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Comunidades indígenas del Istmo en Oaxaca resisten desde hace 14 años contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad

Redacción Desinformémonos

Ciudad de México, 20 de febrero de 2015. Ante la oposición de las comunidades contra las empresas, que buscan imponer sus proyectos y despojarlos de sus tierras, se suma una nueva criminalización a luchadores sociales en Oaxaca. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció penalmente a Teófilo García Sarabia y Carlos Beas Torres, miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni) por el delito de privación ilegal de la libertad.

Durante más de catorce años las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, han tenido que enfrentarse contra los tratos discriminatorios y racistas de la CFE, además de el despojo de tierras, el mal servicio, altas tarifas eléctricas, daños a viviendas y medio ambiente, reportó el diario La Jornada.

Los opositores a los megaproyectos del Istmo también manifestaron las amenazas directas de las que han sido objetos incluso por Petróleos Mexicanos (Pemex), porque las comunidades han denunciado los graves daños ambientales que genera la empresa.

Existe una causa penal en el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, que evidencian órdenes de aprehensión contra García y Beas, pero estos se ampararon y actualmente están suspendidas.

En entrevista con La Jornada, Teófilo García consideró que estas órdenes de aprehensión se deben a las diversas manifestaciones que han hecho en las instalaciones de la CFE por los altos precios del servicio, los presos políticos y los despojos a los territorios.

La Ucizoni se ha caracterizado por abanderar toda una lucha en contra de los parque eólicos en Oaxaca, evidenció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDPTA), y puntualizaron que las comunidades del Istmo son un referente de la resistencia de las comunidades indígenas en la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos a decidir en la ejecución o no de megaproyectos que afectan a su territorio.

Con información de La Jornada

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