Imagen: Juan José Guillén / Prensa Comunitaria

“Las mujeres han llevado sobre sus hombros el avance de la justicia”, Claudia Paz y Paz.

A finales de 1989, un grupo de mujeres indígenas se presentó sin previo aviso a la sede de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), en la zona 1 de la capital. Llegaron a denunciar el reclutamiento forzado de jóvenes en las comunidades indígenas, y por primera vez, las violaciones sexuales en contra de mujeres cuyos cuerpos fueron utilizados como botín de guerra para el sometimiento.

Entre ellas iba Rosalina Tuyuc, una activista y defensora indígena kaqchikel, cofundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua) y, quien más adelante, se encargaría dirigiría el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).

A Tuyuc y a las demás mujeres, algunas del área ixil de Chiché, Quiché, les recibió Claudia Paz y Paz, en ese entonces, de 23 años, recién graduada de abogada. Así iniciaría la documentación de las atrocidades de la guerra que luego serían publicadas en el informe de la ODHAG llamado “Guatemala nunca más”.

Con el paso de los años, Paz y Paz se convertiría en fiscal general del Ministerio Público (2010-2014) y revolucionaría el tratamiento de las víctimas del conflicto armado y las mujeres desde la unidad de casos especiales del conflicto armado interno adjunta a la Fiscalía de Derechos Humanos,  que fue creada un año antes de su nombramiento.

Tras la firma de la paz, en diciembre de 1996, y el descubrimiento fortuito del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), en 2005, que contiene registros de operaciones policiales para desaparecer, perseguir y exterminar a opositores de los regímenes militares de la época, las investigaciones penales en el MP lograron avanzar y documentar a víctimas y algunos perpetradores de las atrocidades cometidas contra población civil desarmada.

Mientras esto pasaba, en 2009, se creaban los juzgados y tribunales de alto riesgo que, conocerían los casos por crímenes de guerra, corrupción y lavado de dinero, que permitirían sentar en el banquillo a viejos empresarios, políticos, militares y a estructuras del crimen organizado.

En mayo de 2013, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo admitiría la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos y resolvería que sí hubo genocidio en Guatemala, emitiendo una condena de 80 años por genocidio y delitos de lesa humanidad contra el principal perpetrador, caudillo y dictador, José Efraín Ríos Montt (quien además era un fanático de la iglesia evangélica protestante); por el exterminio de más de 1,771 indígenas ixil de los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, del Departamento de Quiché, entre 1982 y 1983.

Esto probaría, según la exfiscal Paz y Paz, que serían las mujeres sobrevivientes y las familias de las víctimas mortales del conflicto armado quienes llevarían “sobre los hombros el avance de la justicia” con sus denuncias y, con ello, darían vuelco al sistema judicial que pondría en la mira a decenas de militares retirados y expolicías como perpetradores.

Eso hasta 2015, cuando se inició el fenómeno de cooptación del Estado que acabaría, entre otras cosas, con la independencia de las cortes y del sistema de justicia en pleno, y que llevaría a Guatemala de regreso a su fase negacionista. 

Los planes contrainsurgentes y los informes de la verdad 

Entre 1982 y 1983, se pusieron en marcha los planes contrainsurgentes Operación Victoria 82, Operación Sofía, Operación Ixil y Operación Firmeza. Estos planes contienen una parte de la estrategia militar para controlar a las comunidades indígenas y que fue autorizada por el Comandante en Jefe del Estado Mayor.

La socióloga Gladys Tzul, mencionó recientemente en un conversatorio sobre mujeres sobrevivientes del genocidio ixil, que tras las masacres se evidenció que los sitios en donde fueron exterminadas las comunidades, luego, ingresaron proyectos extractivos.

Y esto coincide con que “casi de inmediato a la firma de la paz inicia una fase extractivo-capitalista en la que se aprobaron marcos legales que facilitaron el despojo y saqueo de recursos y territorios indígenas”.

A raíz de esto, se da la privatización de la energía eléctrica, luego se introducirían las hidroeléctricas e inicia la explotación del petróleo. Todo lo cual fue posible por la llegada de las transnacionales, de acuerdo al estudio “Industrias y Proyectos Extractivos de Guatemala: una mirada global”.

Para 1986, bajo el primer gobierno democrático con Vinicio Cerezo, del partido Democracia Cristiana, se aprobó el decreto 8-86, la Ley de Amnistía General, que daba el perdón a los miembros del Ejército y de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) por las atrocidades cometidas durante la guerra y que prometía impunidad a los perpetradores.

