Fotografías: Emerson Flores | Gato Encerrado
La crisis económica, social y política en medio de la pandemia por COVID-19, ha delatado a un régimen totalitario en El Salvador. El apoyo popular que escuda al presidente Nayib Bukele, le ha valido el poder suficiente para invadir la Asamblea Legislativa usando militares, perseguir a sus opositores, a críticos del Gobierno, periodistas, medios de comunicación independientes y académicos. Sus ofensas y amenazas escritas, orquestadas a través de redes sociales, se traducen en violencia real.
El 9 de febrero de 2020, tras una convocatoria emitida a través de Twitter, Nayib Bukele irrumpió en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa utilizando al Ejército, la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y agentes especiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Usurpó la silla del presidente legislativo, Mario Ponce, y se puso a orar. En ese momento, según dijo a la turba enfurecida que lo esperaba en las afueras del Congreso, ‘Dios’ le pidió paciencia, y dio una semana a la Asamblea para aprobar 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial, la estrategia presidencial de seguridad.
Seis semanas después, El Salvador fue cerrado por completo. Bukele ordenó -a través de Internet- el despliegue del Ejército y la Policía para imponer una cuarentena obligatoria avalada por un estado de excepción que se aprobó de forma ilegítima. Los abusos se incrementaron contra la población civil, que fue internada en “centros de contención” para evitar el contagio. Otros, sufrieron disparos, golpes y amenazas por desobedecer al líder. Los críticos de sus medidas también recibieron la furia del presidente, y a través de mensajes en sus cuentas de Facebook y Twitter, se encargó de llamar “asesinos” y “locos” a quienes pedían justicia en el trato a los detenidos, o se atrevían a contradecir sus proyecciones de contagios.
El escenario de las redes sociales es el favorito del mandatario salvadoreño. Desde el 1 de junio de 2019, Bukele ha difundido a través de publicaciones en redes sus decisiones de gobierno: destitución de familiares de rivales políticos; órdenes irrefutables a sus ministros; llamamientos a insurrecciones contra la Asamblea Legislativa; hasta la organización de un golpe de Estado el 9 de febrero de 2020 porque los diputados no aprobaron fondos para el Plan Control Territorial.
El 9 de febrero fue sólo el primer gran giro del gobierno de Bukele hacia la senda del autoritarismo. Desde la toma de la Asamblea Legislativa con el Ejército y en medio de la pandemia de covid-19, se extendió en redes sociales una campaña de mensajes para atacar a los órganos legislativo y judicial. Un año después, sin consecuencias legales por la ocupación del Parlamento, la violencia política sigue en escalada. El 31 de enero de 2021, dos militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron asesinados por Diego Francisco Alvarado Peña, agente policial, asignado como escolta del ministro de Salud; Francisco Alabí, afiliado al partido del presidente, Nuevas Ideas; Roberto Carlos Soto de Paz, vigilante privado del Ministerio de Salud; y Héctor de Jesús Castaneda, motorista en el mismo ministerio.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga los homicidios como un “hecho de intolerancia”. El presidente Bukele trató de impulsar hipótesis sobre un autoatentado y un enfrentamiento armado, valiéndose de vídeos incautados por la Policía. Ambos escenarios han sido descartados por la Fiscalía, que ha pedido la colaboración del FBI para esclarecer el delito.
Abuso de los militares
Samantha tiene 16 años y vive entre las montañas de la localidad salvadoreña de Arcatao y las veredas empedradas de Lempira, en la vecina Honduras. Hace más de seis meses, conoció a un soldado perteneciente al Destacamento Militar Uno (DM1) del departamento de Chalatenango (El Salvador), destinado a resguardar las fronteras durante la cuarentena obligatoria impuesta por el presidente Nayib Bukele. El militar y uno de sus compañeros comenzaron a vigilar a la muchacha. Cuando se enteró dónde vivía Samantha, rodeaba su casa con otros subalternos, hasta que decidió entrar por la fuerza.
