El 17 de abril de cada año conmemoramos el Día Internacional de las Luchas Campesinas, para recordar a los 19 trabajadores rurales sin tierra asesinados por la policía militar brasileña en 1996 por defender su derecho a asentarse en terrenos baldíos. En 2023, 27 años después de la masacre de Eldorado do Carajás, la represión de trabajadoras/es rurales, además de campesinas/os, Pueblos Indígenas y especialmente las mujeres de estos grupos, sigue empeorando. En la última década, una/un defensor/a de la tierra y del medioambiente fue asesinada/o cada dos días en todo el mundo, con mayor frecuencia en Brasil, Colombia, Filipinas y México.
La represión en el medio rural sigue en aumento
Hay muchas razones que explican este aumento de la represión, criminalización y violencia contra los pueblos rurales. Nuestro sistema económico y las enormes ganancias de muchas grandes empresas dependen del acaparamiento de los recursos naturales. Esto las pone en conflicto directo con las/os aproximadamente 2500 millones de campesinas/os, Pueblos Indígenas y otras comunidades que viven en áreas rurales o de bosque.
Las grandes empresas de la industria de la agricultura y la alimentación, o “agronegocios”, quieren tierras para la agricultura intensiva. Junto con las empresas mineras y madereras, son las responsables de la mayoría de los asesinatos registrados de defensoras/es ambientales. Sus plantaciones de palma aceitera y soja y sus establecimientos de producción de carne vacuna a gran escala son escenario de frecuentes violaciones de derechos humanos y prosperan gracias a la impunidad proporcionada por líderes cada vez más fascistas y autoritarios.
Ahora, una nueva fiebre por la “remoción de carbono” y la “compensación” a partir de tierras, bosques y océanos aumenta la represión con el pretexto de proporcionar “soluciones basadas en la naturaleza” como respuesta a las crisis ecológicas. Las grandes empresas de combustibles fósiles, de la mano de bancos, empresas de tecnología, agronegocios e incluso muchos gobiernos, afirman que pueden invertir en remociones y compensaciones en lugar de frenar las emisiones en el lugar de origen. Esto es una falacia. Estudios científicos han demostrado que una reducción rápida y profunda de las emisiones es la única manera de mantenernos por debajo de los 1,5 °C de calentamiento.
Confiar en la compensación es algo arriesgado y peligroso, tanto para el clima como para los pueblos que se encuentran en la primera línea de defensa contra proyectos destructivos. Para contrarrestar la represión y hacer frente a la crisis climática de forma sistémica, es necesario que los gobiernos implementen las Declaraciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). También son necesarias políticas públicas para llevar las soluciones climáticas de los pueblos a una escala mayor.
¿Qué son los derechos campesinos?
Las/os agricultoras/es de pequeña escala, o campesinas/os, alimentan entre el 70 % y el 80 % de la población mundial. Sin embargo, representan el 80 % de las personas que pasan hambre en el mundo y el 70 % de las que viven en la pobreza extrema. Muchas son mujeres, que componen casi la mitad de las/os trabajadoras/es agrícolas en los países en desarrollo. Se ha demostrado que las formas que tiene el campesinado de cultivar, manejar los recursos naturales y vivir con la naturaleza generan resiliencia contra los cambios climáticos y protegen los ecosistemas.
En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) -“un llamamiento a la justicia, basado en la culminación de los agravios y las luchas del campesinado mundial” durante más de 20 años.
En la práctica, la UNDROP es una importante herramienta que sirve para fortalecer las luchas campesinas, establecer jurisprudencia y orientar las políticas públicas en pos de la soberanía alimentaria. Campesinas y campesinos, Pueblos Indígenas, pescadores y nómades llevan mucho tiempo afirmando que reconocer sus derechos humanos exclusivamente como individuos deja de lado el papel que desempeña la comunidad en la forma en la que viven y trabajan. Es así que la UNDROP promueve los derechos colectivos: derechos humanos que protegen las semillas, la tierra y los modos de vida comunales. También incluye importantes disposiciones para promover los derechos de las mujeres rurales. Esta herramienta jurídica puede usarse para ejercer presión sobre los gobiernos con el fin de mejorar la vida en el medio rural y reglamentar a las empresas transnacionales que la perjudica.
