Ciudad de México, 23 de febrero de 2015. “Responsabilizamos al gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas de lo que nos pueda suceder a los opositores al Proyecto Integral Morelos”, manifestó la asamblea comunitaria de Amilcingo y el Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra (FPDT), en un comunicado de prensa, después de que una persona a bordo de un automóvil amenazó a Humberto Sandoval Zamora, para que desistiera de la oposición al gasoducto o se atuviera a las consecuencias.

Los habitantes de amilcingo, Morelos, denunciaron que camionetas blancas de lujo sin matrículas, transitan libremente por el municipio amedrentando a la comunidad.Personas desconocidas preguntan casa por casa nombres de las personas que encabezan el movimiento opositor. La asamblea también manifestó que se ha prohibido el paso a los pobladores en las zonas donde se esta instalando los ductos del proyecto y que constantemente sobrevuela por la zona avionetas y helicópteros.

A pesar de la ilegalidad del Proyecto Integral Morelos (PIM), la construcción del gasoducto de 160 kilómetros que atravesará alrededor de 60 pueblos y afectará a más de 80 en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y su construcción continúa avanzando aunque existe un amparo emitido desde el año pasado que ordenaba a la CFE, la suspensión provisional de la obra que completa el setenta por ciento.

La CFE y las empresas Abengoa, Elecnor y Enagás, encargadas del proyecto, siguen con la instalación de los ductos sin respetar los trazos originales del proyecto. La construcción no es continua porque muchos pueblos y ejidos no han querido vender. Desde el año pasado los pueblos opositores han sido objeto de diferentes amenazas desde la privación de la libertad a partir de la fabricación de delitos, amenazas de muerte hasta la división de los pueblos para el cambio de uso de tierras y la venta de estas.

El próximo 28 de marzo el FPDT acordó una caravana indígena y campesina que saldrá desde Morelos y Puebla hacia la Ciudad de México, para exigirle al gobierno federal la solución pronta a todos los conflictos que ha generado la CFE, por querer imponer el gasoducto en las comunidades, sin otorgarles el derecho de decidir sobre las obras que afectan a sus territorios.

Cientos de campesinos e indígenas han resistido a la construcción del gasoducto en las faldas del volcán activo Popocatépetl, y puntualizaron que el avance en algunos tramos del proyecto sólo se ha dado porque han estado acompañadas tanto del ejército como de la policía. Hace unas semanas el gobernador del estado de Puebla, anunció la utilización de los militares en las comunidades que no quieran vender su tierra, por oponerse a un proyecto de desarrollo social.
En diez meses 19 personas han sido apresadas por oponerse al gasoducto y dos termoeléctricas en zona de riesgo volcánico, y al menos 19 órdenes de de aprehensión circulan por supuesta privación ilegal de la libertad de funcionarios de la CFE, porque en muchas comunidades prohibieron la entrada de estos a sus tierras.

El pasado 23 de enero y después de casi nueve meses privado de su libertad acusado de motín, despojo, privación ilegal de la libertad y robo, Juan Carlos Flores Solís, también integrante del FPDATMPT, fue puesto en libertad después de dos amparos a su favor. La comisariada ejidal de Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, quien actualmente paga una condena, por los mismo cargos,, en su casa por su mal estado de salud