En 1997, un año después de que se firmara la Paz, el decreto 133-97 derogó las leyes de amnistía emitidas anteriormente a 1996. En ese camino hacia la posguerra, el 14 de abril de 1998, la ODHAG presentó el Informe del Proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala: Nunca Más. Un informe redactado por académicos y religiosos de la Iglesia católica, liderados por el obispo Juan José Gerardi, quien fue asesinado brutalmente, dos semanas después de su presentación por una estructura militar, el 26 de abril.

El año siguiente, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) presentó su informe “Guatemala, memoria del silencio” en la que concluyó que el Estado mismo se articuló para “proteger la estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los medios productivos”, para garantizar el statu quo y que ante la protesta social, que era vista como enemigo interno, solo dio dos respuestas: la represión o el golpe militar.

Además, concluyó que el Estado, el ejército y las fuerzas paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas en el informe (ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas), contra hombres, mujeres y niños de todos los estratos sociales: obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos, la mayoría de los cuales eran indígenas.

Los informes permitieron reconstruir los hechos del genocidio ixil.

Del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, el Ejército guatemalteco ingresó a Nebaj, Chajul y Cotzal y asesinó a 1 mil 771 indígenas ixil, incluidos mujeres, ancianos y niños. La CEH documentó que el genocidio consistió en 11 masacres en donde, al menos, lograron individualizar que 267 víctimas eran población no combatiente.

Un abogado en derechos humanos que fue consultado y prefirió no ser citado por seguridad, señaló que hay una gran diferencia en el derecho internacional cuando bandos opuestos combaten a atacar a población civil desarmada e indefensa. Esto último fue lo que ocurrió en las comunidades ixil que fueron borradas, casi en su totalidad.

En diciembre de 1999, Ríos Montt se lanzaba nuevamente a la palestra política para llegar al Congreso con el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que llevó a Alfonso Portillo a la Presidencia.

Mientras tanto, del otro lado del mundo, la activista y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, presentaba las primeras denuncias contra ocho oficiales de alto rango, entre ellos Ríos Montt, por genocidio, terrorismo y torturas ante la Audiencia Nacional de España, con el informe del REMHI como respaldo.

En 2001, en los tribunales guatemaltecos el Centro de Acción Legal para la defensa de los Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) presentaron una denuncia contra el exdictador.

Fue diez años después que los perpetradores de las masacres en el territorio ixil, José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez fueron detenidos. El 26 de enero de 2012, la fiscalía de Derechos Humanos los acusaría formalmente de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. 

El juicio por genocidio

Más de 30 años después de los hechos, el 28 de enero de 2013, el Juzgado B de Mayor Riesgo, dirigido por el entonces juez Miguel Ángel Gálvez, reconoció que existían evidencias suficientes en contra de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez que permitían enviarlos a juicio.

Poco antes del inicio de juicio, el 11 de marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC) negó a los acusados el amparo sobre la Ley de Amnistía y resolvió que los delitos de genocidio y lesa humanidad no eran amnistiables.

El 19 de marzo, Yassmín Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul del Tribunal A de Mayor Riesgo, iniciarían el juicio contra los militares retirados. Durante dos meses, escucharon a decenas de mujeres ixil que fueron violadas, quienes detallarían la llegada del ejército a sus comunidades para eliminarlos, junto a sus cosechas, sus casas y animales y cómo los cuerpos de las víctimas, luego, eran enterrados en fosas comunes y en algunos casos sus restos quemados.

El juicio representó una oportunidad para las víctimas para que se conociera la verdad y reivindicar la memoria, pese a los señalamientos que la defensa hizo sobre la posible búsqueda de una venganza.

En el desarrollo del juicio, los abogados de la defensa de los militares agredieron verbalmente y acosaron a las juezas a cargo del caso y pretendían señalar que las decisiones del tribunal se tomaban en un plano personal, también aplicaron tácticas dilatorias al proceso, pero fueron resueltas rápidamente, por el tribunal.

El 10 de mayo, dando valor probatorio a las declaraciones de los testigos y sobrevivientes, a los estudios forenses y peritajes antropológicos, pero también a los planes contrainsurgentes, el tribunal sentenciaría a Ríos Montt a 80 años de prisión y a Rodríguez Sánchez lo absolvería.

