El International Finance Corporacion (IFC) del Banco Mundial decidió continuar apoyando a la Corporación DINANT del empresario Miguel Facussé, conocido en Honduras como el Palmero de la Muerte a pesar de la crisis social y ecológica generada por el cultivo de la palma africana.

El 2009 DINANT obtuvo un empréstito de 30 millones de dólares para ampliar sus plantaciones de palma africana pero que fue suspendido a raíz del golpe de estado. Sin embargo, posteriormente el IFC continuó con los desembolsos a pesar de la violencia en el Bajo Aguan.

El IFC entregó a DINANT 15 millones de dólares y al parecer continuará el desembolso del resto del émprestito a pesar que el escenario del proyecto esta bañado con la sangre de mas de 150 personas, advirtió la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

El lugar se ha convertido en un sitio que podría ser considerado el “más peligroso del mundo”. El cultivo de la palma aceitera ha reforzado el despojo y la concentración de la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán, y Miguel Facussé convive y mantiene intacto un modelo de estructura feudal que ha acentuado las enormes desigualdades existentes.

Además, indujo la venta de las cooperativas campesinas existentes, dando lugar a nuevos frentes de colonización agrícola, los que devastaron las zonas de amortiguamiento y núcleo de la Biosfera del río Plátano.

La decisión del CFI se realiza a pesar de un informe del Compliance Advisor Ombudsman (CAO) que notificó que entre mayo de 2010 y mayo de 2013 hubo por lo menos 102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino del Bajo Aguán y que vinculaban 40 de estos a la DINANT.

Un respuesta del CFI enviada al CAO manifestó no estar de acuerdo con la información vertida por éste organismo.

La Ofraneh sostiene que la decisión del organismo miembro del Banco Mundial expresa desprecio por los derechos humanos pues valida un préstamo “en una de las zonas mas conflictivas del país”, sumida en una espiral de violencia.

Para Ofraneh el caso confirma que las instituciones que conforman el Banco Mundial “hacen caso omiso a las recomendaciones tanto del CAO como del Panel de inspección del BM, mecanismos internos de evaluación proveídos a las comunidades afectadas por los proyectos del BM”.

La respuesta del CFI al CAO incluye cinco puntos en relación a la “seguridad”, según los cuales DINANT conducirá una masiva revisión en la materia, ademas de colaborar con las autoridades locales, para las investigaciones sobre actos abusivos e ilegales.

Sin embargo, considerando la parcialidad existente en Honduras en materia de justicia, el descarado paramilitarismo y la satanización en los medios de comunicación en relación al movimiento campesino del Bajo Aguan “es de esperar que Facusse continúe con su estrategia de terror” sostiene Ofraneh.

A continuación un artículo sobre el tema de Ofraneh:

Honduras: Banco Mundial, paramilitarismo y palma africana.

Por Ofraneh 13 de enero, 2014.- Una vez mas el Banco Mundial muestra un sumo desprecio por el respeto a los derechos humanos, ante la perfidia del financiamiento a la Corporación DINANT, propiedad del empresario Miguel Facusse, conocido en Honduras como el Palmero de la Muerte. DINANT obtuvo un empréstito de 30 millones de dólares en el año 2009, destinado a la ampliación de sus plantaciones de palma africana, en una de la zonas mas conflictivas del país, el cual se encuentra sumido en una espiral de violencia, hasta el punto de ser considerado el más peligroso del mundo.

La reciente respuesta del CFI (International Finance Corporación, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial (BM), al CAO (Compliance Advisor Ombudsman, por sus siglas en inglés) demuestra como las instituciones que conforman el Banco Mundial, hacen caso omiso a las recomendaciones tanto del CAO como del Panel de inspección del BM, mecanismos internos de evaluación proveídos a las comunidades afectadas por los proyectos del BM.

CFI en un nota enviada al CAO, aduce no estar de acuerdo con la información vertida por el CAO en su informe. Este señala como “entre enero de 2010 y mayo de 2013 hubo por lo menos 102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino en el Bajo Aguán, y denuncias específicas que vinculaban 40 de estas muertes a fincas de Dinant, a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista de servicios de seguridad”.

