En varias ciudades- sede de la Copa Mundial, la población que vive en la calle fue víctima de desalojos y violaciones de sus derechos humanos durante el evento. Impedidos de transitar y permanecer en los lugares en que habitualmente se abrigan, los moradores de calle, fueron removidos por la fuerza púbica, sufrieron agresiones, incluyendo la sustracción de sus pocas pertenencias.
En Belo Horizonte, quienes viven en la calle fueron agredidos por policías durante las manifestaciones, les quitaron sus documentos y mantas y fueron enviados a refugios, en condiciones de hacinamiento durante la Copa del mundo. En Sao Paulo, a pesar de un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento, el Estado y el Ministerio Público antes de la Copa del mundo, para evitar el desalojo obligatorio, las personas sin casa, fueron víctimas de las revisiones de la policía y la toma de sus pertenencias, según el padre Julio Lancelotti, de la Pastoral de la Calle.

En Río de Janeiro, el destino de cientos de moradores de la calle fue el Albergue ‘Rio Acolhedor’/Rio Acogedor, en el barrio Paciencia, en la zona norte de la capital, a 60 kilómetros de la región central. También hay denuncias de amenazas a personas sin hogar en Brasilia, donde el espacio que ocupaban, en la Terminal de autobuses «Plano Piloto», fue limpiado durante la Copa, en Porto Alegre y Salvador, chorros de agua, lanzados desde los camiones de limpieza pública despertaron a los que dormían bajo los viaductos, donde las personas sin hogar, denunciaron haber sido llevadas fuera de la ciudad durante la Copa.

A pesar de los relatos de violencia hechos por los pobladores y movimientos sociales, los Ministerio Públicos estaduales no introdujeron acciones judiciales sobre las referidas denuncias ni en Brasilia, ni en São Paulo. En Porto Alegre, dos casos están siendo investigados por el Ministerio Público: el desalojo de un grupo de habitante de la calle por la Guarda Municipal en los alrededores de la estatua del Lanzador, e próximo al Aeropuerto de la ciudad, el 23 de mayo; y la remoción de personas que se abrigaban cerca del Gasómetro, el día 9 de junio, días antes de la instalación del Fan Fest

«Hemos pedido el registro de las cámaras de video en estas regiones y estamos buscando testigos de estos dos casos, pero hay dificultad para localizar a estas personas. La investigación está en curso», informó la promotora de Justicia para derechos humanos, Liliane Dreyer Pastoriz.

Hasta ahora sólo el público Ministerio de Río de Janeiro – que en años anteriores ya había obligado al ayuntamiento a firmar dos Términos de Ajuste de Conducta (TAC), uno de ellos pidiendo la destitución del alcalde-, presentó una medida cautelar – ya anulada por la alcaldía – para evitar la remoción obligatoria.

Internación compulsiva en Salvador

En Salvador, la iniciativa para actuar en defensa de los que viven en la calle provino de la Defensoría Pública de Bahía, después de conocer las denuncias de remociones violentas y de sustracción de sus pertenencias durante los preparativos de la Copa. Más grave: según el núcleo bahiano del Centro Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Población en Situación de Calle y Colectores de Materiales Reciclables(CNDDH) algunos de estos moradores fueron ingresados compulsivamente en comunidades terapéuticas y conducidos fuera de la ciudad, por la Alcaldía de Salvador.

Presentada en el 6º Tribunal de la Hacienda Pública de Salvador, el 23 de mayo, la acción número 052619559.2014.8.05.0001, pide anticipación de tutela para tres asuntos. . Primero, para frenar prácticas higienistas, violadoras de los derechos humanos por parte de la Alcaldía de Salvador; segundo que la Limpurb [empresa encargada de la Limpieza Pública] se abstengan de lanzar chorros de agua a la población de la calle y, finalmente, pide la prohibición de la remoción de estas personas y su traslado a comunidades terapéuticas y otras instituciones no registrados en la región metropolitana.

El día 12 de mayo, la entidad ya había dirigido un oficio a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, pidiendo providencias para los asuntos apuntados.

«Las personas confirman que fueron despertadas con chorros de agua, y que su documentación y pertenencias, les fueron retiradas y arrojadas a un camión del Ayuntamiento. Cuando intentaron pedir sus documentos, fueron agredidas por policías militares o guardias municipales, que normalmente acompañan estas acciones. Aparte de esto, también tenemos situaciones de personas que viven en la calle, llevadas a comunidades terapéuticas, sitios y hoteles no registrados», sostiene la defensora de derechos humanos, Alexandra Soares da Silva.