¿De qué forma el “cero neto” representa una amenaza para los derechos campesinos?
En los últimos años, cada vez más empresas -desde grandes petroleras y productoras de gas a gigantes de la tecnología- han aumentado la presión que ejercen sobre las tierras y derechos campesinos, comprometiéndose a reducir las emisiones a “cero neto”. Esto representa un compromiso público para anular las emisiones antes de determinado momento en el futuro a través de métodos tecnológicos o de compensación del carbono natural. Entre estos últimos -las “soluciones basadas en la naturaleza”- se puede incluir a las plantaciones de monocultivos de árboles, los cultivos genéticamente modificados, las áreas protegidas y las prácticas agrícolas que intentan capturar el carbono en el suelo.
Sin embargo, el “cero neto” ejerce una intensa presión sobre las tierras en el Sur Global para convertir a la naturaleza y los territorios en algo que pueda “comprarse” y “venderse” como bonos de compensación. Le permite a los países y las empresas retrasar la reducción real de las emisiones. Se ha demostrado que las “soluciones basadas en la naturaleza” exacerban las violaciones de derechos humanos, el acaparamiento de tierras y la pobreza, en lugares ya vulnerables.
Los recientes escándalos en torno a los proyectos de compensación han puesto de manifiesto la dificultad de medir el carbono. En Kenia, comunidades indígenas de pastoreo son obligadas/os a cambiar sus modos de vida de bajo impacto, para que empresas como Netflix y Meta puedan seguir contaminando. Esto agrava la situación de estas comunidades que ya sufren a causa de la prolongada sequía como consecuencia del cambio climático. En Kachung, Uganda, una plantación industrial de árboles que proporcionaba bonos de compensación al gobierno sueco y contaba con la certificación del Consejo de Administración Forestal (FSC) ha destrozado la vida comunitaria y los medios de sustento de la población: “Se le privó a la gente de recursos vitales y se la sometió a amenazas y violencia”, destaca un informe.
Los compromisos de reducción de las emisiones a “cero neto” también requieren muchas más tierras de las que hay disponibles. La ambición de Nestlé de compensar 13 millones de toneladas de CO2 por año requeriría plantar árboles en más de 4,4 millones de hectáreas de tierras por año -una superficie mayor a la de Suiza. El compromiso de Shell significaría que se planten árboles en una superficie del tamaño de Brasil. Los gobiernos dependen cada vez más de la remoción de carbono para alcanzar sus compromisos nacionales en materia climática en el marco del Acuerdo de París: actualmente suman 1200 millones de hectáreas, ¡el equivalente a las tierras de cultivo que existen actualmente a nivel mundial!
La materialización de los derechos campesinos
Existen ejemplos de campesinas/os que usan la UNDROP para oponer resistencia a los proyectos de las empresas de forma efectiva. En 2022, la Unión de Campesinas/os de Indonesia (SPI) inauguró una nueva “Zona de Soberanía Alimentaria” en Java Occidental, que se suma a otras seis por todo el país. La zona, donde agricultoras/es familiares y cooperativas comparten semillas y tierras para producir alimentos a través de la agroecología, está legitimada por las leyes locales y la UNDROP. Este ejemplo inspirador demuestra que la materialización de los derechos campesinos puede y debe comenzar desde las bases.
Las comunidades en los territorios -campesinas/os, Pueblos Indígenas, comunidades pastoralistas, pescadoras, y especialmente las mujeres de estos grupos- siempre han estado en la primera línea de defensa contra proyectos extractivos de gran nivel de emisiones. Estas comunidades rurales son las menos responsables por el cambio climático y algunas de sus prácticas ofrecen vías de escape, como el manejo comunitario de bosques y la agroecología. Está demostrado que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales con derechos certeros sobre la tierra superan con creces tanto a los gobiernos como a los terratenientes privados en lo que tiene que ver con prevenir la deforestación, conservar la biodiversidad y producir alimentos de forma sustentable.
Si queremos lograr un mundo sustentable basado en la justicia climática, social, económica y de género, mantener a los pueblos en los territorios es nuestra responsabilidad vital.
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Imagen principal: © La Vía Campesina
Publicado originalmente en Amigos de la Tierra