Esta sentencia, marcaría un precedente a otros casos de masacres y delitos contra la humanidad cometidos por el Estado y el Ejército: Creompaz, Dos Erres, Diario Militar, Molina Theissen, Zapur Sarco, Mujeres Achí, entre otros.

Varios organismos internacionales que siguieron de cerca el proceso aplaudieron la sentencia, entre ellos Amnistía Internacional. 

El golpe a la sentencia

Diez días después, el 20 de mayo, la CC anularía la sentencia alegando fallos de procedimiento en el debate e hicieron retroceder el proceso, por orden de la jueza del Tribunal C de Mayor Riesgo, Patricia Flores,  al 23 de noviembre de 2011. Una decisión que fue señalada por AJR y CALDH como “ilegal”.

Uno de los magistrados que votó por anular la sentencia del genocidio ixil fue Roberto Molina Barreto, quien en 2019, fue candidato a la vicepresidencia por el partido Valor que representa a Zury Ríos Sosa, hija de Efraín Ríos Montt. El binomio quedó fuera de esas elecciones, ya que se negó la inscripción de ella por la prohibición que establece el Artículo 186 de la Constitución.   Pese a esto, Barreto se aseguró un espacio para un nuevo período en la CC desde donde ha procurado despejar el camino de la prohibición constitucional de la actual candidata presidencial.

El 23 de julio de 2015, la jueza Flores, quien ha sido vinculada con el entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, un militar firmante de paz, reinició el juicio por genocidio. Ahí, declaró a Ríos Montt mentalmente incapacitado para estar presente en la sala de audiencias por sufrir de demencia senil. Ríos Montt tenía 89 años.

Este segundo proceso estaría plagado de beneficios para el exdictador. La Sala Primera de Apelaciones resolvería, el 12 de mayo de 2016, que este sería juzgado de forma separada de Rodríguez Sánchez. El 13 de abril de 2017, el tribunal C reanudaría el juicio a puerta cerrada.

Ríos Montt falleció el 2 de abril de 2018, a los 91 años, a causa de un infarto, sin haber sido condenado de forma definitiva por sus acciones, a cinco años de la primera sentencia.

Cuatro días después, el tribunal anunciaría el cese a la persecución del exdictador.

En cuanto al general Rodríguez Sánchez, el 26 de septiembre de ese año, fue absuelto por el Tribunal B de Mayor Riesgo “por no haber suficientes pruebas que demuestren su participación en el exterminio ixil en la década de los 80”.

Las organizaciones sociales y el MP apelaron la decisión del tribunal B sin éxito alguno. El 24 de febrero de 2021, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo de Extinción de Dominio rechazaría la revocaría de la absolución del militar.

El Centro de Acción Legal para la Defensa de los Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que formaron parte de la defensa en el juicio de 2013, presentaron un recurso de casación para insistir en la revocación que devolvió la libertad de Rodríguez Sánchez, pero tampoco fueron escuchados.

A 10 años de la sentencia por genocidio, los sobrevivientes y víctimas siguen creyendo que se hizo justicia.

“Esa sentencia sí valió la pena, aunque en papel se haya anulado. Para nosotros sí se hizo justicia. Esos días que duró la sentencia fue algo histórico”, dijo Feliciana Macario, de Conavigua, cuando se le entrevistó sobre la anulación de la sentencia.

Macario agregó que las familias sobrevivientes se siguen esforzando para que otros responsables sean sentenciados por sus crímenes. “No queremos que las futuras generaciones pasen por lo que vivimos, las tierras arrasadas, persecuciones, intimidaciones, las masacres. No es fácil olvidarlo y no queremos que se repita”.

Recientemente, Claudia Paz y Paz participó en un conversatorio organizado por CALDH el en marco del aniversario de la resolución del Tribunal A y dijo que “esta sentencia demostró que es posible juzgar a los responsables”. Añadió que eligieron “encarar a la justicia oficial para de decir nunca más”. 

10 años más tarde: un caso sin condenas y un sistema de justicia cooptado

Hoy, el sistema de justicia se encuentra muy lejos de lo que fue en la llamada “Primavera Judicial”, cuando se fortaleció la jurisprudencia, se acataron los convenios internacionales y fue posible enjuiciar a los perpetradores de crímenes de guerra, de corrupción y del crimen organizado.

También fue una época en la que se fortaleció la institucionalidad de la paz y se crearon espacios de apertura y resarcimiento a las víctimas como el PNR, a cargo de Rosalina Tuyuc.

