(Yajkxonax, Petapa, Oaxaca).- El Istmo de Tehuantepec permanece amenazado por megaproyectos de empresas eólicas que despojan las tierras comunales para construir y colocar 1600 generadores. Estas construcciones obedecen a un megaproyecto eólico, pero también a un proyecto de corredor transístmico de hidrocarburos, a plantaciones de palma africana para utilizarla como energético y la apertura de minas a cielo abierto por todo el estado.

Hasta el momento, las comunidades no han sido consultadas sobre los megaproyectos, su voz respecto a la construcción de estos proyectos no ha sido tomada en cuenta, ni sus intereses, ni derechos de los pueblos, ni el daño ambiental, pese a que ellos son los propietarios de esas tierras. La realización de una consulta es una petición formal. Pero las comunidades no se han quedado con los brazos cruzados frente al hostigamiento. Además de denunciar despojos, divisionismo, daños ambientales y violencia, los pasados días 24, 25 y 26 de abril realizaron el III Foro nacional “El Istmo es nuestro” en el centro agroecológico Yajkxonax (tierra bonita, en lengua ayuuk), cerca de Matías Romero, Oaxaca.

El evento fue convocado por la UCIZONI (Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo), y por otras organizaciones como EDUCA, Frente de Pueblos del Bajo Mixe-Choapam, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, comisariado de bienes comunales de San Mateo del Mar, Alianza Nacional contra el Fracking, Defensores del mar, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la Casa del migrante Rushagalú de Matías Romero, Ojo de Agua comunicación, Radio Las Voces de los Pueblos, entre otras. Durante el foro, los presentes trabajaron en mesas que discutieron temas como Mujeres y territorio, Megaproyecto eólico en el Istmo, Hidrocarburos. También se impartieron talleres sobre agroecología y huertos biointensivos, gráfica popular, medicina tradicional, derechos humanos y comunicación; proyectaron documentales sobre pueblos en resistencia y hubo música y baile.

El caso de éxito de San Dionisio del Mar

Comuneros de San Dionisio del Mar narraron durante una conferencia magistral su experiencia frente al megaproyecto eólico de la empresa española Mareña Renovables, a quienes lograron expulsar de su territorio el año pasado. Pedro Orozco, defensor del mar, cuenta que la empresa quería pagar 100 pesos al año por rentarles una hectárea de terreno a las y los pobladores.

“¿Cuántos muertos necesita Mareña Renovables para imponer su proyecto?, ¿cuánto dinero le pagaron al presidente municipal para aceptar el proyecto?”, son preguntas que Pedro lanzó a personal de la empresa durante un evento público hace un par de años. -20 millones, contestaron, y el alcalde sólo reportó 14. Después de años de hostigamientos, amenazas y ataques a quienes se oponían a dicho proyecto eólico, fue posible detenerlo gracias a la organización del pueblo. “Una vez nos persiguieron unos hombres y nos rociaron con gasolina, querían incendiarnos”, cuenta Isaúl.

Pedro cuenta que los primeros en iniciar la lucha no continuaron. “Lograr romper el cerco mediático a través de redes sociales fue muy importante”, dice. Ambos comuneros destacaron la importancia del apoyo de otras organizaciones y colectivos, “llegaron compañeros de las universidades, todo el mundo aportó algo. Esta resistencia no tuvo un sello ni una marca, fue algo colectivo”.

Situación de migrantes en el Istmo

Modesta Noriega Castillejos es coordinadora del albergue Rushagalú en Matías Romero. Junto con otras tres compañeras ha instalado un puesto para vender comida durante el foro y poder recaudar fondos para el albergue. “Este proyecto lo iniciamos hace aproximadamente 12 años porque es el paso obligado del migrante por las vías del ferrocarril. Dimos algunos talleres de concientización para que la comunidad fuera solidaria, después tuvimos que conseguir el espacio para poder darles hospedaje”, cuenta.

El albergue lleva seis años recibiendo aproximadamente a 4 mil migrantes al año, brindándoles hospedaje, comida, ropa y atención psicológica por la situación de extorsiones, violencia, y violaciones a hombres y mujeres. “Promovemos los derechos, porque no se puede defender lo que no se conoce. Orientamos para que la gente se vaya empoderando en la defensa de sus derechos humanos. Derecho de las mujeres, de los niños y niñas, derecho a la salud. Somos diez mujeres y dos hombres”.

