En el estudio “Pueblo mapuche y recursos forestales en Chile: Devastación y conservación en un contexto de globalización económica”, cuyos autores son José Aylwin, Nancy Yáñez y Rubén Sánchez, se concluye que la política del estado en relación a los recursos forestales del pueblo mapuche sigue siendo excluyente, impositiva y dañina.

El Observatorio Ciudadano presentó el 16 de enero en Temuco el estudio “Pueblo mapuche y recursos forestales en Chile: Devastación y conservación en un contexto de globalización económica”, que evidencia cómo el actual modelo forestal ha resultado en la vulneración de derechos mapuche y ha generado consecuencias adversas para el desarrollo propio de este pueblo.

Elaborado junto al Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (IWGIA), permite entender cómo la acción del estado en favor de las plantaciones forestales exóticas ha contribuido a la generación del conflicto con el pueblo mapuche que hoy se verifica en el sur del país.

También explica el contraste entre esta política, a la que el estado ha destinado recursos cuantiosos, con el abandono y la desprotección en que se encuentran las iniciativas de conservación del bosque nativo que impulsan comunidades mapuche.

La presentación del estudio, que se realizó mediante conferencia de prensa, contó con la presencia de sus autores José Aylwin, Rubén Sánchez, además de los comentarios de Pablo Huaiquilao, ingeniero forestal integrante de la Corporación Pewun Kimun, y José Araya, Coordinador del Programa Ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano.

Aspectos concluyentes

De acuerdo a José Aylwin, quien es también codirector del Observatorio, el estudio va más allá del modelo forestal porque plantea las dos grandes tendencias que en relación a recursos forestales se dan no solo en la Araucanía, sino que en el territorio ancestral mapuche desde el Biobío al sur.

Las plantaciones forestales exóticas promovidas desde la década del 70 –algo que se constata particularmente en el caso de la comuna de Lumaco-, y las iniciativas que los mapuche desarrollan para conservar aquellos escasos recursos forestales de bosques nativos y los hábitat a los cuales su cultura y su vida está relacionada.

Al respecto, agregó que “el gobierno, así como los empresarios no asumen la responsabilidad que cabe al modelo forestal en el mal llamado “conflicto mapuche”.

Sostuvo a su vez que “el estado ha promovido y subsidiado el modelo forestal exótico que genera impactos sociales –empobrecimiento, migración- y ambientales graves -secamiento de las aguas, pérdida de biodiversidad- con recursos cuantiosos (538 millones de dólares desde 1976 a 2011), que en gran medida han ido a parar a dos grandes conglomerados (CMPC y Arauco).

En contraste con ello, ha desatendido las demandas indígenas por la restitución de sus tierras ancestrales hoy apropiadas por estas empresas”.

Por otra parte, sostuvo que “el empresariado forestal no ha tenido la debida diligencia para respetar los derechos humanos del pueblo mapuche en el desarrollo de sus proyectos forestales, al emplazarlo sobre tierras mapuche, y al no hacerse cargo de los efectos adversos que genera en las comunidades mapuche”.

En este contexto, concluyó Aylwin, parece inconcebible que los representantes de CORMA sigan proponiendo, como lo han hecho en días recientes en el contexto de incendios forestales, de sequía, del presente verano, seguir adelante con sus inversiones en la Araucanía. Ello denota una total falta de autocrítica y de sensibilidad social por parte del empresariado forestal”, finalizó.

Caso Lumaco

Rubén Sánchez, autor del estudio, reseñó como caso ejemplificador el de la comuna de Lumaco. “Es paradigmático, porque evidencia lo nefasto de la presencia forestal en que más del 50% del total de la superficie está cubierta de plantaciones de pino y eucaliptos. El 33% del total de la superficie está apta para el cultivo o alimentación. Otro dato duro es que el 26% de la comuna es de las empresas forestales, y únicamente el 10% del total de la propiedad basados en títulos de merced, corresponde a comunidad mapuche, cuya población indígena llega al 70%”, aseguró.

El estudio en el caso de Lumaco concluye que las plantaciones forestales producen cambios en el hábitat de las comunidades mapuche, haciendo presión sobre la disponibilidad de las tierras y modificando los espacios territoriales, así como desplazando a la población sin hacerse cargo de ella, explicó Sánchez.

