Desinformémonos| Ciudad de México. 29/ 06/2016.-Luego de días sin conocer el paradero y estado de la y los integrantes de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir que fueron detenidos e incomunicados, autoridades nicaragüenses informaron que se encuentran en la Dirección General de Migración y Extranjería para determinar su situación legal y de destino.
Luego de que la y los activistas extranjeros Ana Laura Rodríguez de Argentina, Byron Reyes Ortiz de Costa Rica, Daniel Espinoza Jiménez de España, Salvador Tenorio Pérez, Emanuel de la Luz Ruiz y Eugenio Pancelli Chávez de México así como la líder del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, Francisca Ramírez, quien ya fue liberada, fueran detenidos tras participar en un taller sobre Cambio Climático y Nuevas Tecnologías, serán deportados a sus países.
Aunque fueron detenidos bajo cargos de manipulación de artefactos y sustancias explosivas y la puesta en peligro para la población que argumentó la Policía Nacional de Nicaragua, ante la explosión accidental dentro de una finca donde se impartía un curso para la fabricación de cocinas de leña ecológicas, la detención se da también en un contexto de oposición en la construcción del canal interoceánico en Nicaragua así como por las protestas campesinas, en contra del megaproyecto para la creación de un Canal Interoceánico, lideradas por Francisca Ramírez.
En julio de 2013, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, aprobó con rapidez y cierto silencio la Ley 840 o Ley del Canal, con la que anunció obras que permitirían hacer veces más grande el canal de Panamá bajo la promesa de desarrollo para Nicaragua a través de la inversión extranjera. Este anuncio, y el análisis de y las expropiaciones que del megaproyecto se derivarán, sin la consulta de las y los dueños de las tierras, fue el detonante para que comenzara una serie de roces entre el gobierno y la población del lugar.
Poco a poco el movimiento en defensa de la tierra ganó fuerza ante la suma de personas indignadas ante lo que han considerado como la «renuncia completa a la soberanía nacional a cambio de una falsa promesa de desarrollo para Nicaragua» voces indignadas del pueblo nicaragüense no tardarían en hacerse escuchar ante este ataque a la soberanía nacional y a sus derechos.
Según información de Radio Zapatista, el Consejo Nacional en Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía explica que no sabían nada a cerca de la Ley 840 hasta que comenzaron a identificar a personas de origen chino que, acompañadas del ejercito de Nicaragua, llegaron al lugar a medir casas y propiedades sin pedir permiso de las y los propietarios. Ante esta situación que generó temor en la población comenzaron a organizarse, agruparse en asambleas, leer y analizar documentos entre los que se encontraron con dicha ley hecha por el el gobierno con el empresario Wang Jing (Presidente y director ejecutivo del grupo empresarial HKND), que «nos desprotege a nosotros los nicaragüenses y vende la concesión de la tierra para construir la mega-obra del canal».
Es en este contexto en que se da la detención de activistas entre los que se encuentran 3 mexicanos de los que el pasado lunes se anunció su deportación y se suma al de el estudiante Giovanni Torres Becerra, de 23 años, quien hace dos semanas estuvo varios días detenido sin acceso consular acusado de haber fingido su desaparición, por lo que a través de su Cancillería, México emitió una alerta a la ciudadanía para que viaja a Nicaragua con intensiones de realizar actividades de investigación, periodismo o académicas, informe a la Embajada y a las autoridades competentes para «asegurar que cuenten con las autorizaciones necesarias y evitar incurrir en sanciones».
