-, ambos bajo el liderazgo de un prestigioso académico de izquierda, Alberto Acosta.

El economista Acosta fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y fundador del movimiento Alianza País, pero paulatinamente se separó debido a sus diferencias, principalmente con el presidente Correa, debido a que las aspiraciones y garantías de transformación ofrecidas en un inicio se limitaron conforme la Revolución Ciudadana se fue consolidando.

Bajo el lema de recuperar la radicalidad del proceso de la Revolución Ciudadana, la Unidad de Izquierdas decidió saltar en la escena electoral.  El resultado fue obtenido quedó muy por debajo sus propias expectativas y dejó al pensamiento crítico y las demandas de la izquierda radical muy mal situadas luego de estas elecciones.  El desafío para esta izquierda es el reflexionar si su fuerza política reside en lo electoral o en la organicidad como movimientos sociales.

La minería a cielo abierto, la ampliación de la frontera petrolera hacia territorios indígenas en la Amazonía,  las leyes de aguas, tierra y comunicación, así como la construcción del Estado Plurinacional, son algunas de las propuestas más urgentes que las organizaciones de izquierda tienen en el Ecuador.  Como movimientos sociales, lograron impulsar estos temas en la opinión pública y la agenda del gobierno, pero este desencuentro electoral afectó gravemente la legitimidad de estas apuestas políticas.

El régimen actual en el país no es anticapitalista, socialista ni muchos menos ecologista. Es un gobierno que le apuesta a la soberanía política -expulsión de la embajadora norteamericana, asilo a Julian Assange, ingreso a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-  y económica -expulsión del Fondo Monetario Internacional (FMI), renegociación de contratos petroleros, inversión en educación gratuita y de calidad-  para garantizar la inversión pública.  Sin embargo, al momento de pensar la economía no escatima la extracción de recursos naturales como principal fuente de financiamiento, pese a los daños sociales y ambientales que resultan de estas actividades.  El horizonte es claro: saldar la deuda pública aunque esto genere más deuda ecológica y problemas sociales.

El Sumak Kawsay o “Buen Vivir” es el nuevo marco constitucional que plantea una relación distinta con el medio ambiente que esté basada en los principios de entendimiento que los pueblos originarios mantienen sobre la Madre Tierra.  Es justamente una visión muy alejada y casi antagónica con este principio la que confronta a la Revolución Ciudadana con los miles de personas que han sido ya afectadas, o lo serán, por los mega proyectos extractivos, y que buscaron representación política a través de la Unidad Plurinacional de Izquierdas.

La criminalización de la protesta social es otro asunto pendiente entre las izquierdas del Ecuador.  Actualmente son más de 200 los acusados desde el Estado por terrorismo y sabotaje, muchos de ellos líderes sociales de izquierda, y otros, simples ciudadanos que protestaron, principalmente por la defensa del agua y contra la mega minería. La ciudadanía, la opinión pública y los movimientos sociales exigen un cambio en la política y que cese la persecución.  Con estas acciones no sólo se censura la protesta, sino  la misma participación política y la diversidad de pensamiento crítico. Es un desatino el pensar que las «otras izquierdas» son la oposición en el país.

Finalmente, ante las declaraciones del régimen, no me atrevería a llamar cadáveres políticos a las “otras izquierdas”, debido a que muchas de sus tesis son temas  urgentes de discusión nacional.  Y hay otros asuntos que se deberían garantizar a través del respeto y  cumplimiento de Constitución, como es el tema de prohibición los transgénicos (OGM) en el país, el derecho a la resistencia y los derechos de la naturaleza. Estas tesis continuarán en la agenda de los movimientos, tal como se demostró el año pasado durante la marcha indígena denominada “Por el Agua y por la Vida”.

El hecho que la Unidad de Izquierdas pierda olímpicamente en las urnas es desde hace años una tendencia en la izquierda radical. Espero que sus demandas se reconfiguren desde su participación política como movimientos sociales, y sintonicen las demandas a través de una clara lectura de lo que se ha manifestado en las elecciones.

En Ecuador somos conscientes de que los procesos electorales son un espacio político, y que por fortuna la democracia se construye también a través de una diversidad de formas de participación y  movilización social.  En esta coyuntura hace falta una profunda reflexión sobre el momento histórico que plantea la Revolución Ciudadana, y de su parte, un reconocimiento al protagonismo histórico de los movimientos sociales de izquierda, que crearon las bases para el actual proceso.