Fotografía : UVOC
Entrevista a Carlos Morales, coordinador de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) a propósito de los desalojos en la comunidad de Nuevo Semuy y el asesinato del compañero Emilio Toc Pop.
La sociedad guatemalteca todavía experimenta un proceso de 20 años de transición democrática que se empezaría a consolidar después de la firma de la paz Firme y Duradera, que además marcó el final de la guerra que vivió el país. Este proceso de democratización tiene dificultades y tropiezos dada la realidad de una sociedad dividida, fragmentada y enfrentada como la nuestra, situación que se ve agravada con desalojos, órdenes de captura, capturas, amenazas, criminalización a los defensores y defensoras de derechos humanos y las muertes, todo esto por las políticas económicas que han empobrecido más a la población, principalmente a los sectores indígenas, campesinos y los medios de comunicación alternativos que están a favor del pueblo.
Sabemos que la violencia que se genera al momento de desalojar a campesinos e indígenas solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a las instituciones que velan por la seguridad del país; Policía Nacional Civil, Ministerio Público y las instituciones del Estado que velan por los derechos humanos, que accionen en contra de los que de manera ilegal desalojan a las comunidad q’eqchi’ con armas de fuego y generan violencia física y psicológica.
¿Nos podría hablar sobre los desalojos en la coyuntura actual?
Para recordar y hablar sobre desalojos, empezaré por Santa Inés, comunidad poqomchí donde se realizaron tres capturas el 5 de enero del 2017, además lo sucedido en el valle de Polochic, Lanquín, Samococh, Monte Olivo, La Cumbre en Tactic, Ch’ab’il Ch’och’ y las otras comunidades de El Estor, Izabal. La gente escuchó de manera pacífica y consiente a los representantes del Estado que llegaron a desalojarlos, pero esta vez no había alegría, sino temor, ya que con uso excesivo de la fuerza desalojaron a niños, mujeres, mujeres embarazadas, ancianos. La población miraba como los sueños de tener su tierra era destruido, recordando la historia de despojo en la zona norte del país.
Este 20 y 21 de noviembre, se desalojó a la comunidad Nuevo Semuy y empezaron a dispararles desde varias direcciones por media hora; en esos momentos hirieron de gravedad a Emilio Toc y Ricardo Maquín. Después del ataque las familias se dispersaron y lograron contactar al centro de salud más cercano, pero la respuesta fue que la ambulancia andaba haciendo otras diligencias y regresaría horas más tarde. Desgraciadamente en la madrugada de hoy (21 de noviembre, 2017) falleció el compañero Emilio Toc Pop, sin ser auxiliado por personal de salud.
Según testigos, Javier Choc trabajador de la finca Trece Aguas se encargó de dirigir el ataque. Se sabe que en días anteriores ofreció entre Q60 a Q80 a cada hombre de comunidades aledañas a Nuevo Semuy, para intimidar y atacar a las familias desalojadas que se encuentran viviendo en la orilla del camino de terracería que conduce al lugar.
Criminalización y detenciones
Muchas empresas nacionales e internacionales, personas individuales o colectivos poderos con estrategias de criminalización persiguen defender los intereses económicos de las élites, de finqueros, empresarios y profundizar el proyecto militar de control y miedo para someter el territorio por medio del saqueo y el despojo. Y finalment neutralizar y desarticular la lucha de resistencia comunitaria por la defensa del territorio y el descontento social.
Estamos realmente preocupados por la detención del comunicador del Estor Jerson Antonio Xitumul Morales, periodista local de Prensa Comunitaria. Fue detenido en El Estor el pasado 11 de noviembre sin orden de captura, la policía llevaba una fotografía de él en un celular y con eso bastó para llevárselo. Jerson estaba siendo hostigado por su ejercicio periodístico a nivel local, desde mediados de mayo de este año.
Una de las formas de represión de las que hablo es la criminalización y judialización. Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente comunican y en el caso de Jerson, que defiende los derechos colectivos por considerarlos nocivos para la vida. Muchas veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales, otras veces no. El mensaje para ambos casos es el mismo “que nadie se atreva a seguir organizándose, a pensar, opinar y defender lo propio”.
Como Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y otros movimientos sociales venimos sufriendo de desalojos permanentes en Alta y Baja Verapaz.
Debemos no caer en el juego y manipulación de un grupito de personas que intenta consolidar más su poder, mediante vías violentas para enriquecerse por medio del despojo de tierras ancestrales en las comunidades q´eqchi´s y poqomchi´s en Alta Verapaz, esto es corrupción y manipulación de intereses del sistema.
Aun así, todos los sectores de la sociedad trabajamos para producir los cambios que la situación exige, al mismo tiempo que cultivamos una nueva actitud para enfrentar los retos y desafíos. Como campesinos productores de la riqueza en las fincas de cardamomo, café, caña, palma africana, hule, banano, ganado y en nuestros terrenos el fríjol, hortalizas y nuestro sagrado maíz, somos parte fundamental de la sociedad guatemalteca. Sobre la base de esa realidad de productores de la tierra con nuestro trabajo diario, tenemos el derecho a impulsar el desarrollo rural y lograr nuestros derechos laborales.
Las instituciones que administran la justicia y la protección de la ciudadanía del país deben considerar que la vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la tierra y territorio de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.
Este material se comparte con autorización de Prensa Comunitaria