Es inaudito como el CFI en el momento de conceder el empréstito ignoró el descalabro en materia agraria en el país, donde hay mas de 300 mil familias campesinas sin tierras, con dos millones de ellos viviendo en una total indigencia. La concentración de tierras de vocación agrícola en manos de unas cuantas familias acaudaladas, es una de las mayores problemática en Honduras, país donde hasta la fecha se conserva intacta una estructura feudal que ha servido de caldo de cultivo a las enormes desigualdades sociales existentes.

La palma africana ha reforzado la concentración de la tenencia de la tierra, especialmente después de la contrarreforma agraria promovida a partir de 1992, cuando se emitió la Ley de Modernización Agrícola; momento en que Miguel Facussé se apoderó de grandes extensiones de tierras en el Bajo Aguan. El modelo instaurado a partir de esa fecha apostó por las grandes plantaciones de palma africana, induciendo la venta de las cooperativas campesinas existentes, dando lugar a nuevos frentes de colonización agrícola, los que devastaron las zonas de amortiguamiento y núcleo de la Biosfera del río Plátano.

Contrainsurgencia, paramilitarismo y cacería de brujas en el Bajo Aguan

Para octubre del año 2009, expertos de Naciones Unidas señalaron la presencia de paramilitares colombianos en el Bajo Aguan, mientras la convulsión causada por el golpe de estado suscitado meses antes, sacudía el tejido social del país. Facussé ha sido señalado frecuentemente como integrante del grupo de empresarios promotores de la defenestración de la incipiente democracia hondureña.

El golpe polarizó a Honduras, convirtiéndose el Bajo Aguan en una de las zonas mas violentas en el país, situación que condujo a un operativo militar permanente en la zona, denominado Operación Xatruch, sin que hasta el momento haya contenido la criminalidad, a pesar de haberse aprobado un supuesto desarme general en el Departamento de Colón no se ha frenado los asesinatos de los campesinos.

El tinte político de la represión y cacería de brujas en el Aguan, a manos de los militares hondureños, ha sido señalado con vehemencia tanto por las organizaciones campesinas como por los organismos de derechos humanos. El Coronel Germán Alfaro, a mando de la operación Xatruch, denunció a la activista estadounidense Annie Bird, como una instigadora de la destabilización política en la zona. Casualmente la Sra. Bird, coodirectora de Derechos en Acción, fue la que introdujo la petición al CAO en referencia a la empresas DINANT.

EL CFI y su Plan de inacción en referencia al informe del CAO

La respuesta del CFI al CAO incluye cinco puntos en relación a la “seguridad”, según los cuales DINANT conducirá una masiva revisión en la materia, ademas de colaborar con las autoridades locales, para las investigaciones sobre actos abusivos e ilegales.

Sin embargo, teniendo en cuenta la parcialidad existente en Honduras en materia de justicia, el descarado paramilitarismo establecido en el país, ademas de la satanización en los medios de comunicación en relación al movimiento campesino del Bajo Aguan (departamento de Colón); es de esperar que Facusse continúe con su estrategia de terror.

Según el informe del CAO en noviembre de 2012, continuaban las conversaciones entre el CFI y DINANT para supuestamente gestionar los riesgos políticos, sociales y de derechos humanos. Casualmente en octubre de ese mismo año, guardias de Facusse en su finca de Farallones,asesinaron a tres campesinos que ingresaron en la custodiada “Reserva Natural” en donde se localiza una controversial pista de aterrizaje. Farallones pertenece a la comunidad Garífuna de Limón y desde el año de 1994, el palmero de la muerte se apropió de forma fraudulenta del estratégico paraje.

La OFRANEH recurrió en el 2006 al Panel de inspección del BM, en relación a la Ley de Propiedad impuesta en Honduras por ese organismo internacional. Nuestra experiencia en relación a la petición interpuesta y sus resultados es desalentadora. La gerencia del BM desdeñó las recomendaciones del Panel de Inspección y hasta la fecha el Capítulo III de la Ley de Propiedad continua vigente, generando la paulatina aniquilación de los títulos comunitarios concedidos a los pueblos indígenas en Honduras.

Dado en la Comunidad Garifuna de Sambo Creek, 13 de Enero del 2014