Con el apoyo del Ejército y de agentes de las policías Federal y estatal, sin consulta previa, libre e informada, haciendo caso omiso de las actas de las asambleas ejidales y comunitarias que rechazan el paso del gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), se reiniciaron los trabajos de construcción de esa infraestructura en los pueblos indígenas de San Juan Amecac y San Marcos Acteopan, Puebla, denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT)

El PIM incluye un gasoducto que pasa por comunidades de dichas entidades, comprendidas en la ruta de peligro volcánico del Popocatépetl, así como la construcción de dos termoeléctricas en la comunidad de Huexca, en Morelos, la primera de las cuales se está construyendo bajo vigilancia de policías federal y estatal.

El FPDTAMPT denunció que la mañana del martes 27 arribaron a la comunidad de San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo, Coguecan y Acteopan, patrullas de policías estatales, que se mantuvieron sobre la autopista cercana a Amecac, además de seis tanquetas de militares que llegaron directamente a San Juan Amecac, escoltando la llegada de maquinaria para perforar y descargar los tubos de ese «proyecto de muerte».

A su vez, Samir Flores, integrante del frente en el pueblo nahua de Amilcingo, Morelos, indicó que recurrirán a un amparo porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas españolas que construyen el gasoducto no respetan los acuerdos, plasmados en actas desde hace año y medio y reiterados hace dos meses, del ejido y la comunidad de no permitir el paso del gasoducto, además de que no cumplieron con la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho, ya reconocido por la Suprema Corte de Justicia para los pueblos purépecha de Cherán, Michoacán y yaquis de Sonora.

El FPDTAMPT subrayó en un comunicado que los gobiernos federal y los estatales de Puebla y Morelos en vez de dialogar pretenden imponer e intimidar con el ejército y las policías, apresando a sus compañeros como Juan Carlos Flores, Enedina Rosas y Abraham Cordero -cuya libertad demanda- que no han cometido más delito que oponerse a «proyectos que nos matan, que nos sepultan, que nos destierran, que nos despojan de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra libre determinación».

«Los pueblos sabemos que al pasar el gasoducto no sólo no podemos seguir realizando esas actividades que son propias de nuestra forma de vida, sino que además estaremos expuestos a desaparecer en caso de explosión, pues tenemos conocimiento de las tantas y tantas explosiones provocadas por gasoductos en los diferentes pueblos como San Juanico», agrega.

La organización responsabiliza a Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla; Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos, y a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, por las violaciones a derechos humanos que se están perpetrando desde hace dos años en las comunidades en resistencia al PIM y por los hechos que pudieran ocurrir en días siguientes ante la presencia de militares y policías en los pueblos en resistencia.