Foto: Represión de las protestas contra Sterlite Copper en India. Foto: @iam_K_A

Un vídeo muestra una zona llena de policías que miran a los manifestantes que tienen enfrente. Uno de los agentes, rifle en mano y apostado sobre un vehículo policial, dispara contra la multitud. De fondo se oye una voz que dice en tamil: “Al menos uno debe morir”.

Murieron doce.

El martes 22 de mayo los habitantes del distrito de Tuticorin, en el Estado indio de Tamil Nadu, salieron en masa a protestar contra la planta de fundición de cobre de la compañía Sterlite Copper. Las calles se llenaron con 20.000 personas que exigían su cierre porque denuncian que está contaminando la zona. En realidad llevaban protestando 99 días. El día 100, aquel martes, la policía abrió fuego.

“Dispararon a matar y mataron. Indudablemente es un asesinato, ya que algunas personas atacadas parecen haber sido elegidas de forma deliberada”, afirma a este diario Nityanand Jayaraman, un activista que durante años ha investigado en profundidad el caso de esta planta industrial. “Todos saben que el Gobierno del Estado y la administración del distrito son leales a Sterlite. Creo que el Estado quería dar una lección a la gente y eliminar a algunos activistas clave en el proceso”, opina el miembro de la organización Chennai Solidarity Group.

Los enfrentamientos comenzaron cuando la marcha llegó a las oficinas de la administración. Antes de apretar el gatillo, los uniformados habían recurrido al gas lacrimógeno y los lathis, las tradicionales porras que usan para dispersar multitudes. Aquella jornada se saldó con doce muertos y un centenar de heridos. En las protestas del día siguiente falleció otro manifestante. Los vídeos corrieron por las redes sociales, como también corrió la sensación de que los disparos no fueron una respuesta espontánea ante una agitación incontrolable. En palabras del político Rahul Gandhi, India vio “un ejemplo brutal de terrorismo de Estado”.

“El asesinato de manifestantes pacíficos fue planeado previamente, algo premeditado. Es completamente antiético y en contra de la gente”, dice el reconocido ambientalista G. Sundarrajan, que lidera el movimiento ecologista Poovulagin Nanbargal en Tamil Nadu. “Nos sorprende que gente que protesta pacíficamente contra la planta Sterlite, contra la contaminación del medio ambiente y para defender sus sustentos, haya recibido disparos sin ningún signo de vergüenza o sentimiento de culpa por parte de quienes lo ordenaron”.

El Gobierno tamil, que anunció la creación de una comisión para investigar las muertes, sostiene que fue la multitud la que empezó los disturbios prendiendo fuego a vehículos y arrojando piedras. “La policía tuvo que actuar para controlar la violencia bajo circunstancias inevitables”, señaló en un comunicado.

Pero esa justificación no le ha servido para frenar una creciente indignación que se ha convertido en asunto nacional y que le ha obligado a ordenar el cierre permanente de la planta en defensa del interés público. Días antes, un tribunal había paralizado la expansión del complejo industrial, un plan con el que Sterlite pretendía doblar su producción anual de 400.000 toneladas. Hoy los habitantes de Tuticorin celebran una victoria popular que ha tardado dos décadas en llegar.

VEINTE AÑOS DE LUCHA

Porque este caso viene de lejos. Los últimos 100 días han sido la enésima explosión de rabia de una población que lleva veinte años luchando contra la compañía Vedanta Resources, un conglomerado con sede en Londres que es propietario de su filial india, Sterlite Copper.

Las enormes instalaciones de su planta de cobre, que opera desde 1997, cuentan con una fundición, una refinería, una planta de ácido fosfórico y otra de ácido sulfúrico. “Las plantas de fundición de cobre son contaminantes por naturaleza. Contaminan el ambiente, el agua subterránea y la tierra. El arsénico, el sulfuro y muchos otros componentes químicos que se usan en la planta son altamente tóxicos y peligrosos para la salud de la gente que vive alrededor”, explica el activista Sundarrajan. “Además esta planta está ubicada muy cerca del golfo de Mannar, una reserva marina que también está en peligro porque sus residuos van al mar”.