De eso queda casi nada gracias a la cooptación institucional de las redes político, económica y militares que han utilizado su poder e influencia para regresar a Guatemala al pasado, a la época del miedo y del silencio.

Este retroceso se inició con la intervención de casos, el desmantelamiento de fiscalías, como la de Derechos Humanos, con relevos y despidos de fiscales claves que investigaban los grandes casos de corrupción y de justicia transicional. Todo esto no solo ha puesto en jaque las investigaciones y podrían quedar impunes por las acciones de los grupos conservadores, sino que ha dictado el rumbo hacia la regresión autoritaria en las pocas instituciones que todavía contaban con algo de credibilidad e independencia.

El 30 de junio del año pasado, Hilda Pineda, exjefa de la fiscalía de Derechos Humanos del MP, fue destituida del cargo junto a 15 fiscales más, la mayoría de los cuales tenían una larga trayectoria en la institución. Pineda trabajaba en el MP desde 2008 y fue parte del fortalecimiento de la fiscalía con la llegada de Paz y Paz, en 2010.

Su salida generó preocupaciones internacionales. Desde el exilio, las exfiscales generales, Paz y Paz y su sucesora, Thelma Aldana, han dicho que la remoción de Pineda es una acción deliberada para impedir la correcta investigación y el procesamiento de estos graves crímenes.

Pero la persecución también se ha dado contra los jueces que conocieron estos casos por crímenes de guerra. Por ejemplo, Miguel Ángel Gálvez, quien envió a juicio a Ríos Montt, está en el exilio desde octubre de 2022, por una serie de acusaciones espurias en el caso del Diario Militar, en el que más de una docena de militares y expolicías están acusados la desaparición y ejecución extrajudicial de más de 180 personas, disidentes del gobierno militar de Humberto Mejía Víctores.

En este escenario, la Fundación contra el Terrorismo ha sido una organización de militares retirados que, en los últimos años, ha ganado influencia sobre las decisiones de las cortes y ha logrado criminalizar a jueces, fiscales, magistrados y hasta periodistas, al punto de llevarlos al exilio.

La organización es dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, quien es uno de los negacionistas del genocidio y, además, es uno de los señalados por Estados Unidos de corrupción en la Lista Engels.

La misma fundación ha publicado en sus redes sociales carteles con los rostros de jueces y juezas independientes a quienes ha acosado y perseguido, en los que ha anunciado a sus próximos objetivos. La más reciente es la jueza Yassmín Barrios, quien condenó al exdictador, Ríos Montt, a 80 años de prisión en 2013.

La jueza tiene una conexión importante con la memoria histórica por los casos que ha conocido el tribunal que preside: Dos Erres, Sepur Zarco y el caso de violencia sexual contra las mujeres Achi.

El 21 de marzo de 2001, cuando se inició el juicio por el asesinato del obispo Gerardi, sufrió un atentado. Dos personas lanzaron granadas de fragmentación en su vivienda que no cobraron vidas, pero sí la obligaron a resguardarse.

Barrios continua en el país, pero ha reportado varias denuncias de la Fundación contra el Terrorismo por su labor como jueza que, como ocurrió con Gálvez, buscarían cerrarle las puertas para seguir ejerciendo.

El panorama de 2023

En 2023, no solo se conmemora el 10 aniversario de la sentencia, sino que se celebrarán las elecciones generales en Guatemala, bajo un panorama de preocupación e incertidumbre por la falta de independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de las cortes, que han bloqueado la participación de aspirantes que han sido identificados como “incómodos” al poder como por ejemplo, el binomio de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP); y la candidatura del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa a la alcaldía metropolitana.

A la vez, han permitido la inscripción de candidatos con claras prohibiciones constitucionales como Zury Ríos, quien aparece en los primeros tres lugares de algunas encuestas de mayor popularidad.

Ríos, al igual que su padre, ha negado en repetidas ocasiones, el genocidio ixil y ha dicho que lo que hubo fue “un enfrentamiento”.

Por eso, la labor de las nuevas generaciones es continuar las luchas de quienes les precedieron y asegurarse de que la reconstrucción y difusión de la memoria continue, expresó la socióloga Tzul.

“No podemos decir que ya no se puede hacer nada, la defensa sigue”, concluyó Tuyuc.

Este material se comparte con autorización de Prensa Comunitaria