Ciudad de México | Desinformémonos. Las mineras buscan oro y plata en Oaxaca, como en otras partes del país, a través de megaproyectos concesionados por el gobierno, al tiempo que destruyen el tejido social, la comunidad, las tradiciones y amenazan, hostigan y asesinan a quienes defienden la tierra, que para ellas y ellos es la vida, describió a Desinformémonos, Rosalinda Dionisio Sánchez, defensora de la tierra y el territorio e integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan, quienes por más de diez años han rechazado un proyecto minero que involucra más del 90 por ciento del territorio de al menos nueve comunidades de Oaxaca.

“Es necesario que todas y todos defendamos la tierra, en cada espacio, en cada casa, no es necesario venir al campo, y es que, la apatía nos ha golpeado mucho”.

Ahí en Ocotlán, la problemática entre empresas y las comunidades comenzó en 2008. Específicamente en San José del Progreso, un lugar ubicado en la parte central del estado de Oaxaca, en la región de los Valles Centrales en el que, antes de que llegara el proyecto minero sin previo aviso, sin información sobre los alcances y las implicaciones ni una consulta previa, la comunidad convivía, celebraba sus fiestas patronales y tradiciones, crecía en una cultura creyente de la iglesia católica pero también en el cuidado del medio ambiente, “el megaproyecto a destruido, también, nuestro tejido social por la violencia, la compra de tierras y personas”, dice Rosalinda.

“Aquí crecimos cuidando a las plantas, de hecho las catequistas nos enseñaban eso además de la doctrina, es decir que se unían. Entonces cuando había una confirmación, se acostumbraba a entregar un árbol al que el o la niña junto a sus padres se comprometían a cuidar”, describe Rosalinda quien nació y creció en el lugar igual que su madre, padre, abuelas y abuelos. Ahora ya hay, de hecho, una nueva generación en su familia.

San José colinda con al norte con los municipios de Asunción Ocotlán, San Pedro Mártir y Santa Lucía Ocotlán; al sur con Ejutla de Crespo y Coatecas Altas; al oriente con San Jerónimo Taviche; al poniente con San Pedro Apóstol, Magdalena Ocotlán y San Mártir de los Cansecos. En San José hay poca agua y por ende vegetación, por lo desde la niñez, se enseña su cuidado, “porque lo verde genera humedad y esa humedad hace que vuelva a llover, y aquí necesitamos llamar al agua”, dice Dionisio para describir el entorno, de templado a seco, en el que su generación creció.

Rosalinda describe que fue desde 2008 que la comunidad comenzó a notar la llegada de personas extrañas al pueblo, de “grandes camiones y camionetas que aquí en la comunidad no hay”, que llegaban a instalarse, a hacer algunas exploraciones, pero, sin dar nunca información alguna sobre lo que se pretendía. Comenzaron a indagar, a preguntar, querían saber, dice, qué iba a pasar, hasta que por sus propios medios descubrieron que eran las minas. “Mi abuelo nos contó que hace mucho encontraron oro y plata, incluso carbón, pero luego ya no tuvieron la maquinaria necesaria para seguir, pero hoy, ya la hay”, detalla.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), este no es un hecho aislado sino que se trata de “megaproyectos”, que han proliferado en los últimos años en nuestro país, y que se centran en la explotación de los recursos naturales, esto, afirman, “sin medir debidamente las consecuencias que tendremos a corto, mediano y largo plazo sobre la sostenibilidad los recursos naturales, las especies y los ecosistemas”, entre los proyectos que se han emprendido están las concesiones mineras, de uso y aprovechamiento de aguas, permisos para descargas de aguas residuales y autorizaciones para la instalación de rellenos sanitarios o de residuos peligrosos, entre otros, detallan en su “Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015”.

Desde que la población pudo confirmar esta información, comenzaron en primer lugar: la organización, dice Rosalinda, se reunieron en el pueblo pero también con otras comunidades. Recuerda que en ese tiempo llegó una organización a ofrecer información y proyectar videos en los que se explicaban las implicaciones que los proyectos mineros tenían en las comunidades, “así que la consciencia creció”, dice, aunque a la par, “la empresa llegó a decir mentiras a la comunidad, decían que construirían un hospital y escuelas, que habría empleo, y algunos lo creyeron, pero la gran mayoría se involucro en la organización para impedir el proyecto”.

Durante un año la comunidad se asesoró, se organizó y concientizó, narra Dionisio, y ante la falta de respuestas, de diálogo para consultar a la comunidad, en marzo de 2009 deciden tomar la oficina de la minera.

“Todo el pueblo se sumó, rodeamos la casita en la que se instaló la minera para impedir que se continuara trabajando en un proyecto para el que no se nos consultó, en el que no estamos de acuerdo por que sabemos y vivimos sus implicaciones”. Mujeres y hombres emprendieron una guardia para “resistir”, durante tres meses, la toma del lugar, describe, de día las mujeres y de noche los hombres, “las niñas, niños y ancianos participaron también participaron”.

Todos se organizaron para mantener rodeado el lugar, para la elaboración de alimentos para las guardias y la información que iba y venía, dice Dionisio, hasta el 6 de mayo de 2009, “el día de la represión”, recuerda.

Ese día, narra, estaban las mujeres en la guardia cuando llegaron unos mil 500 elementos de seguridad estatales y federales armados montados en “camionetas repletas”, describe, acompañados de perros policía, motonetas que cercaron a las mujeres, niñas y niños que se encontraban de guardia.

