Foto: Lidia Arriagada-García
Lourdes Haquelina Gómez Willis denunció ante la Organización de las Naciones Unidas que continúan los desalojos forzados en las comunidades indígenas guatemaltecas durante el gobierno de Bernardo Arévalo. Ella es maya Q’eqchi’ y afrodescendiente, profesora y defensora de los derechos humanos, originaria de Cobán, Alta Verapaz.
Lourdes Haquelina Gómez Willis, durante la 17 sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo un llamado para que se “priorice el derecho a la tierra de los pueblos indígenas” en Guatemala.
Asegura que la falta de acceso a la tierra es “una de las causas estructurales y centro de promoción de formas de violencia que se reproducen contra las comunidades y promueven la movilización y el desplazamiento forzado”.
Estas acciones propician ecocidios, tierra arrasada, desalojos forzados, migración forzada y descertificación de comunidades, indicó.
Pese al cambio de gobierno, desde que asumió Bernardo Arévalo como presidente de la República, las comunidades indígenas de Guatemala han denunciado que continúan los desalojos forzados.
Desalojos recientes fueron denunciados en las comunidades de San José El Tesoro, en Cobán, Alta Verapaz y de las comunidades de Buena Vista, Santa Rosita, Esfuerzo Túnico y Plan Grande, en El Estor, Izabal, expuso Lourdes Willis.
Desalojos promovidos desde el Ministerio Público
La defensora de derechos humanos señaló que los desalojos forzados “y demás acciones de violencia estructural” han sido promovidas por el Ministerio Público (MP) que dirige la fiscal general Consuelo Porras, jueces corruptos, terratenientes, industrias extractivas en especial de palma africana, de caña de azúcar, hidroeléctricas y minerías”.
En paralelo estas acciones provienen de grupos “armados ilegales organizados para realizar desalojos extrajudiciales”, agregó.
A todo esto, se suma “el silencio de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el incumplimiento de estándares internacionales sobre desalojos, lo cual ha provocado una severa crisis humanitaria de familias indígenas en el norte del país”, principalmente en Alta Verapaz e Izabal, donde habita la población maya Q’eqchi’, explicó.
“Esto ha incrementado la desnutrición, la violencia contra la niñez y mujeres indígenas, asesinatos y criminalización de más de mil 700 defensores de la tierra”, declaró.
“Quiero nombrar a Rosa Ich Xi, Angelina Coy Choc, Olivia Mucu Ich, quienes son presas de conciencia, condenadas a 75 años de prisión, por defender su derecho a la tierra, el agua, luchar por la defensa de la vida. Ellas no solo defendieron el derecho de una comunidad sino defienden los derechos de todos”, señaló.
Primeros desalojos durante el gobierno de Arévalo
El 5 de junio de 2024, unos mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron a Cobán, Alta Verapaz, para desalojar a las familias que habitan en la finca “El Tesoro”, situada en la entrada de las aldeas Las Pacayas y Chitocán.
Los pobladores denunciaron aquella vez que los agentes de PNC iban acompañados por el concejal de Cobán, Ariel Hasse, quien lideraba el desalojo de los pobladores que ahora se resguardan a la intemperie tras haber sido expulsados.
Los comunitarios de la localidad también informaron sobre la destrucción de la escuela. Videos publicados evidencian que la incendiaron.
Asimismo, la comunidad de Plan Grande que está a orillas de la Sierra de Santa Cruz en El Estor, Izabal, habitan 38 familias Q’eqchi’. Estas personas han denunciado que, entre el 24 y 25 de junio de 2024, recibieron amenazas de desalojo de parte de trabajadores de la finca El Murciélago.
Los residentes de ese territorio indicaron que con esta nueva amenaza sumaban siete los intentos de desalojo de parte de los trabajadores de la finca.
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