Representantes de comunidades del municipio El Estor (Departamento de Izabal), en Guatemala, denuncian que familias de los indígenas Qe´qchi´s han sufrido desalojo forzado y violencia policial en las últimas semanas. En rueda de prensa realizada el último 16 de julio, dirigentes de la región expusieron la situación y exigieron una investigación por parte del Ministerio Público y una urgente legalización de tierras para los pueblos.
Según ellos, el último 10 de julio, fuerzas policiales llegaron a disparar bombas de gases lacrimógenos contra mujeres y niños que se encontraban en la comunidad 30 de Junio Se´chaj, acción realizada después de una autorización de desalojo por parte de la Justicia de Guatemala. Juan Tuc, representante de las comunidades de El Estor, afirma que la Policía Nacional Civil, guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y agentes contratados por la empresa habrían actuado en contra de la comunidad sin que ésta reciba la orden oficial de desalojo.
Entre las comunidades afectadas están: 30 de Junio Se´chaj, Asociación Campesina Maya Q´eqchi, Setal, Agua Caliente Lote 9, Comunidad 13 de abril, Lote 8, Las Nubes, La Ceiba y El Zapotillo. El resultado de la acción de las fuerzas de seguridad fue de tres jóvenes heridos, varias casas quemadas y 15 estudiantes de una escuela local intoxicados con gases lacrimógenos. Ésta es la tercera vez que la jueza Sandra Janeth Méndez decide en contra de las comunidades y a favor de la Compañía.
«Todas las comunidades Q´eqchi´s de El Estor Izabal defendemos nuestras tierras, porque somos dueños de esas tierras, nuestros abuelos lucharon por nuestras tierras, por eso no queremos que sigan los desalojos, somos nativos de este país, nosotros no queremos a empresas transnacionales que vengan a desalojar a las familias de sus tierras, afirma Santiago Tuc, representante de las comunidades.
De acuerdo con Rafael González, integrante de la dirección nacional del Comité de Unidad Campesina, que compone la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina, la denuncia ya fue interpuesta en la Procuraduría de Derechos Humanos. Los movimientos sociales también tienen prevista una reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para discutir el asunto. «[Las familias] fueron desalojadas en forma violenta a pesar de mantener diálogo con las autoridades para llegar a acuerdos y encontrar una solución a la situación en el área, indica González.
Durante la rueda de prensa, representantes de las comunidades aprovecharon para desmentir publicaciones de algunos medios de comunicación, que habrían señalado que, en el momento del desalojo, el 10 de julio, miembros de las comunidades portaban armas. «Es mentira. Nosotros no tenemos armas. Nosotros lo que hacemos es defender nuestras tierras, tierras que nuestros abuelos nos han dejado, afirmó Juan Tuc.
Las comunidades afectadas responsabilizan por el desalojo violento al gobierno del Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, al gobernador del Departamento de Izabal, Raúl Estrada Jeréz, y a la CGN, ya que empresas como éstas actúan en su mayoría con el respaldo de las instituciones públicas. Ellas exigen que se haga con urgencia una reforma agraria en el país, que atienda las demandas de legalización de las tierras para las comunidades Q´eqchi´s del municipio de El Estor.