Una noche de septiembre pasado dos soldados saltaron el cerco que rodea la casa de Samantha, ubicada en el cantón Los Filos, Arcatao. Al escuchar ruido, sus familiares salieron a la calle y se toparon con los dos sujetos, armados y con lámpara en mano. “Venían por mi sobrina, la más pequeña. Tenían días vigilándola”, asegura Edith Cruz, desde el patio de tierra que sirve de entrada a una modesta casa de barro y ladrillo. Aquella noche, recuerda la tía de Samantha, el ladrido de los perros delató a los dos asaltantes.
—“¿Con qué autoridad se meten en mi territorio? Aquí es privado”, gritó Edith a los soldados. “Andamos persiguiendo a alguien, que se nos corrió”, balbuceó uno de los uniformados.
Pero no había nadie. Según narró la joven a Otras Miradas, los soldados alumbraron por las ventanas, desde el patio, como para ver si había más gente en la casa. “No seguían a nadie. Andaban tras los huesos de la muchacha”, dijo.
Samantha es sobrina de Edith. Como el resto de su familia, ha vivido toda su vida en Arcatao, después de que sus padres regresaran a El Salvador en 1993, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Legalmente, sin embargo, reside en tierra hondureña: pertenece al grupo de personas afectadas por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 2004, que recortó la zona de los ex bolsones y adjudicó unos 267 kilómetros cuadrados (km2) a Honduras, de los cuales 49.9 km2 pertenecían a Arcatao, El Salvador.
“No, aquí no se me van a meter a la casa”, les dijo Edith a los soldados, quienes cambiaron su versión de los hechos y decían estar patrullando. “Yo sabía que venían por ella, mi sobrina, que es menor de edad”, afirma. Los vecinos ya le habían alertado de la presencia en la zona de uno de los soldados cuando Samantha estaba en la casa. Edith denunció el caso ante las autoridades del municipio de Arcatao y ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La Procuraduría adjunta recomendó la investigación del caso de Samantha y otros abusos documentados que implican al Destacamento Militar Número 1 (DM1), pero hasta la fecha no ha habido consecuencias legales.
Según Edith Cruz, lo único que se logró fue el traslado del agresor a la zona de Las Pilas, a unos 100 kilómetros de la zona, en el departamento de Chalatenango. La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación de oficio, pero no ha tomado declaraciones de las víctimas.
El caso de Samantha no es aislado. Los militares salvadoreños continúan acosando a las mujeres de la zona, sobretodo a las jóvenes. “Se aprovechan de las niñas menores de edad. Aquí hay menores que han sido engañadas por militares y se han convertido en sus novias”. “Eso es abuso, pero nadie se atreve a hacer nada para impedirlo, porque llevan uniforme”, lamenta Edith.
En marzo de 2020, el presidente Nayib Bukele emitió el decreto ejecutivo número 12, que cerró las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de El Salvador. Prohibió el ingreso a través de puntos ciegos, y la Fuerza Armada movilizó más de 2.000 efectivos ante el avance de la pandemia de Covid-19. Más de un centenar de aquellos militares eran del DM1, doce de ellos se apostaron en las escuelas públicas de los caseríos El Pepeto y El Portillo, al norte de Arcatao.
El departamento Chalatenango tiene un largo historial de presencia militar. Durante la guerra civil, fue el foco de las operaciones de la guerrilla, y por ende, blanco del Ejército. A través de las montañas de Arcatao y San Fernando se movilizaron armas ilegales, campamentos guerrilleros y poblaciones que huían del conflicto armado hacia Honduras. Pero desde que Edith tiene uso de razón, los militares nunca se habían atrevido a irrumpir en una vivienda de la zona tras la firma de los Acuerdos de Paz. Sentada en su hamaca de pita y jugando con sus dedos, recuerda cómo era Arcatao hace algunos meses, antes de la pandemia de Covid-19. “Aquí no hay maras ni esas cosas, y nos conocemos todos. Vivimos de la tierra, maíz, frijol, otros tienen sus animales”.
