En la actualidad, se registran al menos cinco genocidios simultáneos en el mundo, aunque la cobertura mediática y la atención internacional varían considerablemente entre ellos. El genocidio en la región de Darfur, en Sudán, comenzó en 2003 y persiste hasta la fecha. La violencia étnica y los conflictos prolongados han resultado en la pérdida de innumerables vidas y el desplazamiento masivo de personas.
En la actualidad, se registran al menos cinco genocidios simultáneos en el mundo, aunque la cobertura mediática y la atención internacional varían considerablemente entre ellos. Uno de los más destacados es el genocidio que afecta al pueblo palestino, atrayendo la atención mundial. Otra situación que ha recibido cierta cobertura mediática en los últimos meses es la masacre perpetrada por Azerbaiyán contra el pueblo armenio en Nagorno-Karabaj. Sin embargo, hay escasa visibilidad sobre el genocidio en Tigray, Etiopía; el genocidio en el noroeste de la República Democrática del Congo y el genocidio sudanés en Darfur. Es fundamental comprender que, desde la perspectiva del derecho internacional, el genocidio se define como actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos actos incluyen asesinato, lesiones graves, afectación grave a la salud física o mental, sometimiento intencional a condiciones de vida que puedan ocasionar la destrucción física del grupo y medidas para impedir nacimientos dentro del grupo.
Cada uno de estos eventos genocidas tiene sus propias dinámicas y significados geopolíticos, económicos y estratégicos. A pesar de estas diferencias, todas las víctimas comparten una realidad fundamental: son grupos humanos perseguidos y sometidos a asesinatos sistemáticos, lo cual constituye una grave violación del derecho internacional y un llamado a la acción de la comunidad internacional, que, muchas veces, ya sea por incapacidad o falta de intención política, no es capaz de aportar soluciones útiles y duraderas.
A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado varios genocidios, episodios de violencia extrema que han llevado a la persecución y al exterminio sistemático de grupos específicos. Un ejemplo notable es el Genocidio Armenio (1915-1923), en el que el Imperio Otomano perpetró el exterminio sistemático de la población armenia, resultando en la muerte de aproximadamente 1.5 millones de personas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi liderado por Adolf Hitler llevó a cabo el Holocausto (1933-1945), una atrocidad que implicó la persecución y el asesinato sistemático de alrededor de 6 millones de judíos, así como millones de otras personas, incluyendo gitanos, personas con discapacidad y prisioneros políticos. En 1994, Ruanda fue testigo de otra masacre, cuando extremistas étnicos hutus llevaron a cabo un genocidio contra la población tutsi en un período de aproximadamente 100 días, resultando en la muerte de alrededor de 800.000 personas. Durante la desintegración de Yugoslavia, se llevaron a cabo atrocidades, incluyendo genocidio, en Bosnia y Herzegovina. La masacre de Srebrenica en 1995 es especialmente notoria, donde fuerzas serbias asesinaron a más de 8.000 hombres y niños bosnios musulmanes. El Genocidio en Camboya (1975-1979) tuvo lugar durante el régimen de los Jemeres Rojos, liderado por Pol Pot, y resultó en la muerte de aproximadamente 1.7 millones de personas debido a ejecuciones, hambruna y condiciones inhumanas. Estos eventos son solo algunos ejemplos de atrocidades que subrayan la importancia de recordar la historia, como también de entender que los genocidios no son algo nuevo, pero tampoco parte del pasado lejano.
El Genocidio en Darfur
Organizaciones humanitarias y gobiernos de todo el mundo han condenado este genocidio, pero a pesar de la atención internacional y los esfuerzos para abordar la situación, la violencia persiste y la región ha experimentado consecuencias devastadoras en términos de pérdida de vidas, desplazamiento masivo de población y sufrimiento generalizado. La respuesta de la comunidad internacional ha incluido la imposición de sanciones y la presión diplomática sobre el gobierno sudanés para poner fin a la violencia y permitir el acceso humanitario. Además, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra altos funcionarios sudaneses acusados de crímenes de lesa humanidad en relación con el genocidio en Darfur.
Se trata del primer genocidio del siglo XXI y sucede en el tercer país más grande de África, que cuenta, además, con 45 millones de habitantes. El conflicto se desató en 2003, cuando el gobierno autocrático de Omar al Bashir, también conocido como el «carnicero de Darfur», respondió a la insurgencia de grupos rebeldes africanos bombardeando extensas áreas del territorio e implementando una campaña de «limpieza étnica», resultando en el desplazamiento forzoso de millones de personas. Además, se acusa al gobierno de Al Bashir de respaldar a las milicias locales llamadas Yanyauid, las cuales llevaron a cabo la destrucción de pueblos enteros y cometieron numerosos asesinatos indiscriminados. En total, más de 300.000 personas perdieron la vida en Darfur. Al Bashir accedió al poder a través de un golpe militar y gobernó Sudán con mano de hierro entre 1989 y 2019, cuando la revolución sudanesa que comenzó en 2018 lo derrocó. Las elecciones que celebró siempre fueron fraudulentas; por poner apenas un ejemplo, en 2010, su Partido del Congreso Nacional las “ganó” con el 68% de los votos. Fue el primer jefe de Estado en tener pedido de captura de la Corte Penal Internacional, solicitado por el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, pero el gobierno sudanés prefirió no entregarlo y lo juzgó y condenó por delitos de corrupción en su propio país.
