El lunes 21 de abril se presentó El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, informe elaborado por un conjunto de organizaciones no gubernamentales que identificó una serie de patrones en el actuar del Estado canadiense que dan fe de su controvertido papel en casos de violaciones de derechos humanos.
Un patrón identificado se halla en la tenacidad con que el gobierno canadiense ha apoyado proyectos extractivos incluso después de que sus funcionarios tuvieron conocimiento de abusos ambientales y violaciones a derechos humanos ampliamente documentados.
Otro aspecto abordado en el documento es la manera cómo las empresas mineras canadienses se favorecen de un inadecuado marco jurídico que evita que sean denunciadas y sancionadas en su país.
Otro punto que también es analizado es el conjunto de acciones que se ponen en marcha para favorecer a las empresas y que van de lo político a lo diplomático, y en los que están involucrados, incluso, altos dignatarios.
A ello se suma -señala el informe- que los países donde se realizan los proyectos extractivos no ofrecen recursos judiciales efectivos mediante los cuales las comunidades y las personas afectadas en sus derechos logren obtener declaraciones de responsabilidad, sanciones por las violaciones y daños causados y reparación.
Para tratar sobre el contenido del informe que da cuenta de la realidad de nueve países de América Latina en los que operan empresas mineras canadienses, dialogamos con Daniel Cerqueira de Due Process of Law Foundation (DPLF), organización que participó en la elaboración del documento presentado hace poco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tradicionalmente, señaló Cerqueira, el tema de las afectaciones de los derechos humanos y de las afectaciones ambientales, producto de las actividades extractivas, ha sido abordado desde la obligación de los Estados anfitriones, es decir, desde aquellos que acogen los proyectos mineros.
En ese sentido, sostuvo lo preocupante que es la ausencia de una ley en Canadá que permita o habilite a las comunidades a plantear por lo menos una acción civil contra las empresas en territorio canadiense.
Algo igual de preocupante que se identificó en el documento, es el modo cómo han venido actuando los funcionarios de las embajadas canadienses para presionar a los gobiernos a apoyar proyectos mineros.
En el caso de Perú, el informe repasa lo ocurrido en mayo de 2013 cuando el Primer Ministro de Canadá visitó al Presidente Ollanta Humala y anunció el apoyo de su gobierno a los esfuerzos de Perú para mejorar el proceso de evaluación del impacto ambiental de proyectos mineros y energéticos, así como de la gestión de los recursos naturales.
Días después de esta visita, recuerda el documento, el Poder Ejecutivo peruano emitió dos decretos supremos para facilitar las inversiones, flexibilizando aún más los marcos legales vigentes para las industrias extractivas, en especial la minera.
Pero la responsabilidad del Estado canadiense va más allá y sobre esto puso énfasis el experto de la organización con sede en Washington.
Cerqueira sostuvo así que las autoridades canadienses conocen la problemática en cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos y, pese a ello, siguen brindando apoyo político, jurídico y financiero a empresas que cometen o toleran estas violaciones.
Agregó luego: El blindaje que Canadá da a las empresas mineras no pasa solo por hacerse de la vista gorda a las denuncias de violación de los derechos humanos que sus consulados reciben, sino también pasa, por ejemplo, en los tratados bilaterales de libre comercio que hace con los países de la región.
Señaló sobre este punto la inclusión en estos tratados de cláusulas que resultan sumamente convenientes para las empresas mineras de ese país.
Canadá tiene una política externa muy tolerante al actuar de las empresas mineras y poco sensibles a la necesidad de garantizar los derechos humanos, sentenció al respecto Cerqueira.
Cerqueira destaco la importancia de las recomendaciones hechas al final del informe y que están dirigidas a la CIDH, al Estado de Canadá y a los Estados anfitriones de las víctimas de los derechos humanos.
Precisó que el docuemento apunta a abrir un debate en Canadá y América Latina sobre los canales que se pueden seguir para remediar o prevenir violaciones a estos derechos.
El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá tomó para su elaboración cerca de tres años. Hace algunas semanas fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La tarde de hoy el Resumen Ejecutivo del informe fue presentado al público en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). El evento fue organizado por Due Process of Law Foundation (DPLF), la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Aprodeh y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Cabe destacar que el programa de la presentación de dividió en dos partes. Mañana martes 22 de abril se contará con la presencia de la Dra. Rose Marie Antoine, relatora para Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta segunda fase se desarrollará desde las 5 p.m. nuevamente en la Universidad Ruiz de Montoya. El ingreso es libre.
Para acceder a la versión en pdf del informe dar clic en el siguiente enlace:
