“En el Cauca, Colombia, un escuadrón de la muerte (hoy bautizadas BACRIM-bandas criminales), las “Aguilas Negras”, lanza una amenaza contra una larga lista de comuneras y comuneros, líderes sociales y comunitarios, procesos y organizaciones. Dos semanas más tarde, según es costumbre, actúan. En Totoró, llegan en la madrugada acompañados de un hombre de civil a la casa de un ex-gobernador indígena del Cabildo. Solo que esta vez, antes de que se los lleven con la complicidad de la noche y los desaparezcan o asesinen, la Guardia Indígena reacciona y los rescata. El grupo de hombres es identificado: es la Policía Nacional.

Ellos mismos lo reconocen al ser descubiertos por la comunidad. El hombre de civil es un escolta del alcalde actual. Los escuadrones de la muerte, son la Policía Nacional. El terror es política de Estado. La masacre se evita cuando la comunidad está organizada. Donde no hay organización, masacran y dicen que no son ellos, esto nos lo enseña Buenaventura y los demás campos de exterminio”. Pueblos en Camino 

Pasadas dos semanas después que se conociera una amenaza firmada por las BACRIN AGUILAS NEGRAS contra gobernadores indígenas, ex gobernadores, líderes, integrantes de los programas, alcaldes indígenas y comuneros de los cabildos de Mosoco, la Gaitana, Yaquiva, Tumburao, Quizgó, Ambaló, Pueblo Nuevo, Campesinos de Cajibío, Guambía y cabildo de Totoró, en la que anunciaban que iniciarían acciones contra supuestos colaboradores de la guerrilla, que una de las primeras acciones la harían contra milicianos que viven a la orilla de la vía panamericana, y también advertían, que no se atrevieran a denunciar porque todo estaba a su favor. Agentes de la policía nacional realizan las acciones anunciadas por las BACRIM AGUILAS NEGRAS. Es claro entonces que estos grupos armados hacen parte de la estrategia de  exterminio del mismo gobierno nacional, quien usa fachadas para legalizar el despojo y el  crimen en los territorios marginados del país y así desarrollar sus pretensiones políticas y económicas.

En la madrugada de día 4 de abril de 2014 siendo las 2: 10 AM, un grupo de aproximada mente 40 hombres armados que se movilizaban en una camioneta doble cabina blindada sin placas y una turbo blanca, irrumpen de manera arbitraria en la humilde vivienda del exgobernador del Cabildo Indígena de Totoró el señor LUIS ALFONSO PILLIMUE de 60 años quien se encontraba acompañado del joven Miguel Antonio Morales de 17 años de edad. Sin una orden de allanamiento o de captura los obligan a salir de la vivienda, les colocan el fusil en la cabeza, los obligan a tirarse al piso y posteriormente les ponen las botas en el cuello y espalda mientras les preguntaban sobre un supuesto armamento y un tal Oscar cabecilla de las FARC, mientras otras unidades policiales procedieron a hurtar la trucha que se encontraba en los estanques y $9.700.000 mil pesos en efectivo que tenían destinado el ex gobernador para la compra de insumos.

Los uniformados llevaron descalzos y sin camisa al ex gobernador y al joven hasta donde estaban los vehículos, a unos 300 metros de la vía pasando el rio Cofre. Los vecinos alertaron  al cabildo y  la guardia indígena  sobre lo que estaba ocurriendo, los cuales se hicieron presentes en el lugar de manera inmediata evitando que se llevaran a estas dos personas. Ante la guardia indígena este grupo se identificó como la policía nacional, a su vez el coordinador de Guardia indígena manifestó que entre los uniformados se encontraba uno vestido de civil quien hace parte de la policía acantonada en la cabecera municipal y es el actual guarda espaldas del Alcalde municipal de Totoro.

Las personas afectadas con este hecho, los familiares, el Cabildo y la Guardia indígena se reunieron en horas de la mañana con la personera Municipal Nancy Odila  Benachi, la fiscalía, delegados del Consejo regional Indígena del Cauca CRIC  y  el Alcalde Municipal a quienes se les narro lo ocurrido y se verifico que efectivamente habían sido integrantes de la policía nacional los autores del hecho. La personera manifestó que no tenía conocimiento de ningún operativo de allanamiento en el sector, esto también se verifico con la fiscalía de Silvia y Popayán lo cual es una muestra clara de violación al debido proceso y los derechos colectivos y de las personas afectadas.

Frente  a los hechos ocurridos la alcaldía municipal de Totoro convoca a un consejo de seguridad a realizarse el martes 8 de abril en el municipio de Totoro, donde se discutirá y se establecerán las responsabilidades de los actores involucrados

El cabildo indígena de Totoro y la consejería mayor del CRIC, rechaza rotundamente los abusos y violaciones ocurridos en Totoro y los últimos acontecimientos dados en los territorios indígenas del cauca como Toribio y la Zona Tierra dentro específicamente, acciones adelantadas por grupos armados de las FARC, policía y ejercito nacional. Es evidente que la presencia de los grupos armados y en esta ocasión la fuerza pública, no representa ninguna seguridad para nuestros territorios y comunidades,  por el contrario son quienes han venido generando hechos violatorios y  de desarmonía no solo en Totoró, sino también en las diferentes  comunidades del departamento del Cauca como Toribio y la zona tierra dentro

Frente al irrespeto a la gobernabilidad, la autonomía y al ejercicio de control territorial de las comunidades indígenas, la violación de los derechos humanos y el DIH, fortalecer los espacios y acciones de control y defensa territorial liderado desde las autoridades tradicionales y la guardia indígena

Realizar las acciones jurídicas correspondientes frente a los abusos y violaciones cometidas por los agentes de la policía nacional contra los comuneros y la comunidad de Totoro

Teniendo en cuenta que el pueblo Totoroes esta cobijado bajo el plan de salvaguarda del auto  004, la definición efectiva de medidas de seguridad colectivas al pueblo Totoro y la guardia indígena según determinaciones de las autoridades tradicionales

Reiteramos la exigencia de respeto por el ejercicio de gobernabilidad en los territorios indígenas y el control territorial, el no involucramiento ni señalamiento de las autoridades tradicionales, la guardia indígena y comunidades con los grupos armados, pues la guerrilla nos señala de ser informantes del ejército y la fuerza pública de ser milicianos y colaboradores de las FARC, situación que coloca en mayor riego las comunidades y el proceso organizativo

Convocamos a fortalecer las acciones de resistencia pacífica y control territorial en todas las comunidades indígenas y a estar  atentos para respaldar y acompañar las determinaciones y acciones adelantas desde las autoridades tradicionales  en los diferentes territorios.