México. Dictan nuevas órdenes de aprehensión contra cuatro indígenas habitantes del ejido Nueva Tola, en Chiapas, a quienes se les imputa la responsabilidad de la masacre en la comunidad Viejo Velasco Suárez, en el norte de Montes Azules, Chiapas, donde murieron seis personas y desaparecieron a dos más en el año 2006, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El 13 de noviembre de 2006, a orillas de la reserva Biósfera de Montes Azules en la Selva Lacandona, un grupo de por lo menos cuarenta personas de la comunidad Nueva Palestina, junto con 300 elementos de la Policía Sectorial agredieron a hombres y mujeres tseltales, tsotsiles y choles que habitaban la comunidad Viejo Velasco, dejando como saldo, además de seis muertos y dos desaparecidos, el desplazamiento forzado de 36 personas que sobrevivieron al ataque, en el contexto de una política de desalojos en la Selva lacandona promovida por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y Reforma Agraria (SRA), indicó el Frayba.

El día de los hechos los habitantes del ejido Nueva Tola, le brindaron apoyo a los desplazados que llegaron de Viejo Velasco, además organizaron una brigada de observación para registrar la violación a los derechos humanos. Diego Argos, quien participaba de la brigada fue también privado de su libertad durante un año, y torturado.

El Centro de Derechos Humanos, explicó que a los indígenas de la organización Xi´Nich, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se les violenta el derecho a las garantías judiciales, entre ellas la presunción de inocencia. En el 2013, ante el Juzgado Sexto de Distrito, se presentó un amparo con el objetivo de que se analizara el derecho a las garantías y once meses después el juzgado concedió el amparo a las cuatro personas.

A pesar del amparo concedido, un mes después un juez del distrito judicial de Ocosingo, emitió una nueva orden de aprehensión, aún con la falta de pruebas para demostrar la participación de los indígenas en la masacre, violando así el derecho a la presunción de inocencia.

En un comunicado de prensa, el Frayba denunció que la línea de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado ha estado más enfocada en obstruir la justicia que en aclarar los hechos, pues no se ha juzgado a los verdaderos culpables y las víctimas se convirtieron en victimarios.

La exigencia del Centro de Derechos Humanos sigue siendo que el Estado cumpla con una verdadera investigación, completa, efectiva y pronta, y que tenga como objetivo identificar y sancionar a los verdaderos responsables para que el caso no continúe en la impunidad. El Frayba también demanda que el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales; la presentación con vida de las dos personas desaparecidas y que el retorno a su territorio de los desplazados, se haga de manera inmediata.