En los ámbitos locales y federales, ya han avanzado tres nuevas legislaciones que permiten, según organizaciones de Derechos Humanos, coartar derechos a la libertad de expresión y protesta. Configuradas como un paquete jurídico coherente entre sí, en cuyo centro se experimentan nuevas formas de represión al disenso ciudadano, perfilan un breve adelanto de los cuatro años que le restan al sexenio de Enrique Peña Nieto:

Dichas legislaciones serán aderezadas por el uso excesivo de la fuerza pública, el enrarecimiento de los derechos democráticos y rayan en el filo de la censura.

Un estudio realizado por el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, organismo que agrupa a cerca de nueve organizaciones sociales promotoras de Derechos Humanos, advirtió que hoy por hoy, existen al menos 13 legislaciones, seis de ellas en el ámbito federal y siete en lo local, que estarían dando lugar a este escenario, marcado, desde el 1 de diciembre, por la intolerancia a la crítica y la criminalización del ejercicio de derechos ciudadanos.

“Hay un enrarecimiento del ambiente político sin duda, en el ámbito federal, existen al menos seis leyes –unas en puerta y otras aprobadas– que comienzan a darle más herramientas jurídicas al presidente para suspender Derechos Humanos fundamentales: ahí está la ley de Telecom, la ambigüedad del término ‘terrorismo’, la intervención de las comunicaciones del Código de Procedimientos Penales, etcétera”, sostuvo el activista y dirigente de IniciativaMx, Jesús Robles Maloof.

De esta manera, el Senado de la República, avaló el dictamen de reglamentación al artículo 29 constitucional, a iniciativa del Ejecutivo; el cual, según comunicados publicados por el Frente, le otorgan más libertades a Peña Nieto, para la aplicación del “Estado de Excepción”, so pretexto de interpretar un “fenómeno social violento”.

“Ahora, en el ámbito legislativo local, hay siete leyes, tres de ellas en el Distrito Federal, que endurecerán penas a los manifestantes, fincarán responsabilidades a los líderes de organizaciones sociales, reglamentarán las marchas, limitarán el derecho a la libertad de expresión y criminalizarán la protesta pública. En un caso similar al federal, les darán poderes extraordinarios a los gobernadores, muy posiblemente, para su uso político”, explicó Robles Maloof.

Se trata, en el caso de Quintana Roo, de la nueva Ley de Ordenamiento Cívico, diseñada para “reglamentar las movilizaciones ciudadanas”, aprobada por los aliados en el congreso local del gobernador priista, Roberto Ángulo Borge, el pasado 30 de abril; y a su vez, la nueva Ley de Movilidad en el Distrito Federal, aprobada ese mismo día, la cual “limitará los espacios para manifestarse”, además de que obligará a “pedir aviso y dará facultades arbitrarias para impedir bloqueos” en vías primarias.