Los reclusos confinados en las penitenciarías y cárceles de alta y mediana seguridad de Colombia divulgan un manifiesto a la opinión pública nacional e internacional, a las ONG defensoras de derechos humanos, entes de control, al Ministerio del Interior y de Justicia, al director general del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y a los medios de comunicación en general, que desde el lunes, 20 de octubre, la población reclusa del país está en una jornada de huelga y desobediencia civil y parálisis de todas las actividades. La movilización es liderada por el Movimiento Nacional Carcelario (MNC).
El motivo presentado por el Movimiento es la «grave crisis que hoy afrontan los presos de Colombia a través del sistema penitenciario y carcelario. «La situación tiene su génesis en una política criminal injusta y excluyente. Esta promueve la deshumanización al interior de las cárceles y por consiguiente incrementa el hacinamiento y la no atención en salud, la mala alimentación, instalaciones no aptas para seres humanos, poco personal para atender la demanda de los presos, demora en los trámites jurídicos y administrativos, y la vulneración de otros derechos mínimos fundamentales, declara el manifiesto.
Por esto desde el MNC se hace un llamado a la desobediencia nacional de los presos de todo el país como alternativa posible de exigirle al gobierno nacional y demás ramas del poder una urgente solución a la problemática. Las exigencias se fundamentan en la Constitución, la ley y las normas concordantes que garantizan los derechos de los presos, los cuales hoy el Inpec y el gobierno nacional sistemáticamente vulneran de forma dolosa.
Las cárceles y penitenciarias del país están reventadas por la sobrepoblación, llegada a un tope histórico del 58,3%, atiborradas de condenados y sindicados que se encuentran al interior de los establecimientos penitenciarios en condiciones infrahumanas. «Los denominados cementerios de hombres vivos.
El Movimiento Nacional Carcelario exige a nombre de toda la población reclusa del país, como punto de partida para un verdadero tratamiento penitenciario y cumplir así las prerrogativas de la ley, lo siguiente: instalación de una mesa nacional de concertación como espacio de diálogos del MNC, sociedad y gobierno para tratar la problemática penitenciaria carcelaria y judicial de los presos colombianos; declaración de la emergencia social y humanitaria, la cual obligue a las soluciones inmediatas de la grave situación planteada, lo que lleva a rechazar la creación de más cupos carcelarios; apoyo al proyecto de ley 082, de rebaja de penas del 20% a todos los presos del país, sin que este quede supeditado al proceso de paz hoy llevado en La Habana (Cuba); y otorgamiento real y efectivo de todos los subrogados penales y beneficios administrativos para todos los presos.
Además los reclusos demandan la visita de ocho horas para todos los establecimientos de alta seguridad; acercamiento familiar y procesal para todos los presos y dignificación de las visitas; solución real, definitiva e inmediata a la grave situación de salud que padecen todos los presos del país; y no a la extradición, sí a la repatriación de los connacionales en cárceles extranjeras.
Farc
La Delegación de Paz de las FARC-EP [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo] manifiestan en un comunicado público su solidaridad con la jornada de huelga, desobediencia civil y parálisis de todas las actividades del Movimiento Nacional Carcelario.
La guerrilla añade que las cárceles están llenas de personas que han sido privadas de su libertad sin prueba alguna. Muchos son dirigentes sociales y populares a los que se pretende neutralizar políticamente. Las cifras de defensores de derechos humanos indican que de 68.000 personas privadas de la libertad, la mayoría está sin juicio ni sentencia, y sin posibilidades de una defensa adecuada y un debido proceso.
Para las Farc, merece énfasis especial la situación de las mujeres prisioneras, quienes representan el 12% de la población carcelaria, cuyas condiciones de reclusión se agravan por la violencia sexual ejercida por carceleros y carceleras y por ausencia de una política que atienda situaciones de gestación y maternidad.
«En la medida en que crecen las injusticias derivadas de la desigualdad y de la miseria, y con ello la protesta, crecen las imputaciones y condenas por rebelión y terrorismo contra personas no combatientes: dirigentes sindicales, estudiantiles, populares, defensores de derechos humanos o gente del común; este tipo de casos representa al menos el 60% de la población carcelaria, declaran los guerrilleros.