Doña Mode cuenta que a ella le toca conseguir los recursos, lo básico que es la alimentación. “Si llegan 20 migrantes al día pues hablamos de 60 comidas al día y para nosotros es prioridad”. “El alto comisionado de la ONU, a través de la OIM (Organización Mundial para el Migrante) nos donó equipo para que puedan comunicarse con sus familiares. A veces una llamada de dos o tres minutos les puede costar hasta 40 pesos, nosotros les damos las llamadas gratis. Venimos a vender acá para conseguir recursos para pagar el teléfono, para eso trabajamos”. Asegura que las mismas instituciones del Estado ponen en riesgo la vida de los migrantes. Cuenta que la comunidad se solidariza con el albergue, a veces donan tortillas, víveres, zapatos, mochilas. La resistencia es nacional

El despojo no se encuentra exclusivamente en la región istmeña, más de la mitad del territorio mexicano ha sido concesionado a empresas nacionales y trasnacionales para la explotación de bienes naturales, como gas, agua, petróleo y minerales.

En los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos desde el 2011 se ha buscado imponer el Proyecto Integral Morelos, que consta de un gasoducto de 160 km que atraviesa dichos estados, también dos hidroeléctricas en Huexca, Morelos, y un acueducto que pretende llevarse 50 millones de litros de agua del río Cuautla. Juan Carlos Flores, es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Durante diez meses él y Enedina Rosas, también integrante del Frente, fueron presos políticos del gobierno de Rafael Moreno Valle.

En entrevista para Másde131 Juan Carlos habla de este megaproyecto, asegura que durante un tiempo se logró detener la termoeléctrica, pero después se impuso mediante la fuerza. Al igual que el gasoducto, el cual fue resguardado por la policía estatal, federal y el Ejército.

El 6 de abril del 2014 detienen a Enedina Rosas, integrante del Frente de Pueblos y comisariada ejidal de Atlixco. Es acusada por la empresa italiana Bonati (constructora del gasoducto Morelos) de robarse dos celulares, esto porque la decisión ejidal les impedía que la empresa siguiera trabajando y estaban perdiendo dinero. Al día siguiente, mientras interponían una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Carlos fue detenido. Contaba con una orden de aprehensión desde el año 2011 también por la defensa del territorio. Fue acusado de motín, despojo, ataque a obra hidráulica, extorsión.

Durante diez meses permaneció en el penal de Cholula. Cuenta de las condiciones en las que vivían los presos, 20 personas compartían celdas de 2 x 3 metros aproximadamente. Sin medicinas, sin médicos, con visitas restringidas. “Es inhumano, nadie se merece vivir en esas condiciones”, dice Juan Carlos. “Durante el mandato de Moreno Valle ha habido 133 presos políticos. Nos preocupa que quiera ser presidente y cómo lo quiere conseguir”.

Al preguntar sobre las próximas elecciones, Juan Carlos asegura que el sistema de partidos está podrido. Piensa que debe haber manera de cambiar este sistema y pasar de una democracia representativa a una participativa. “Debemos encontrar y difundir una alternativa a esta forma de gobierno. Promover la comunicación y la compartición”, finaliza.

“Fuera megaproyectos de muerte”

Al finalizar el foro, cada mesa expuso el trabajo realizado. Finalmente se leyó un pronunciamiento (http://educaoaxaca.org/1614-declaracion-de-yakjxonax.html). Durante todo el evento sobresalió la participación de las mujeres, quienes exigieron un alto a la violencia que se vive en algunas comunidades, y aseguraron que seguirían participando en esta lucha. Las y los asistentes exigieron verdad y justicia para Ayotzinapa, se solidarizaron con las luchas por el territorio que se están dando en Zacatepec, Ixtepec, San Miguel Chimalapa, por las amenazas frente a proyectos mineros y cementeros.

También se sumaron a la Caravana en defensa del agua y la vida, encabezada por la Tribu Yaqui, la cual saldrá de distintas regiones del país, pasando por el Istmo. Asimismo exigieron justicia para Betty Cariño y Jyri Jaakola, a 5 años de su asesinato. Manifestaron su apoyo a las radios comunitarias, como instrumento fundamental para la organización y el desarrollo de los pueblos, e hicieron un llamado a la sociedad a solidarizarse con su lucha. Finalmente exigieron la cancelación de todos los megaproyectos que atentan contra la vida.