En todo este tiempo a los vecinos les ha perseguido el fantasma de Bhopal: la fuga de gas de la compañía Union Carbide que en 1984 provocó 25.000 muertos y 500.000 afectados, muchos de los cuales siguen pagando las secuelas de uno de los peores desastres industriales de la historia. De hecho, la población de Tamil Nadu tiene un destacado historial en sus luchas medioambientales, enfrentándose a centrales nucleares, a las minas ilegales de arena o a las plantas de embotellamiento de Coca-Cola y Pepsi.

Los daños ambientales que ha ocasionado Sterlite han sido confirmados en infinidad de ocasiones. En 2005 el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental encontró altas concentraciones de cobre, plomo, cadmio, arsénico, cloruros y fluoruros en muestras de agua subterránea tomadas cerca de las instalaciones. Otros estudios posteriores concluyeron que el agua de los pozos próximos no servía ni para el cultivo ni para el uso doméstico porque “pone en peligro la salud humana y el medio ambiente”.

Los trabajos del investigador Nityanand Jayaraman se han centrado en documentar los impactos humanos y los excesos medioambientales de la polémica fundición, experta en violar las restricciones de emisiones. Jayaraman no ha dudado en señalar las facilidades que la compañía ha recibido por parte de las autoridades estatales y nacionales para obtener licencias ilegales. En 2013 el Tribunal Supremo llegó a admitir que la planta había contaminado al emitir gases nocivos y residuos peligrosos, pero en esa sentencia aprobaba que siguiese adelante con su producción porque el país necesitaba grandes cantidades de cobre. La multa por contaminación se fijó en casi 13 millones de euros.

El ambientalista Sundarrajan sostiene que las compañías multinacionales acuden a la India porque saben que tienen las manos libres. “Vedanta prefirió importar el cobre y la maquinaria desde Australia e instalar aquí su planta porque sabía que allí hay normas de contaminación, hay vigilancia. Aquí tienes permitido hacer todo; puedes contaminar el agua y la tierra, matar gente y crear problemas de salud en las comunidades cercanas, pero sobrevivirás porque eres Vedanta”, explica el ecologista.

Vedanta Resources fue fundada por Anil Agarwal, un multimillonario indio que preside su compañía minera y metalúrgica desde la capital británica. Sólo en India la firma obtuvo 1.800 millones en beneficios en el último año fiscal. Esta no es la primera vez que la empresa encuentra oposición autóctona; ya le ocurrió en los Estados indios de Maharashtra, Goa y Odisha, o en países como Zambia, donde tampoco coló la promesa de la creación de empleos.

En una reciente entrevista, el empresario afirmó que las protestas eran obra de “asociaciones antidesarrollistas” que desean “desestabilizar la industria india”. “Desde el primer día he dicho que esto sólo sucede en la India. Siempre hay personas que se aprovechan de nuestra democracia”, decía el millonario, que cree que es imprescindible “mantener los negocios alejados de la política”. Curiosamente, son conocidas las cuantiosas donaciones que realiza Vedanta a los principales partidos indios: más de millón de euros al histórico Partido del Congreso y al hoy gobernante BJP entre 2004 y 2010, y 2,8 millones al BJP en 2014, año de elecciones generales.
Ese tipo de conexiones dinamitan la esperanza de muchos ciudadanos a la hora de exigir una rendición de cuentas a la multinacional, más allá de su ya logrado cierre definitivo en Tuticorin. “Las grandes compañías disfrutan de una gran libertad en lo que se refiere a la acción reguladora. Los delincuentes ilustres nunca son castigados de la misma manera que los delincuentes más pequeños”, concluye el investigador Jayaraman.

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