Los pobladores de Arcatao han vivido entre El Salvador y Honduras durante más de 30 años sin ningún tipo de trámite migratorio para desplazarse. Tienen una cédula hondureña y un DUI salvadoreño, votan en ambos países, y algunos tienen tierras del lado hondureño, donde se cultiva maíz, frijol y café. La mayoría prefiere acudir a El Salvador para recibir atención médica, ya que los hospitales y centros de salud de Honduras están más lejos. La Ley Especial de Migración y Extranjería califica este fenómeno de “tránsito vecinal fronterizo”, y obliga a la Dirección General de Migración y Extranjería a emitir un carnet de identificación a los residentes de los ex bolsones para poder ingresar y salir por vía terrestre. En la práctica, estos documentos nunca llegaron.
En marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de Covid-19 en El Salvador, el virus no había llegado a Arcatao. Fue una sorpresa tremenda para la población la orden del presidente Bukele de desplegar efectivos militares en la zona para imponer una cuarentena. “Estas son cosas que no se veían desde hace tiempo. Abuso de autoridad siempre ha habido, pero ahora es peor, hay más, y es todos los días”, asegura Edith a Otras Miradas.
Después de retirarse de los centros escolares, los militares se mantienen a medio camino de El Portillo, en la zona de “El Descansadero”. Allí detienen a jóvenes, acosan a las mujeres e impiden el libre tránsito desde Honduras. “Provocan a los muchachos, les preguntan por su apodo, a qué pandilla pertenecen, y todo el mundo sabe que aquí en la zona no hay pandillas (…)”, señala la joven.
Los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Fernando y San Ignacio, municipios fronterizos con Honduras, denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) la presencia de los militares en la zona cuando la cuarentena obligatoria había terminado en julio de 2020. El 20 de octubre pasado, los alcaldes acudieron a la Asamblea Legislativa para la retirada del Ejército.
Como respuesta, el presidente Bukele ordenó al ministro de la Defensa, Francis René Merino Monroy, duplicar la presencia militar en los municipios referidos, y acusó a los alcaldes de vínculos con el narcotráfico.
“Es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando, y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales”, dijo Bukele, sin presentar ninguna prueba. Las rutas regionales de la cocaína, no cruzan las montañas de Chalatenango. Desde 2017, la mayor parte de la cocaína decomisada fue incautada en alta mar. El resto, en rutas terrestres alejadas de los municipios intervenidos.
Después de casi un año de militarización en Arcatao, el Gobierno no ha presentado resultados de las operaciones anti narcotráfico al norte del país. En lo que va de Administración Bukele la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) ha incautado 2.1 toneladas de cocaína, en zonas donde transita la droga, como la carretera Panamericana y el departamento de La Unión, en el Oriente.
El periodismo, adversario a silenciar
La noche del 12 de octubre de 2020, cuatro hombres armados rodearon a Juan Martínez d’Abuisson. Una calle poco transitada fue el escenario de asalto poco común: los sujetos vestidos de ropa oscura ordenaron a gritos al periodista que se lanzara al piso, sin exigirle pertenencia alguna. «No me pedían el celular, ni la cartera, sólo que me tirara al suelo,» explica el cronista del periódico digital El Faro, blanco de los ataques más sórdidos del Gobierno de Nayib Bukele contra de la prensa salvadoreña.
“Fue en ese momento cuando yo di el teléfono, después de todo era un asalto. Pero en ningún momento me lo pidieron, fui yo quien lo tiré, ellos me pedían que me tirara al suelo y nada más. Pero no lo hice y escapé como pude. No me persiguieron, no me dispararon”, comenta Martínez.
Unos minutos después, ya en un lugar seguro y con acceso a comunicación, alertó en Twitter que había sufrido el robo de su celular. El día siguiente supo que se trató de un mensaje de intimidación. Dos fuentes del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) que frecuentan a periodistas de El Faro confirmaron a sus hermanos, también periodistas, que se dictó una orden desde Presidencia de la República para “hacerle daño”. Todo quedó registrado en un memorando.
“Querían que me arrodillara. Supongo que me iban a golpear”, recuerda el periodista, que concluyó que el ataque armado fue orquestado “desde dentro del Gobierno». “Fue un acto de intimidación a mi trabajo, al de mis hermanos, y un mensaje para el resto de periodistas, académicos, y todo aquel que cuestione al Gobierno. Ni en los años 80, en la época de la guerra hubo ataques así contra la prensa», asegura Juan Martínez.