“Nos atacaron como si fuéramos criminales, ¿Por qué?”, cuestiona Rosalinda.

En el desalojo hubo golpes, empujones e insultos, “nos echaron a los perros cuando ya nos tenían encapsuladas”. Para entonces, el resto de la comunidad había llegado al lugar para tratar de impedir que se llevaran a algunas personas sin lograrlo.

“Me acuerdo que traían una lista, pero nos cambiamos el nombre, sin embargo, alguien desde una patrulla nos comenzó a señalar y finalmente detuvieron a 19 personas entre las que iba una compañera. Los que nos quedamos teníamos miedo de que desaparecieran a nuestros compañeros así que nos movilizamos”.

Para entonces, afirma Rosalinda, ya habíamos aprendido que la “organización es interna”, aunque solicitan acompañamiento de organizaciones civiles, las decisiones son suyas, así lo describe. Pidieron apoyo a la Sección 22, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para que les proporcionara un abogado que llevara el caso de quienes se encontraban presos y luego de tres meses se logró su liberación.

En en enero y marzo de 2012, producto de los enfrentamientos en medio de la “resistencia”, que la comunidad hasta hoy continúa, fueron asesinados Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez hechos sobre los cuales siguen exigiendo justicia.

“El coraje me hizo involucrarme cada vez más. Por que la injusticia era para nosotros, para la comunidad”, comparte Dionisio.

El conflicto continuó, las obras de la empresa que han generado, a decir de Dionicio, ruido por las noches que impide el descanso ya que la obra están a escasos 2 kilómetros de la comunidad, enfermedades producto del desecho de residuos tóxicos, entre ellos, malformaciones y abortos espontáneos, esto en medio de negativas a hacer estudios del aire, y de que no se cuente con un registro médico ya que, afirma, “las clinicas están controladas por la empresa y los registros se detallas a modo para que no haya evidencias”.

Para 2015, la organización, valora Dionisio, siguió prosperando, “a pesar de las dificultades”, y el 30 de noviembre, nueve ejidos y comunidades de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula declaran su territorio “prohibido para la minería”.

Denuncian, mediante un comunicado que en los últimos diez años el gobierno federal había concesionado alrededor del 90 por ciento del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto hubiera implicado un proceso de consulta y “consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos”, acusaron.

A pesar de esto, hace tres días, las comunidades volvieron a denunciar que no solo no se habían detenido las obras sino que habían detectado una “extensión del proyecto”, derivado del: “interés por ampliar el proyecto minero, ha invadido nuestros ejidos y comunidades realizando trabajos de exploración a partir de barrenaciones y explosiones en nuestros límites, sin los permisos respectivos de la SEMARNAT, provocando ruidos intensos y polvo excesivo, sobre todo durante la noche. Estas acciones violan sistemáticamente nuestro derecho a la autonomía territorial”, y exigieron, nuevamente, la cancelación de los proyectos.

La imposición del proyecto minero en Valle de Ocotlán viola el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes ha sido “violentado” ya que en el punto uno de su Artículo 6, inciso “a”, dice que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.

No se trata de un hecho aislado, muestra de lo anterior son los casos que enfrentan situaciones similares en territorio mexicano casos como el de Atenco, en el Estado de México, y su lucha en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto, la defensa del bosque Nixticuil en Zapopan, Jalisco, la exigencia de cancelación del proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla, son algunos ejemplos.

Al respecto, más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia realizaron un informe que fue entregado a representantes de la Organización de Naciones Unidas a principios del mes, en el que a través de la revisión de 68 casos, pudieron documentar “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”.

El informe denominado “México: Empresas y derechos Humanos”, detalla que es en un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México, y afirman que, las empresas se “han beneficiado” de esta situación en la que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia a pesar de que, dicen, “tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto”.

Como en el caso del megaproyecto minero en la Sierra de Ocotlán, el informe señala la poca o nula consulta que las empresas aplican en la comunidad al presentar un proyecto que afectara directamente a esta población, y con ello, explican: “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas”.

Abundan que la “Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, es una constate y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras: “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen, al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.

Por otro lado, Cemda, resalta como esta proliferación de megaproyectos ha incrementado, también, los ataques en contra de quienes defienden el medio ambiente de los mismos, detallan que “el registro de 60 casos de ataques a defensores ambientales en los primeros seis meses de 2015, en promedio diez por mes, cifra que representa mucho más de la mitad de los ataques registrados en el informe 2014, donde se registraron 82 casos de ataques y supera el total de los casos que se registraron en el año 2013, que fue de 53, mostrando un claro aumento en las agresiones…”.

El informe coloca a Oaxaca como la segunda entidad federativa con mayor número de ataques a defensores del medio ambiente con 13 casos, solo tres menos que las perpetradas en Sonora, que ocupa el primer lugar.

“Esta lucha ha valido la pena porque queremos vivir en un ambiente sano, limpio, como recordamos nuestras comunidades. Es nuestra madre tierra, la que nos alimenta para sobrevivir. Nos toca entonces cuidarla, no destruirla. Yo ya soy adulta, pero vienen otras generaciones que merecen calidad de vida y si en San José nos rendimos, será fácil invadir todo”, finaliza Rosalinda, quien a vivido en San José del Progreso los 33 años de su vida y afirma, seguirá defendiéndolo.

Los informes referidos, pueden consultarse en:

México: Empresas y derechos Humanos: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf

Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015 (Cemda): http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf