Ciudad de Guatemala, Guatemala. Treinta años de lucha de los sobrevivientes a las masacres de la dictadura guatemalteca finalmente dieron fruto. El ex general José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión inconmutables por ser culpable del genocidio contra el pueblo maya-ixil entre 1982 y 1983.

Ante aplauso, abrazos,  llanto y alegría de las personas que llenaron la sala de vistas públicas de la Suprema Corte de Justicia, en la Ciudad de Guatemala, la jueza Jazmín Barrios convirtió a Guatemala en el primer país en el mundo en sentenciar a un ex jefe de Estado por el delito de genocidio en una corte nacional.

Con esta histórica sentencia, la Suprema Corte reconoce que en 1982 y 1983, cuando Ríos Montt fungió como presidente de facto, el Estado guatemalteco cometió genocidio contra el pueblo maya-ixil.

José Efraín Ríos Montt asumió el poder en Guatemala tras un golpe de Estado en marzo 1982, cuando el país se encontraba sumergido en una guerra sucia que duró más de 36 años y que cobró la vida de más de 200 mil habitantes, mientras más de millón y medio de personas fueron obligadas a desplazarse a las montañas para salvar sus vidas. Un mínimo de 45 mil personas siguen desaparecidas, sin que el Estado muestre voluntad de respetar el derecho a la verdad que tienen sus familias.

El periodo de gobierno de Ríos Montt es considerado uno de los capítulos más sangrientos de la guerra en Guatemala. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico señala que, bajo su mando se planificó y ejecutó genocidio contra un mínimo de cuatro grupos étnicos mayas, ya que la doctrina de seguridad nacional los consideraba “enemigo interno”.

Efraín Ríos Montt recibió la pena máxima de 50 años por genocidio y la pena máxima por delitos contra los deberes de la humanidad, que son 30 años. La jueza Barrios canceló las medidas sustitutivas que permitieron al general retirado gozar de arresto domiciliario desde que fue ligado a proceso -el 26 de enero 2012. La juez ordenó su arresto inmediato y, al concluir la audiencia, fue enviado a una celda en el centro penitenciario Cuartel General de Matamoros. Barrios citó a una nueva audiencia el lunes 13 de mayo para  tratar las medidas de reparación a las víctimas. A la vez, el ex general José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fungió como director del órgano de inteligencia G-2 durante el gobierno de facto de Ríos Montt, fue absuelto de los mismos delitos. Según las palabras de Jazmín Barrios, la G-2 “no tenía injerencia en el campo de operaciones”, y “la duda favorece al acusado”.

La jueza leyó la sentencia de manera sintética y pospuso su lectura completa para el 17 de mayo. Fundamentó la sentencia en las declaraciones de testigos presenciales y algunos de los peritajes sociológicos, antropológicos y militares que se presentaron ante el tribunal durante el mes y medio que duró el juicio, desde su inicio el 19 de marzo. Se dio especial importancia a las declaraciones de las mujeres que el 9 de abril explicaron ante el tribunal cómo ellas, sus madres y sus hijas fueron abusadas sexualmente y completamente deshumanizadas por los soldados.

La violencia sexual descrita por las mujeres “fue realizada de manera continuada, y contribuyó a la destrucción del tejido social, ya que las violaciones y mutilaciones ocasionaron traumas y terror, destrucción física y cultural, teniendo como objetivo eliminar a la etnia maya ixil”, señaló la jueza. “Las mujeres son responsables de la reproducción física y cultural del ser humano. Por esta razón, los juzgadores consideramos que no sólo se violó a las mujeres como botín de guerra, sino para causar la ruptura del tejido social y lograr la eliminación de la semilla ixil”, agregó.

Después de repasar algunos de los peritajes decisivos en la tipificación del genocidio, Barrios añadió: “Para este juzgado es admirable cómo los ixiles han defendido su identidad cultural, aun en medio de la adversidad. Se prohibió hablar el idioma materno, el cual han conservado como elemento cultural de resistencia contra la imposición cultural y la militarización a la cual fueron sometidos”.

“Este tipo de hechos no deben repetirse”

Al finalizar la lectura, el juzgado subrayó que la sentencia no sólo es sobre las víctimas directas del caso, ni tampoco sólo sobre un culpable; la sentencia abarca a todo Guatemala, en su entendimiento del pasado y presente, y potencialmente en su futuro: “Habiendo observado el temor y dolor de los testigos, aun cuando han pasado varios años, tenemos que expresar que el reconocimiento del delito del genocidio afecta a todos los guatemaltecos, porque además de producir daños a las víctimas y a sus familias en forma concreta, también dañó el tejido social de los guatemaltecos”.

La juzgadora señaló que “creemos firmemente que reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado, y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas. También fortalece al Estado de Derecho de nuestro país, haciendo conciencia de que este tipo de hechos no deben repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural y multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas. Creemos en realidad que para que exista paz en Guatemala, debe existir previamente justicia”.

La jueza Barrios ordenó al Ministerio Público que siga investigando a las personas que resulten ser culpables por los delitos que se juzgan.

La negación del genocidio

Todo parece indicar que muchas personas ven sus intereses afectados por el juicio. Desde que inició, distintos grupos de veteranos militares -como Avemilgua y la Fundación contra el Terrorismo- desataron una amplia campaña propagandística contra el conocimiento de la verdad y la justicia. Su idea central es que quienes exigen justicia son terroristas y enemigos de la paz (entendida como status quo), y que son organizaciones no gubernamentales con financiamiento “extranjero” quienes supuestamente manipulan a las víctimas. En repetidas ocasiones, tanto ellos como los defensores de los dos generales reiteraron su disposición para ir “hasta las últimas consecuencias” en caso de que se juzgara a Ríos Montt.

El 12 de mayo, la representación de las cúpulas locales del poder económico, el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala), se unió al clamor militar dando declaraciones contra la sentencia. Incluso el presidente de Guatemala, ex general Otto Pérez Molina, negó en varias entrevistas desde el inicio del juicio la existencia de genocidio en el país. En una entrevista con CNN después de la sentencia ratificó su postura, aunque explicó que lo dijo “a título personal”, e indicó que como jefe del poder ejecutivo, su interés es “vigilar que la justicia no sea parcial”.

Las declaraciones de Pérez Molina son un eco de las recientes campañas de voceros de ex militares y de la extrema derecha, quienes sembraron en la opinión pública la idea de que el ejército y la guerrilla comparten la responsabilidad por las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas (y que por ende no hubo genocidio). A la pregunta directa del reportero sobre si Pérez Molina tiene un interés personal en negar el genocidio, ya que él fue militar durante el gobierno de Ríos Montt y puede estar dentro del conjunto de fuerzas armadas que fueron partícipes[1], el presidente sólo contestó de manera imprecisa; sin embargo, para quienes tienen memoria, no queda mucho lugar para la duda.

La continua lucha por la justicia

Con esta histórica sentencia por genocidio, se sienta un precedente importante para la lucha por los derechos humanos, la dignificación de las víctimas y el combate a la impunidad. Los sobrevivientes y familias de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y jóvenes se permitieron celebrar la sentencia, pero saben que aún deben luchar para que la sentencia no sea revocada y la justicia gane. Faltan recursos jurídicos por resolverse con distintos tribunales, después de las confusiones jurídicas provocadas por la defensa de Ríos Montt. Además, todo indica que sus abogados apelarán la sentencia.

La preocupación que existe es que la justicia sea vulnerada por la debilidad, la politización y la posible corrupción del sistema de justicia guatemalteco, incluyendo a la Corte de Constitucional (CC), instancia que posiblemente tendrá la última palabra. Probablemente las instancias de justicia experimentarán fuertes cabildeos y presiones en sus corredores.

Con esta sentencia, Guatemala puede dar un importante paso hacia la justicia y la paz, e incluso convertirse en un ejemplo a seguir en materia de derechos humanos. Lamentablemente, la negación del genocidio por parte del presidente y otros funcionarios de gobierno, a la par de las recientes atrocidades cometidas contra las comunidades que están en resistencia contra los proyectos mineros -como la matanza de los siete indígenas de Totonicapan en 2012, el reciente secuestro de los cuatro líderes comunitarios xincas de Santa María Xalapan, el secuestro y muerte  de Daniel Pedro Mateo de Santa Eulalia, Huehuetenango, y el recién declarado estado de sitio en San Rafael las Flores- nos recuerdan que la sentencia de Jazmín Barrios es una pequeña (pero importante) estrella en un mar de impunidad.

En un país donde el poder militar y económico es capaz de cometer genocidio para defender sus intereses y amenazar treinta años más tarde con ir “hasta las últimas consecuencias”, es necesario reconocer la valentía y esfuerzo de todas las personas que sin miedo luchan y dan sus vidas por la justicia. También es evidente que corren un inminente riesgo. Acompañar a quienes luchan por los derechos humanos en Guatemala es más importante ahora que en cualquier otro momento.