El 17 de septiembre de 2000, Ángel, de 9 años de edad, falleció por la explosión de una granada de fusil antipersonal, propiedad del Ejército Mexicano. En el mismo hecho, ocurrido en la comunidad de El Aguaje, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los menores Ricardo y José sufrieron graves heridas.

Este 28 de enero, a más de 15 años del suceso, el Estado mexicano ofreció disculpas públicas a una de las familias de las víctimas; acto simbólico de reconocimiento de violaciones a derechos humanos, acordado por la medicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el acto que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, representantes del gobierno de México firmaron una minuta de acuerdos en aras de resarcir los daños causados a los familiares de los niños.

A este punto se llegó no por la voluntad manifiesta de las autoridades, sino por la persistente lucha por verdad y justicia de los familiares de las víctimas.

A decir de José López Cruz, padre de Ricardo y José, los días han sido largos desde aquél 17 de septiembre. Más aún porque a la fecha no se sabe quiénes son los verdaderos responsables de la tragedia y, por tanto, no han sido castigados.

“Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas”. Estas palabras fueron pronunciadas por José López frente a los representantes del gobierno mexicano, a quienes llamó a cumplir cabalmente los acuerdos convenidos.

Por su parte, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organización que ha acompañado el caso, apuntó: “Estamos aquí para recordar que el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el Caso del Aguaje. Lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México; lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz es de plena responsabilidad del Ejército Mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcados en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida”.

En el mismo acto, el defensor de derechos humanos señaló: “La justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha como es de por sí el actuar del Estado mexicano. El día de hoy falta el personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: el Ejército Mexicano. Se encuentran en este lugar los gobiernos federal, estatal, representados en su parte civil, porque aunque dicen tener voluntad de reconocer las violaciones a derechos humanos, el Ejército mexicano no esta presente, porque en México es intocable, nos queda claro que es un supra poder al gobierno civil”.

Hechos

El 17 de septiembre de 2000, en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Ricardo, de 11 años de edad, salió en compañía de Ángel, de 9 años, a recolectar hongos comestibles.

Los menores se introdujeron a la Zona Militar No. 31, conocida como Rancho Nuevo, ubicada en medio de un camino tradicional de paso comunitario. En este lugar encontraron un objeto extraño de color verde, el cual tomaron creyendo que se trataba de un juguete.

De regreso a la comunidad se encontraron con el joven José quien, accidentalmente, dejó caer el artefacto que explotó al hacer contacto con el suelo, ya que se trataba de una granada de fusil antipersonal. Ángel falleció, mientras que Ricardo y José sufrieron heridas graves que les causaron secuelas físicas.

Los hechos sucedieron en el contexto de la acción de contrainsurgencia que el Estado mexicano opera en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y, en general, de los pueblos y comunidades que se resisten las políticas de despojo territorial y exterminio.