Cuatro días después del asalto, con información suficiente en su poder, el periodista decidió responsabilizar al Gobierno a través de Twitter. Su publicación acumuló más de 1,100 respuestas directas y citas, de las cuales más de un 25 % provienen de cuentas catalogadas como “sospechosas” por la herramienta Botometer, una aplicación libre del Instituto de Ciencias de la Red y el Centro de Investigación de Redes de la Universidad de Indiana, Estados Unidos.
Las acusaciones de manipulación de la opinión pública a través de ‘bots’ o cuentas automatizadas no es algo nuevo en El Salvador. La actividad falsa en Twitter puede ir desde robots hasta cuentas personales con identidades engañosas en línea, nombres falsos o seudónimos que operan como “cuentas madre” para posicionar determinados temas; o simplemente personas que usan sus cuentas de forma inusual. Esto vuelve complicado detectar qué actividad es ‘natural y orgánica’, o prefabricada, explica Mario Gómez, fundador del Hackerspace en El Salvador.
La manipulación de las redes, añade, se ha centrado en el uso de troles o centros de redes, también conocidos como Netcenters, que involucran a personas reales que cobran por difundir determinados mensajes a través de cuentas que manejan con sus nombres auténticos. Su actividad es replicada por cuentas falsas para “inflar” las estadísticas. “Para ver cómo funcionan es necesario ver las horas en las que actúan, los hashtag (etiquetas) que utilizan, las personas a quienes mencionan”, agrega Mario Gómez.
El propio presidente de la República ha sido implicado en el caso de un troll center dirigido al periódico La Prensa Gráfica, por la clonación de la página y difusión de noticias falsas. Recientemente, el Gobierno acusó al partido opositor de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de administrar un troll center para atacar a la familia del presidente Bukele.
“En un país donde sólo la mitad de la población tiene acceso a Internet, es difícil creer que la actividad política se reduzca al submundo de Twitter”, explica Rafael Ibarra, fundador de SVNet, la única delegación de dominios de Internet que existe en el país. De acuerdo con este académico, popularmente conocido como el “padre del Internet” en El Salvador, la actividad detrás de los miles de perfiles que apoyan y defienden al presidente es, cuando menos, sospechosa. Lo mismo puede decirse de los ataques en línea a los críticos de Bukele, que refuerzan las campañas de intimidación. “Pueden ser realmente sicarios digitales”, subraya Ibarra.
Un dato a tener en cuenta es que el gasto en servicios de estrategia de comunicación y consultoría para marketing digital se ha disparado en el Gobierno de Bukele. Sólo en Presidencia, el mandatario creó una nueva Secretaría de Prensa, con una asignación de más de dos millones de dólares para “asesorar y asistir al señor Presidente de la República, Ministros, Instituciones Oficiales Autónomas y Comisionados de la Presidencia”, con la producción de discursos, manejo de espacios informativos, material audiovisual y “redes sociales”.
Para el periodista Juan Martínez el problema trasciende Internet: “El problema no es que sean troles. Es obvio que el presidente busca generar la impresión de que hay una masa que lo apoya incondicionalmente, porque esto inhibe al ciudadano común de emitir su opinión (…) Pero también es innegable que el discurso hegemónico ha calado en la mayoría. El apoyo que este caudillo tiene es avasallador”.
Un antecedente de autoritarismo con apoyo popular es el que ejerció Roberto d’Abuisson, tío del periodista Juan Martínez d’Aubuisson. Aquel militar de ultraderecha, figura que aún hoy es venerada por los conservadores salvadoreños, fundó en 1981 el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Su biografía incluye también la organización e implementación de los siniestros escuadrones de la muerte, cuerpos paramilitares que asesinaban y desaparecían a líderes comunitarios, campesinos, estudiantes y todo tipo de organización social en la década de los 80, según documentó la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas (1992-1993).
