El pasado 20 de mayo, unos hombres armados intentaron matar a Enrique Cabezas, quien había estado haciendo campaña en favor del acceso a las tierras ancestrales de su comunidad en la cuenca del río Curvaradó, en el noroeste de Colombia. Actualmente hay una base militar en las tierras, que son propiedad colectiva de las comunidades del Curvaradó y que éstas reclaman. Este es solo uno de los casos de violaciones contra indígenas cometidos en el continente americano por el simple hecho de defender sus derechos humanos, además de la profunda desigualdad que los afecta. Comparados con otros ciudadanos, los miembros de los pueblos indígenas tienen peores sueldos, reciben menos educación, tienen más probabilidades de morir al dar a luz, en el caso de las mujeres, y tienen menos esperanza de vida.

Intentos de asesinato y de secuestro, intimidaciones y agresiones y discriminación sufrida a diario, forman parte del conyunto de abusos que, según ha afirmado Amnistía Internacional en este viernes en un nuevo informe, sufren en toda América los pueblos indígenas. La organización ha publicado su informe «La larga lucha de los pueblos indígenas de América en defensa de sus derechos” la víspera de la celebración, el 09 de agosto, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.

«Los pueblos indígenas de América continúan sufriendo toda una serie de abusos. A comunidades enteras se les niega el acceso a sus tierras ancestrales, mientras que otras son sometidas a represión violenta y a abusos por manifestarse pacíficamente en demanda de sus derechos humanos”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

«Es hora de que los países de América se den cuenta de que no pueden decir que son libres y justos mientras las comunidades indígenas que viven en su seno continúan sufriendo tan graves injusticias y soportando discriminación sistemática”, ha añadido Erika Guevara Rosas. La organización documenta en el informe muchos casos de agresiones físicas y actos de intimidación cometidos contra comunidades indígenas y sus líderes en los últimos 12 meses.

A pesar de las medidas provisionales de protección que solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003, las comunidades del Curvaradó consideran que los esfuerzos de las autoridades colombianas por garantizarles la seguridad tienen graves deficiencias. Además, a pesar de las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional de Colombia, no se han devuelto las tierras a las comunidades.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que creen y mantengan las condiciones necesarias para que los líderes y demás miembros de las comunidades indígenas puedan defender pacíficamente sus derechos sin temor a sufrir represalias y para poner a disposición judicial a los autores de actos de violencia contra defensores de los derechos humanos indígenas.

Además de violencia y falta de protección suficiente por parte de los gobiernos, los pueblos indígenas soportan también el sufrimiento diario de la discriminación y la injusticia. Las mujeres indígenas, en particular, sufren múltiples formas de discriminación, por su cultura, su clase y su género.

El 22 de enero de este año, la Fiscalía de Lima cerró los casos de más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas pobres, a quienes las autoridades estatales esterilizaron sin su consentimiento pleno e informado en la década de 1990. Al dar por cerrado el asunto, el gobierno peruano deja de abordar los abusos contra los derechos humanos perpetrados sistemáticamente contra las mujeres indígenas y las mujeres que viven en la pobreza, con lo que les niega, de hecho, justicia.

A pesar de la discriminación generalizada y de las agresiones, los pueblos indígenas han seguido adelante con su lucha por la justicia y los derechos humanos. El año pasado se observaron avances en el reconocimiento y la protección de sus derechos.

Tras vivir durante más de 20 años en condiciones lamentables junto a una carretera de primer orden, la comunidad indígena Sawhoyamaxa de Paraguay ha obtenido por fin una victoria precursora. El 11 de junio, el presidente Horacio Cartes promulgó la ley que permitirá a los Sawhoyamaxa regresar a sus tierras ancestrales de la región de Chaco. El líder de la comunidad Sawhoyamaxa Carlos Marecos respondió así a la decisión: «Los indígenas lloran sólo cuando logran su libertad. Y hoy nos sentimos como si estuviéramos saliendo de una cárcel, por eso, muchos lloraron de la emoción”.