7 de noviembre, 2013.- En la última semana, dos jóvenes —uno de 17 años en Cochabamba y otro de 24 años en el municipio paceño Sorata— murieron tras ser linchados por turbas enardecidas de personas que buscaban justicia por mano propia luego de sorprender a los supuestos delincuentes robando o cometiendo un asesinato.
“Con el reciente suceso en Sorata, los muertos en Bolivia por linchamientos suman seis en menos de un mes, ajusticiamientos que en todos los casos se han efectuado bajo el supuesto amparo de la mal denominada justicia comunitaria, términos utilizados por algunos ciudadanos y medios de difusión masivos”, advirtió la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada.

Aporte de la justicia indígena-originaria

La justicia que está reconocida por la Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional es la “indígena, originaria, campesina”, recordó el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, quien remarcó que ninguna de las normas bolivianas “admite la pena de muerte”, sino el “respeto a la vida”.

“De todos los conflictos de derecho que ocurren en las comunidades, el 70% es atendido y resuelto por la justicia indígena, originaria, campesina. El restante 30% es remitido a la justicia ordinaria porque son casos de mayor complejidad, tales como asesinato, violación, abuso sexual, etc.”, subrayó Marca.
El legislador explicó que este tipo de justicia establece la potestad que tienen las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos para administrar justicia de acuerdo con un sistema de justicia propio que ejerce por medio de sus propias autoridades en el marco establecido por las normas bolivianas.
“La justicia indígena originaria sigue vigente. Si visitamos cualquier comunidad vamos a confirmar que cada semana se reúne un día o dos para analizar y resolver conflictos”, afirmó el diputado antes de asegurar que “la justicia ordinaria no llega a esas comunidades. Las únicas autoridades encargadas de resolver los conflictos de los comunarios son las naturales y originarias”.
La afirmación fue corroborada por la ejecutiva de la secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz-Bartolina Sisa, Felipa Huanca, quien asegura que la justicia indígena originaria “es una herencia de nuestros abuelos para que nuestras autoridades den solución a los conflictos entre hermanos de una comunidad”.

Marca considera que “esta labor nos ayuda a resolver los conflictos de derecho que tenemos en todo el territorio”, por lo que saludó la labor de la genuina justicia indígena que a diferencia de la ordinaria obtiene resultados en menos de un mes.

“Con esta justicia, el comunario sabe su situación jurídica, mientras que en la ordinaria tiene que esperar meses o años un fallo”, afirmó.
Para el diputado, la justicia ordinaria —basada en normas aprobadas durante gobiernos neoliberales— es la que evita que el 80% de los casos cuente con un fallo.
“A causa de esta inoperancia de los códigos denominados Banzer, además de los aprobados por gobiernos neoliberales, se tiene tanta retardación de justicia”, sostuvo antes de mencionar que en contraposición los ‘códigos Morales’, próximos a aprobarse por el Órgano Legislativo, tienen el objetivo de revertir la retardación de justicia.
Linchamiento= delito
Desde donde se lo vea, los linchamientos son un delito, afirman legisladores y juristas. “Hay que quitarle la etiqueta de comunitaria (a estas acciones), esto es injusticia y asesinato”, afirmó de forma contundente la Presidenta de Diputados.
Al respecto, Marca remarcó que “un linchamiento no coincide con el procedimiento propio de la justicia indígena, originaria, campesina”. Asimismo, sentenció que “los autores de estos linchamientos son criminales comunes”.
Para ambos legisladores, la población confundió la definición de justicia indígena, originaria, campesina con la de linchamiento. Según expertos en la materia, las características que ambas tienen en la práctica establecen una diferencia marcada.
Para el abogado indígena y ex director del Programa de Justicia Comunitaria Liborio Uño Acebo: “La justicia indígena, originaria, campesina es un mecanismo de pacificación y disciplinamiento creado para evitar el crimen”; en tanto que “el linchamiento es una visión errónea que desconoce la realidad profunda del derecho comunitario andino”.
Según el jurista, este tipo de justicia “es el sistema de derecho que tenían las comunidades andinas y orientales antes de la llegada de los españoles”, que estuvo en vigente durante más de 500 años y que fue validada durante la gestión del presidente Evo Morales a través de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
La aparición de muñecos colgados en las calles y avenidas de zonas de la ciudad de La Paz con advertencias dirigidas a presuntos antisociales que rondan con fines delictivos derivó en la oleada de casos de linchamiento producidos en varias poblaciones del país.
Estos muñecos colgados en postes de electricidad son del tamaño real de un ser humano y están vestidos con ropa desgastada. Con éstos se trata de caracterizar a un ladrón linchado (golpeado o quemado) por haber sido encontrado infraganti cometiendo actos delictivos.
”La justicia indígena, originaria, campesina es un mecanismo de pacificación y disciplinamiento creado para evitar el crimen”; en tanto que “el linchamiento es una visión errónea que desconoce la realidad profunda del derecho comunitario andino”, explicó el jurista indígena, Liborio Uño Acebo antes de mencionar que “se basa en un sistema de derecho vigente desde antes de la llegada de los españoles”.
Vecinos amenazan con linchar porque ya no creen en la justicia ordinaria
Vecinos de las zonas de la ciudad de La Paz afirman que están de acuerdo con tomar justicia por mano propia contra delincuentes que merodean sus zonas. Aseguran que los letreros con advertencias de linchamiento colgados junto con muñecos de trapo en las calles de la urbe son medidas de seguridad necesarias que toman ante los frecuentes asaltos y atracos de los que son víctimas.
“Estoy de acuerdo con el linchamiento”, afirma Juan Mamani Machaca, vecino de la zona Villa Fátima, quien argumenta que gracias a esta estrategia se amedrenta a los ladrones e infunde en ellos cierto temor antes de que cometan actos delincuenciales. “Por lo menos así tienen miedo de acercarse a la zona”, dice.
La aparición de muñecos colgados en las calles y avenidas de zonas de la ciudad de La Paz con advertencias dirigidas a presuntos antisociales que caminan por la zona con fines delictivos derivó en casos de linchamiento producidos desde 2007 en varias poblaciones del país.
“Ladrón que sea sorprendido será linchado y quemado vivo” es el letrero de uno de los muchos muñecos colgados en postes de electricidad, medida de seguridad tomada por las juntas vecinales frente al panorama de inseguridad ciudadana.
Ante esta situación, aún no hay políticas de seguridad ciudadana efectivas según el sondeo de opinión realizado a vecinos de las zonas Norte, Central, Villa Fátima, Villa El Carmen, Munaypata, Villa Victoria, Challapampa, Cementerio, 14 de Septiembre, Miraflores, San Antonio y Alto Sopocachi.
Más de la mitad de los entrevistados afirman que ya no tienen confianza en la justicia ordinaria, pues aseguran que “ni bien pasan 48 horas la Policía vuelve a soltar a los delincuentes en las calles”.