Un poco de historia
Sudán ya tuvo dos guerras civiles en el pasado reciente y, desde abril de 2023, se encuentra atravesando la tercera. La primera Guerra Civil Sudanesa, que se extendió de 1955 a 1972, tuvo sus raíces en tensiones étnicas, económicas y religiosas entre el norte, predominantemente árabe y musulmán, y el sur, compuesto mayormente por comunidades africanas no musulmanas y cristianas. La conclusión de esta guerra se alcanzó en 1972 con el Acuerdo de Addis Abeba, que otorgó autonomía al sur de Sudán y abordó cuestiones de marginación política y económica. La segunda Guerra Civil Sudanesa, que tuvo lugar de 1983 a 2005, se desencadenó cuando el gobierno central sudanés buscó implementar la ley islámica en todo el país, incluido el sur, generando resistencia en las regiones no musulmanas. Este conflicto involucró al gobierno en Jartum y al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM/A) en el sur, abordando no solo cuestiones religiosas y étnicas, sino también disputas sobre recursos como el petróleo.
La guerra llegó a su fin con la firma del Acuerdo de Paz Integral en 2005, que otorgó al sur de Sudán un período de autonomía y permitió que la región decidiera sobre la independencia después de seis años. Como continuación de estos acontecimientos, se llevó a cabo un referéndum en 2011, resultando en la independencia del sur de Sudán y la creación de la República de Sudán del Sur como un país independiente.
Después del derrocamiento de Al Bashir, los militares asumieron el control de un gobierno de unidad interino, encabezado por el primer ministro Abdalla Hamdok, en un golpe de Estado en octubre de 2021. En medio de una crisis económica, los militares acordaron transferir el poder a un gobierno liderado por civiles, con un acuerdo formal programado para el 6 de abril de 2023. Sin embargo, el acuerdo se retrasó por razones poco claras en medio de tensiones entre los líderes militares rivales, el general Abdelfatah al Burhan -visto como el jefe de Estado de facto- y el comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como «Hemeti». Son el presidente y el vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán respectivamente. Un motivo de disputa radica en la divergencia entre las FAR, que insisten en un período de integración de diez años en el ejército regular, mientras que Hemeti reclama que dicho proceso se complete en dos años.
Las FAR son una organización paramilitar sudanesa con raíces en las milicias Janjaweed, que operaron durante el conflicto de Darfur. Ganaron notoriedad por reprimir a los manifestantes a favor de la democracia durante la masacre de Jartum, el 3 de junio de 2019. Fueron uno de varios grupos armados que el régimen de Al Bashir permitió proliferar para evitar amenazas a su seguridad desde dentro de las fuerzas armadas. El 11 de abril, las fuerzas de las FAR se desplegaron cerca de la ciudad de Merowe, así como en Jartum. A pesar de las órdenes gubernamentales de retirarse, las fuerzas de las FAR se negaron, lo que llevó a enfrentamientos cuando tomaron el control de la base militar de Soba, al sur de Jartum.
El rol de terceros países
Por supuesto, las potencias mundiales también juegan su partido en Sudán. Tanto Estados Unidos como sus aliados apoyaron el levantamiento que llevó al derrocamiento de Al Bashir mientas que Rusia focalizó sus esfuerzos en buscar establecer nuevas bases navales en el mar Rojo, además de intervenir directamente en el conflicto militar en el país a través del grupo Wagner, reconocidos mercenarios vinculados al Kremlin. Países del golfo como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos no vieron con buenos ojos la revolución de 2018-2019, debido a sus preocupaciones respecto de la influencia del islamismo radical en la región. Por su parte, Egipto, liderado por el también militar Abdel Fattah al Sisi, mantiene vínculos con el general Burhan y el ejército regular, promoviendo recientemente negociaciones políticas a través de partidos afines a Burhan y Al Bashir.
Cifras y conclusiones
En este punto, no hay demasiadas precisiones de lo que puede llegar a suceder en el futuro, sin embargo, las víctimas fatales, los desplazados y los heridos, a estas alturas, se cuentan de a cientos de miles, incluyendo a civiles, mujeres y niños. Sólo hay cifras fidedignas de refugiados y desplazados internos: 898.706 y 4.955.538 de personas respectivamente. Paralelamente a los conflictos, la limpieza étnica continúa en Darfur y Sudán hace tiempo es un Estado fallido que no puede garantizar servicios básicos a sus ciudadanos.
La magnitud de la crisis actual en Sudán no solo es un recordatorio de la fragilidad de la paz y la estabilidad en las naciones, sino también un llamado urgente a la acción internacional. La aplicación efectiva del derecho internacional, la protección de los derechos humanos y el compromiso colectivo para abordar las raíces profundas de los conflictos son esenciales para construir un futuro donde la atrocidad y el genocidio no tengan cabida. En última instancia, la esperanza reside en la capacidad de la comunidad global, pero también de los pueblos, en este caso del sudanés, para aprender de las lecciones del pasado y trabajar de manera colaborativa hacia un mundo más justo y pacífico.
Publicado originalmente en La Tinta