“Es el único evento inmediato en la historia política del país. Un caudillo, como Bukele, carismático y con dominio sobre las masas. Pero ni siquiera Roberto d’Aubuisson arremetió contra la prensa como lo está haciendo el presidente actual”, opina Juan Martínez. Durante los gobiernos del FMLN, el primer partido de izquierda que llegó a la Presidencia, también hubo persecución a la prensa, con detenciones arbitrarias y escuchas telefónicas ilegales.
“Ahora hay todo eso y más. Ahora hay una batalla pública y constante que se incorpora al discurso hegemónico, y no sólo en contra de opositores políticos, sino también contra la prensa independiente, los investigadores, la Academia, los defensores de derechos humanos. Para el presidente, todos formamos parte de un solo bloque: los enemigos del pueblo”, concluye Juan Martínez.
Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el acoso a periodistas y el uso de recursos públicos contra la oposición ha documentado que periodistas de El Faro, Revista Factum, Revista GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y otros reporteros independientes, han sufrido violencia y descrédito por parte de agentes del Estado.
Periodistas de El Faro denunciaron acoso fiscal del Ministerio de Hacienda, escuchas telefónicas ilegales y campañas difamatorias. El 24 de septiembre de 2020 el presidente Bukele anunció en una cadena nacional que el Ministerio de Hacienda estaba investigando El Faro por supuesto lavado de dinero y evasión tributaria. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre dicho caso y señaló «el grave deterioro» de la libertad de prensa en El Salvador debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y críticos del Gobierno.
Con estos elementos, los legisladores certificaron a la Fiscalía General de la República la posible comisión de los delitos de actos arbitrarios, violación de comunicaciones privadas, captación de comunicaciones, interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas y expresiones de violencia contra la mujer. El informe de la comisión legislativa fue enviado a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Secretaría de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, al Congreso y Senado de los Estados Unidos de América y al Parlamento Europeo.
El profesor del presidente
Óscar Picardo Joao es un académico de renombre en El Salvador. Licenciado en Filosofía y Máster en Teología, es director del Instituto de Investigación, Ciencia y Tecnología (ICTI) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), donde también trabaja como especialista en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas. Picardo conoce de cerca al presidente Nayib Bukele. Fue uno de sus profesores de Bachillerato en la Escuela Panamericana, prestigioso centro educativo privado en San Salvador.
Casi 30 años después, el presidente tildó de “loco” e “imbécil” a su profesor, tras la publicación de un proyecto municipal para combatir la pandemia de Covid-19, como alternativa al confinamiento indefinido que impulsó el Gobierno de Bukele. “Llamen a las potencias mundiales. ¡El loco de la Gavidia (que decía que el #Covid19 se acababa el 1 de julio) y Erick Salguero encontraron la solución a la pandemia! Van a causar una masacre. Aún mayor de lo que ya causaron. ¿Cuándo concentraron tanto poder estos imbéciles?”, tuiteó el presidente Bukele el 5 de julio de 2020.
“Entre su proyección del 20 de marzo de 3,145,728 contagiados, y la nuestra del 8 de abril de 14,916, usted sabrá quién es el ‘loco’ y el ‘imbécil”, respondió Picardo, en su cuenta de Twitter, en referencia a las proyecciones erróneas del mandatario. Cuando el ICTI-UFG presentó los modelos matemáticos diseñados junto a la Universidad de El Salvador (UFG), se proyectó que el país llegaría a registrar entre 12.000 y 14.000 contagios de Covid-19, que resultaron ser los datos más cercanos a la realidad. En aquel momento se registraban cerca de 8.000 casos, “mucho menos de los 3 millones que decía el Gobierno”, explicó Picardo.
El intercambio de descalificaciones comenzó cuando el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (COENA), Erick Salguero, anunció la implementación de un Cerco Epidemiológico Inteligente (CEI) en el municipio de San José Villanueva, del departamento de La Libertad. El alcalde, Alexis Guzmán, explica a Otras Miradas que en aquellas fechas su municipio sólo tenía registrados 10 casos de Covid-19, y gracias al proyecto con el ICTI-UFG, esperaban mantener la enfermedad a raya.