“Las medidas de mitigación y las responsabilidades tampoco son asumidas por parte de las empresas, como el efecto hídrico, sino, nuevamente el estado en este caso el municipio al entregar agua en camiones aljibes”, agregó.

No a la ampliación del decreto 701

Por su parte José Araya, señaló que “este estudio permite sostener la incompatibilidad del actual modelo forestal con el desarrollo sostenible de la región, así como buscar soluciones a lo que se denomina el actual y mal llamado ‘conflicto mapuche’”.

Recordó también que actualmente se tramita en el parlamento un proyecto de ley, que ingreso el año 2012, y que impulsa la ampliación en 20 años del decreto 701 que permite el fomento forestal, el cual el presidente Piñera ha señalado busca ampliar porque ha sido generadora de desarrollo para el país.

Al respecto, Araya señaló que “hay una incomprensión total de parte de la sociedad, de gran parte de la clase política, y del sector empresarial, de lo prejuicioso que ha sido el desarrollo del modelo forestal actual para el desarrollo de la región”.

Agregando que el estudio entrega una serie datos que evidencian que “algo no está funcionando”, porque es evidente que hoy “existe concentración de propiedad, problemas de agua en todas las comunas que tienen expansión forestal, disminución de la población… y las empresas forestales pueden comprar toda la tierra que se le dé la gana, porque no existe en la actualidad en la políticas de planificación regional una solución para el problema de la propiedad”, denunció.

En efecto, los niveles de pobreza más altos del país se encuentran en comunas donde está la mayor concentración forestal “y ello está a la vista de todo el mundo. Además es una actividad que colisiona con otras actividades productivas, como por ejemplo, con la actividad del turismo”, recalcó.

A ello se agregan otros temas que en el proyecto en discusión en el parlamento no tienen solución, como es la consulta indígena, existiendo una negación absoluta de parte de los parlamentarios de establecer un proceso de consulta para que las comunidades mapuche principalmente y otras organizaciones indígenas puedan participar finalmente en el debate de esta legislación”, dijo.

“Nosotros estamos haciendo una llamado al parlamento actual junto a otras organizaciones, para que no se siga con la discusión de este proyecto, que quede en suspenso hasta que asuman las nuevas autoridades”, pues “tampoco queremos una ley corta de cuatro años, como es la idea de algunos parlamentarios”, sentenció Araya.

Del mismo modo emplazó a las empresas que presionan y hacen el lobby político en estas instancias, que tienen una tremenda responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy en la Araucanía.

Finalmente, hizo un llamado a la futura administración de Bachelet, para que cumpla un aspecto de su programa de gobierno, donde se señala que al actual modelo forestal se le dará una extensión máxima de dos años, “aunque lo que no dice de forma clara, es que debe existir la discusión de una nueva política forestal”, concluyó.

Pablo Huaiquilao, en tanto, ingeniero forestal e integrante de la Corporación Pewun Kimun, comentó que el estudio constata algo que las comunidades mapuche han denunciado desde hace décadas, que “este modelo de monocultivos forestales a gran escala no es sustentable, ni socialmente ni ambientalmente. Lo que ha sido un factor determinante en la situación de pobreza, de aislamiento, de las comunidades mapuche en todos los territorios, por ser agresivo, desde la compra fraudulenta de tierras, incluso desde el regalo de tierras desde el estado”, indicó.

Un modelo, con más de dos millones de hectáreas plantadas, que “impacta enormemente y ha transformado el paisaje ambiental y cultural mapuche, porque las nuevas generaciones ya no están conociendo las especies nativas, que cada una tienen su nombre y uso desde la cosmovisión mapuche. No es desarrollo por tanto para nosotros, porque las empresas forestales ni siquiera pagan impuestos territoriales en las comunas”, abundó.

Por último, Huaiquilao recordó que hace unos meses atrás decía un lonko de Loncoche “cuando llegaron las empresas forestales, estábamos contentos, porque pensamos que iba a haber trabajo para nosotros, incluso él se compró dos yunta de bueyes para trabajar y tuvo que venderlas porque todavía no puede trabajar en las empresas forestales”.

Por lo tanto, concluyó Huaiquilao, “este modelo es el principal efecto negativo en las comunidades mapuche. Las autoridades no han entendido que el modelo nos daña, y la violencia con que mantienen el modelo lo vemos todos los días en las comunidades, allanamientos y persecución, finalizó.