Entre los casos denunciados por la Defensoría (a solicitud del órgano, los nombres fueron abreviados para evitar represalias a las personas sin hogar), está el de J.J.B.S. ocurrido este año, similar a varios otros citados en el documento.

El relató que dormía en la calle de los Reyes Católicos, en la Federación, a cinco kilómetros del Estadio da Fonte Nova, cuando llegaron agentes de la alcaldía. Eran dos camiones, un carro-cisterna, que los despertó con chorros de agua y otro que «no era un recolector de basura, sino no un camión destinado a recoger las cosas de las personas en situación de calle».

De acuerdo con su relato a la Defensoría: «el agente de la Alcaldía solicitó al declarante la retirada de sus pertenencias del lugar: cartones, materiales reciclables y sus vestimentas. El declarante dijo al agente que podía tomar el cartón y el material reciclable, pero que no permitía que a tomara su ropa y documentos

Ante la reacción del declarante, el agente llamó a tres guardias municipales y al coordinador de la operación. El coordinador dijo al declarante que ya no podría permanecer en ese lugar. El declarante argumentó que la Constitución no permitía su retirada de ese lugar, porque no había ningún refugio para él. (…) El coordinador decidió que sus pertenencias fueran removidas del lugar, empezando a retirar su manta. El declarante sujetó su manta para que no se la llevasen. Los tres guardias municipales entonces agredieron físicamente al declarante, con bofetadas y patadas en el rostro (…) De esta forma se llevaron todas sus pertenencias, ropas y el único documento del declarante, su certificado de nacimiento, dejándole solo, su bermuda y zapatos.

Otro caso que llama la atención es el de una moradora de calle (E.S.A.), oída en abril de 2014, informa que «constantemente observa a guardias municipales sacando violentamente a los moradores de calle (…), usando un arma de choque y gas sin siquiera despertarlos». Por su parte F.O.G, escuchado el 29/04/14, dijo que: «hace poco más de un mes, estaba durmiendo (…) Él, con cerca de una docena de personas, fueron despertados con chorros de agua del camión cisterna de la Limpurb y una Combi azul y blanca de la alcaldía».

Entre los 18 casos incluidos en la acción Civil pública, seis son de profesionales que trabajan con las poblaciones de calle, reafirmando las mismas denuncias: las personas sin hogar son agredidos por chorros de agua de camiones de la Alcaldía, sus pertenencias son mojados y sus documentos, perdidos. Según el testimonio de uno de estos profesionales, «que iba a las calles cuatro veces a la semana haciendo el servicio», estos relatos fueron «casi a diario», y desde el principio de este año las operaciones de abordaje fueron efectuadas por funcionarios del Ayuntamiento, acompañados de la Guardia Municipal, que «pasa recogiendo las pertenencias de los moradores de calle y las tiran en un camión que acompaña esta acción de la Alcaldía».

Además de informes similares, el núcleo de CNDDH-BA envió un oficio a la Defensoría Pública denunciando los operativos realizados durante las primeras horas (de 2 a 4 horas) cuando «las personas son sorprendidas en las calles por el carro cisterna y chorros de agua de la empresa que presta el servicio de limpieza en Salvador, la Limpurb. Según los informes, las acciones se llevan a cabo con la presencia de guardias municipales en coches pequeños, privados, sin identificación de ninguna institución. Además de los chorros de agua, fue relatado un hecho de igual gravedad, según la denuncia, una Combi (camioneta) pasa recogiendo personas para llevarlas a la ciudad de Simões Filho en región metropolitana de Salvador.»

Lanzados en un edificio en ruinas

Las denuncias de limpieza social son hechas por MNPR (Movimiento Nacional de la Población de Calle) desde mayo de 2013, en el período anterior a la Copa de Confederaciones. La Secretaría Municipal de Promoción Social y Combate a la Pobreza (Semps) llegó a ser notificada por poner a más de 600 personas moradores de la calle, entre ellos niños y ancianos, en un edificio en ruinas, abandonado hace más de 10 años – la antigua sede del hospital psiquiátrico Ana Nery , en la Plaza Soledade, en Lapinha.

La Semps admitió la situación y firmó un documento de Términos de Ajuste de Conducta (TAC) con el Ministerio Público del Estado de Bahía para retirar a las personas de esa situación degradante y derivarlas a los lugares de servicio apropiados. El 30 de septiembre, la Semps desactivó el refugio, pero a todavía a finales de mayo del 2014, por lo menos 20 familias aún ocupaban el sitio. La Secretaría dijo que se trata personas «sin techo, catastrados en el programa Mi casa, Mi vida y que se niegan a dejar el sitio mientras no sean llamados». [a su nueva casa]

Entrevistado en mayo de este año, dice Luiz Gonzaga Días Luz, miembro del MNPR, expresó que la persecución de los moradores de calle se intensificó con la proximidad de la Copa del mundo. «La limpieza se hace en todas partes: en Pelourinho, el sector de Fonte Nova, en la Barra, Pituba, en los puntos turísticos.

