Con furia e inculpando al establecimiento reaccionaron cientos de jóvenes payaneses ante la noticia del suicidio de la menor de 17 años Alison Meléndez, quien fue violenta e ilegalmente capturada por 4 efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) mientras registraba con su celular las protestas cerca de su sitio de habitación en Colombia, parte del Paro Nacional que se sostiene desde el 28 de abril.

Según su testimonio, expresado a través de las redes sociales, esos policías “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma».

De acuerdo con su abuela, cuando su nieta regresó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), a donde había sido llevada por sus captores, volvió con moretones en el cuerpo y le dijo que la habían manoseado. Al día siguiente sus familiares encontraron a la menor inconsciente en su habitación, tras aparente suicidio. Aunque fue llevaba de urgencia al hospital los galenos no lograron reanimarla. 

Por su parte Luis Salazar, padre de la menor, quien hace parte a su vez de la fuerza pública, fue tajante en sus declaraciones al exigir justicia y esclarecimiento de los hechos.

Como ha ocurrido en otros 16 casos de denuncia por violación sufrida por jóvenes detenidas por efectivos policiales en el marco de las protestas que conmocionan al país desde el pasado 28 de abril, voceros oficiales, en este caso el jefe de la Policía de la región, Ricardo Alarcón, acudió al reiterado negacionismo que ya es típico a la hora de responder ante denuncias de toda gravedad como esta. Una reacción de “solidaridad de cuerpo” que los marca y que en este caso una vez más evidencia el nivel de impunidad que campea en el país y con el cual se protegen los cuerpos represivos para actuar sin acatar ninguna norma ética ni respetuosa con la carta de Derechos Humanos. Un comportamiento que, en el caso de violencia contra mujeres, evidencia la manera como poder y patriarcado están íntimamente ligados.

Como prueba inicial para desmoronar el reiterado negacionismo oficial está el video donde puede apreciarse el momento cuando la menor de edad es capturada de manera ilegal por los efectivos de la mal llamada “fuerza pública”.

No más impunidad

Una vez la muerte de la joven fue noticia, sus pares no se contuvieron. Su expresión de afecto y de solidaridad propició que denunciaran los reiterados abusos, violaciones y desmanes de la policía, la cual tienen que padecer en parques, calles o en cualquier otro lugar donde sus efectivos llegan en actitud autoritaria a imponer un orden que ya no responde ni corresponde a la sociedad de justicia a que las mayorías sociales aspiran a vivir.

Es así como, con energía exultante, se dirigieron al complejo de policía Intendente Jefe Diego María Guerrero donde estaba erigido el monumento “Edificadores de paz” hecho por la policía con casquillos de balas para “recordar a las víctimas”, el cual fue lanzado al río Molino. Unas horas después hicieron lo propio con el monumento que recordaba a Francisco de Paula Santander (instalado en la glorieta de la terminal de transportes), asociado desde hace dos siglos con la defensa de los poderosos y de sus privilegios.

Para allí no paró su demostración de rechazo a la violación de que fue objeto la joven Alison Meléndez. Con igual entusiasmo se dirigieron a la URI a donde fue llevada por sus captores y le prendieron fuego, rechazo abierto y directo al estamento policial, síntesis del autoritarismo vigente en Colombia. Cuerpo armado defensor de privilegios y expresión de vetustas formas que asume el poder en Colombia, como son el machismo y patriarcado.

Mientras esto sucedía en medio del día 16 de paro nacional que registra Colombia, se conocido que como respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una solicitud de diversas organización de Derechos Humanos para que envíe una delegación para una visita de trabajo al país, la secretaria ejecutiva de esa organización, María Claudia Pulido, le dirigió una carta al presidente Duque solicitando autorización para proceder con la visita correspondiente.

Al mismo tiempo, se hacía publica una carta firmada por 55 congresistas de Estados Unidos donde denuncian que la Policía colombiana “está desatada” y piden al secretario de Estado Antony John Blinken para que se pronuncie sobre lo que vive Colombia.

¿Podrá contenerse el proceder policial y de las Fuerzas Armadas en general? ¿Podrá en algún momento que los cuerpos armados dejen de defender el poder de minorías y se alineen con las mayorías? La respuesta la brinda la historia, la cual también indica que “solo el pueblo salva al pueblo”.

Publicado originalmente en Desde Abajo