Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En América Latina, los casos de México y Colombia son preocupantes.
La desaparición forzada se vuelve una práctica común como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos y es una situación que afecta y convierte en víctimas a los familiares, a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Tiempo atrás, las desapariciones forzadas eran el producto de las dictaduras militares, sin embargo hoy, se ejecutan en situaciones de conflicto interno como método de represión política de los oponentes.
Líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas políticos, indígenas, ancianos y niños, son especialmente vulnerables ante esta situación, asegura la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Es preocupante el incremento de desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo. Los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido” señala la organización.
En Argentina, el caso del joven Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto del presente año, tras ser detenido por Gendarmería durante un allanamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, Argentina. La sociedad en general y los colectivos de derechos humanos responsabilizan al Estado, exigen su aparición y han interpuesto una denuncia ante la justicia al presidente Macri y a la Gendarmería Nacional. Por su parte, el ejecutivo y sus funcionarios sostienen que “no hay pruebas” que demuestren que Santiago se encontraba en ese lugar, aunque estas existan y se hayan presentado públicamente.
Ante la indiferencia y violación de los derechos humanos, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, comparó al Gobierno de Macri con la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, en la que sufrió la detención y desaparición de dos hijos y una nuera.
“Es tan parecido a la desaparición de nuestros hijos, me trajo tantos recuerdos”, sostuvo De Bonafini, al tiempo que aseguró que la Administración de Macri repite la práctica llevada a cabo por Videla: ocultar información sobre el paradero de las víctimas de la desaparición forzada.
Ayotzinapa, a casi 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes
Otro caso símbolo del olvido de justicia y de violaciones de derechos humanos, es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, en una clara intervención de las fuerzas armadas del Estado en todo sus niveles.
A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el Estado mexicano no ha dado ninguna respuesta relevante sobre el paradero de los jóvenes, por el contrario, ha tratado de silenciar y ocultar el tema, tras no permitir en reiteradas ocasiones la investigación de los organismos internacionales y las incoherencias de su propia investigación.
Tanto padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, como diversas organizaciones de los derechos humanos se han movilizado en reclamo de “verdad y justicia”. Ante la lucha, la Procuraduría General de la República (PGR) de México, sin avance alguno, ha asegurado que entregará resultados del caso en octubre de este año.
De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en México se desconoce el paradero de al menos 30 mil 973 personas. Según la Secretaría de Gobernación, son 639 casos ocurridos hace casi una década; 236 anteriores a 2007, y de 429 se desconoce la fecha exacta de las desapariciones.
Expertos aseguran que la mayoría de los desaparecidos han sido víctimas de secuestros por parte de bandas criminales, pero los organismos de derechos humanos señalan que las desapariciones forzadas se dan a manos de la policía y los militares, que la mayoría de las veces actúan en connivencia con las bandas criminales.
La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado al Gobierno mexicano por no hacer nada por esta problemática social relacionada con el narcotráfico y los grupos delincuenciales en complicidad con las fuerzas armadas.
Colombia, un país de desaparecidos
Colombia continúa siendo uno de los países de América Latina en donde más casos hay de desapariciones forzadas. Aún no se ha podido establecer el total de éstas durante el conflicto armado en Colombia. La cifra puede estar entre 30 mil y 60 mil personas, según el Sistema de Información de Red de Desaparecidos Cadáveres (SIRDEC).
Organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y políticos de Colombia han expresado su respaldo a la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tendrá como labor principal encontrar a los más de 50 mil desaparecidos que señalan existen víctimas de la guerra.
Las cifras, tanto de desapariciones forzadas, como de asesinatos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia evidencia la presencia de grupos paramilitares que van ocupando los espacios del territorio abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras el acuerdo de paz firmado con el Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Así lo aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien evidenció en un reciente informe que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.
