El pasado 29 de agosto, a las 10 de la noche, dos personas y una mujer embarazada de Zacatecas, así como Maricela y el niño Alexander de 7 años, de la Montaña de Guerrero, perdieron la vida tras sufrir un accidente en la carretera federal 49, a la altura del entronque al municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas.
Paramédicos y personal de Protección Civil de los municipios de Río Grande y Fresnillo, y también elementos del Ejército Mexicano acudieron a brindar los primeros auxilios a las familias jornaleras accidentadas.
Las familias jornaleras habían terminado su jornada de trabajo con Los Menonitas en el municipio de Río Grande. Regresaban del arduo trabajo cuando el conductor del autobús perdió el control del volante y terminó volcado en la carretera Juan Aldama a Fresnillo, Zacatecas. Tenían que llegar a la comunidad de Río Florido, municipio de Fresnillo, para trabajar en la cosecha de hortalizas las siguientes semanas.
Estuvieron toda la noche a la intemperie con el dolor y sin la atención de las autoridades. Fue hasta las dos de la mañana del viernes 30 de agosto que llegó personal de la Fiscalía de Fresnillo para realizar el levantamiento de las cinco personas que fallecieron, entre ellas el conductor, así como el niño Alexander de 7 años y su mamá Maricela, originarios de la comunidad Me’ phaa Bathaa de Santa María Tonaya, pero radicaban en Monte Olivo, municipio de Tlapa, Guerrero.
Los paramédicos confirmaron la muerte de las y los jornaleros, una embarazada, un menor, y de 45 pasajeros al menos 12 lesionados fueron trasladados en ambulancias al hospital regional de Fresnillo para su atención médica.
Los agentes de la Guardia Nacional señalaron que por la mala condición del autobús generó que se destrabara una llanta trasera y por eso el chofer perdió el control.
Tlachinollan realizó una solicitud a la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del estado de Guerrero para el apoyo de traslado de los dos cuerpos de la familia jornalera Me’ phaa Bathaa. Sin embargo, al no contar con un programa para casos emergentes lo turnó al DIF Estatal para cubrir los costos de traslado.
Este es el drama de las familias jornaleras de la Montaña, sumida en la pobreza. Los trabajos en los campos agrícolas o rancherías sirve para paliar el hambre, a pesar del irrisorio salario de 30 a 35 pesos la arpilla en el corte de chile y tomatillo.
La renta de las casas, algunas en obras negras, oscilan de 4 a 8 mil pesos durante tres meses que es lo que dura la cosecha.
La población jornalera es invisible para las autoridades estatales y federales. Los trabajadores agrícolas no cuentan con prestaciones de ley. No tienen contratos y por lo mismo permanecen sin certeza laboral, en la esclavitud. En los campos no tienen vivienda digna, escuelas, guarderías para las infancias y mucho menos un seguro de viajero. Con la esperanza de una vida mejor, en los caminos y los campos los asecha la muerte.
Publicado originalmente en Tlachinollan