Todo para dejar la ciudad limpia y hermosa, ahí es el usuario (morador de calle), el que está sobrando, sufriendo. Hay mucha gente denunciando que sus compañeros han desaparecido y no aparecen más. Tengo personas amigas de allá del comercio, que no aparece más. Tenía grupo, de cuatro, cinco, que dormía, allí en Mercado Modelo. Dicen que dos ya desaparecieron, los mandaron al espacio. La guardia municipal reventó a medio mundo en los últimos meses, dando tiros en personas sin hogar. Los tipos ya se vienen preparando en valentía y no lo hacen solos”, describe.

Las denuncias de ejecución no fueron formalizadas por el Ministerio Público ni por la Defensoría, puesto que no hay pruebas consistentes para eso. Los 18 casos contemplados en la solicitud de medida cautelar por adelantada promovidos por la defensoría pública todavía están siendo investigados: el juez del 6° Tribunal de la Hacienda Pública, Ruy Eduardo Brito de Almeida, decidió el 30 de mayo, oír al ayuntamiento de Salvador antes de emitir cualquier sentencia. Hasta hoy no ha sido programada la audiencia.

Según un levantamiento de datos realizado por el Gobierno Municipal, Salvador tenía en enero de 2013, unas 3.560 personas en situación de calle. El titular de la Semps, Henrique Trinidade, dice que no es posible medir cuántas personas están viviendo hoy en las calles de la capital.

«Eventos como el carnaval, las fiestas de junio y ahora la Copa siempre atraen a más gente. Es como secar hielo”, admite. Según él, la Alcaldía mantiene dos hoteles sociales, uno en Pau da Lima y otro en Itapuã, dos equipos hacen operativos en la región central, «siempre de día» para tratar de convencer a los pobladores de acudir a esas instalaciones.

Los dos hoteles son en realidad viejos moteles adaptados para recibir unas 50 personas cada uno, con tres comidas diarias. Además de estas instalaciones, la Semp mantiene dos centros de Reinserción Social, casas donde pasar la noche, como en la Baixa do Sapateiro y acuerdos con otras entidades.

Trinidade niega el recogimiento compulsivo de los sin hogar, pero admite la dificultad de lidiar con el problema. «Hemos intensificado los operativos, por que en épocas de evento, la población de calle aumenta. Desafortunadamente, no hay manera que maquillar esto y ocultar ‘para el gringo no ver’, es una realidad muy difícil”.

El también critica a la Defensoría por haber señalado lo inadecuado de los hoteles sociales, que no tienen ventanas, ni el área social terminada. «Estamos haciendo ajustes en los edificios. Proporcionamos al menos tres comidas diarias, contamos con lavandería colectiva. La Defensoría ¿quiere que dejemos a las personas en las calles?

Estoy hace 60 días en Semps y si alguien comprueba que la Secretaría está implicada en remociones, entregó mi cargo”, desafía.

La asesoría de prensa de Limpurb, niega que la empresa de limpieza pública esté lanzando chorros de agua a las personas sin hogar. «La denuncia no procede. Después de la salida de los moradores de un lugar, sacamos los cartones, barremos y solo después, lanzamos agua» [para lavar].

La coordinadora MNPR en Bahia, Maria Lucia Pereira, dijo que las acciones de limpieza y la prohibición a las personas sin hogar de entrar en el Pelourinho, provocaron que ellos emigrasen a otros barrios de la capital, como Federación y otros del Suburbio Ferroviario durante el evento.

Según María Lucia, el ayuntamiento cerró equipamientos en la región central, como casas para pernoctar, lo que hace más difícil aun la situación de las personas que viven en la calle. El movimiento hizo plantón durante todo el campeonato mundial y circuló con un grupo grande por los lugares más vulnerables.

«En Aquidabã y en otros lugares las personas no aparecen. Sabemos que se marcharon a otros puntos de la ciudad, inclusive a otros municipios, como Feira de Santana”.

Ella informa que el 22 de julio habrá una reunión nacional de la MNPR, en la que harán un balance de las violaciones en las ciudades sedes de Copa. Además de las denuncias que llegaron al movimiento en todos los Estados, datos del Dial 100, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, deben integrar el informe final.