La apuesta en San José Villanueva era crear un mapa de riesgos de Covid-19. La estrategia, según Salguero, no requería el cierre de ningún sector económico, por lo que no necesitaba decretos de restricción de movilidad. En aquel momento, el presidente Bukele presionaba para mantener una cuarentena estricta que se prolongó por casi 100 días, con una restricción de derechos, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La UFG intentó mostrar sus proyectos, pronósticos y avances al Gobierno antes de acercarse a las alcaldías, pero fue ignorada. Por ello, se enfocaron en los municipios. “Es un proyecto que diseñamos y ofrecimos a la alcaldía, no tiene nada que ver con política, es un ejercicio académico. Muchos funcionarios no leen, luego hacen comentarios de forma equivocada e ignoran de lo que están hablando”, indica Picardo.
El ICTI está trabajando en ocho municipios más, pero sin revelar cuáles. ¿La razón? El Gobierno comenzó a intervenir los datos para afectar la investigación en San José Villanueva. Picardo teme que se repita esa estrategia con el resto de localidades. “Cada vez que damos un paso en Villanueva, nos atacan. Había semanas en que nos enviaron más de 700 pruebas. Lo vieron como una especie de proyecto símbolo, y es el municipio al que más pruebas han enviado, llevan gente de otros municipios a hacerse las pruebas. Otros proyectos que tenemos no lo decimos porque corremos el riesgo de que quieran afectar al proyecto”, relata el director del ICTI.
Sitio del observatorio de San José Villanueva
Bukele criticó que el presidente de Arena anunciara esta investigación como «el Plan Cero Casos Covid-19», cuestionando que se estuvieran haciendo planes municipales sin la dirección del Ministerio de Salud (Minsal); y tildó las declaraciones de «estupideces». “El presidente Bukele no puede tolerar que alguien más tenga una buena idea. Todo debe venir de él y para él. Si no le es rentable políticamente, lo desecha”, asegura Picardo. En la fase de reapertura económica Bukele copió la estrategia de los cercos sanitarios, con la elaboración de un mapa de riesgos y la entrega de kits con medicamentos a personas enfermas. “No hay evidencia para decir que estábamos muy equivocados y el presidente tenía razón”, replica Picardo.
Tras los ataques reiterados de Bukele, con insultos y difamaciones por parte de operadores políticos y troles, Picardo decidió cerrar su cuenta de Twitter “por salud mental”. De los insultos se pasó a los ataques directos. La revista Disruptiva, una publicación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), a cargo de Picardo, sufrió al menos tres ataques a su página web, y en una ocasión lograron darla de baja. La revista divulga proyecciones matemáticas y estudios científicos que no se ajustan a las cifras de Bukele.
El 13 de julio, el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) organizó otro operativo para ingresar al apartamento de Óscar Luna, editor de la revista Disruptiva. El ladrón robó dos computadoras y un mapa de San José Villanueva, donde se realizó el estudio para monitorear los contagios de Covid-19. “Anduvimos paranoicos varios días”, recuerda Picardo, con el libro de datos que consiguieron sobre San José Villanueva. Aquella noche hubo “una serie de hechos graves” que, en su opinión, indican que se trató de un plan orquestado. “Se desconectaron las cámaras dentro del edificio, y lograron llegar hasta un séptimo piso. Se tomaron la molestia de entrar, subir, llevarse las computadoras. Había otras cosas de valor que no tocaron. Todo esto genera una atmósfera no propensa a la democracia”.
Según Picardo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero no hay avances en la investigación. En el Gobierno de Bukele “hay un desprecio a lo académico, a lo intelectual, a la ciencia. No hay acercamiento, ni diálogo, por el contrario, hay insultos. Podría decirse que es por su corte autoritario, conviene más que haya gente obediente a gente informada”, concluye el investigador. El ultraje a la ciencia y a la razón muestra la peor cara de un presidente, que se comporta más como un “iluminado” que como un estadista, como demostró al irrumpir en el Congreso arropado por sus militares para amenazar e insultar a los legisladores. Un presidente visionario, en definitiva, capaz de dar un golpe de estado disfrazado y presentarlo como consecuencia de sus diálogos con Dios.
