Foto : Matías Sarlo
Un conjunto de organizaciones políticas, gremiales y socioambientales consideraron que el DNU del Gobierno con el que recupera, por un año, el control sobre el dragado, balizamiento y cobro de peaje es la respuesta a “un extraordinario reclamo popular”. Sin embargo, rechazan que se deje abierta la puerta a una nueva licitación privada y advierten que resta debatir la emergencia ambiental del cauce y las extraordinarias ganancias del modelo agroexportador.
El Decreto 427/21, que otorga por 12 meses —prorrogable— la concesión de la operación del dragado, balizamiento y cobro del peaje del río Paraná a la Administración General de Puertos, generó respuestas dispares entre las organizaciones políticas, gremiales y socioambientales que vienen bregando por la recuperación de soberanía y el rol del estado en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En un comunicado conjunto organizaciones como El Manifiesto Argentino, la CTA Autónoma y el Foro por la Recuperación del Paraná de Rosario aseguran que “este decreto es producto de, y respuesta a, la creciente determinación popular en favor de la incondicional Soberanía Nacional sobre nuestro Río Paraná, clamor que no deja de crecer en todo el territorio nacional”.
Si bien las organizaciones reconocen que “este decreto demuestra, en buen sentido, la sana preocupación del gobierno nacional por atender un extraordinario reclamo popular” y que “este positivo intento componedor de nuestro Gobierno nos parece acertado”, por encomendar a la AGP la conducción durante un año del proceso de cobro de peajes y mantenimiento del dragado del río, también advierten: “No podemos dejar de señalar algunas oscuridades y ideas confusas que, a primera vista, nos generan muchas dudas”.
La carta pública se conoció el 1 de julio, un día después de la publicación del decreto sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, y entre las preocupaciones que plantea está la cuestión ambiental. “Hoy (el Paraná) está en severa emergencia ambiental debido a los abusos de doble origen: por un lado el de las empresas hasta ahora concesionarias en el dragado del río —afectado por severos daños ambientales— y por el otro por el desenfrenado extractivismo de las empresas multinacionales agroexportadoras que son las exclusivas beneficiarias del comercio exterior argentino”.
Y más allá de remarcar las “buenas intenciones del Gobierno Nacional” mantienen la exigencia de derogación inmediata del Decreto 949/2020 —que delegó en el Ministerio de Transporte el nuevo llamada a licitación y creó elConsejo Federal Hidrovía— y cuestionan algunos “puntos oscuros e indefiniciones” del nuevo decreto, dictado por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.
Las dudas sobre el decreto de la Hidrovía Paraná-Paraguay
Entre las dudas que plantean las organizaciones, que tiene como referentes entre otros a Mempo Giardinelli,Carlos del Frade y Luciano Orellano, está la cuestión de que “no queda claro si durante el año de vigencia de este decreto la AGP cobrará peaje o tarifa, ni se establecen montos ni modos, más allá de la declaración —que compartimos— de que sea la AGP el organismo estatal a cargo de tal función. Y tampoco se asegura el efectivo control sobre todos los puertos y embarcaciones que surcan por nuestros ríos”.
Lo que sí queda claro, y es rechazado por el conjunto de organizaciones, es que el decreto dispone, para el próximo año, nuevos llamados a licitación para entregar el dragado. “Esto nos parece inadmisible toda vez que existen dragas argentinas en operaciones, y otras que se pueden reparar o construir, ya que tenemos una industria naval, tecnología y personal capacitados”, lamentan las organizaciones y sentencian: “Es absolutamente inadmisible seguir concesionando lo que el Estado Argentino puede realizar, más allá de la nacionalidad de los supuestos nuevos concesionarios”.
El documento —que cuenta con las adhesiones de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca), el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, ATE, Populismo K, el Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación (Codehcom) y el Grupo por la Soberanía (GPS)— insiste sobre el llamado a “licitación” o “concesión” al resaltar la aparición de estas palabras en siete oportunidades a lo largo del decreto y lo califica como una presencia “evidente o sutilmente oculta”.
Las organizaciones envían en el documento un mensaje a la denominada “ala conciliadora” del gobierno nacional y le hacen saber que, “ahora y siempre”, la actual gestión contará con fuerte apoyo popular, mientras los principios de soberanía guíen las decisiones; y sean claros, firmes y evidentes en ellos. “No debe desatender la voz de un pueblo que está muy cansado y muy fastidiado por las prebendas de que gozan las clases oligárquicas y el empresariado antinacional y mezquino que padece la República”, sentencian.
El documento remarca, finalmente, que la decisión del Gobierno “es resultado e intento de respuesta a la extraordinaria presión de miles de dirigentes y militantes populares en favor de la soberanía de nuestro Río Paraná, que es equivalente in totum al reclamo de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y el Atlántico Sur”.
Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva
