Foto: La Voz del Interior

La violencia sexual, las desapariciones de mujeres y los feminicidios son una realidad que nos rebasa y abruma. A pesar de la intención de las autoridades de tratar de ocultarla e invisibilizarla, día con día conocemos historias de mujeres que son víctimas de violencia cada vez más crueles e inhumanas.

De enero a junio de 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registró 914 asesinatos de mujeres  en 17 estados del país: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo Chiapas, Quintana Roo y Colima. Tan sólo el 49%  de los casos es investigado como feminicidio.  Cabe destacar que no contamos con información de estados con un alto índice de violencia feminicida como: Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán.

A pesar de que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía, joven de 28 años víctima de feminicidio por parte de su esposo, el máximo Tribunal dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres destacando principalmente que:

1) Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos. 

2) En todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia.

3) La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la re-victimización y discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados.  

En la práctica, las autoridades son omisas, indolentes e ineficaces al no implementar dichos criterios. La falta de voluntad  y capacitación para investigarlos y tipificarlos como feminicidio permite que la mayoría de los asesinatos de mujeres sean investigados como homicidios dolosos o suicidios, lo que además de violentar los derechos de la víctima y de sus familiares, impide el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia-.

El odio y la saña,  a través de métodos que implican el uso excesivo de la fuerza física, como: asfixia, golpes, o que fueron degolladas o apuñaladas,  evidencian el incremento de los feminicidios en México y la diversidad de actores de quienes cometen dicho delito, el cual puede estar vinculado a otros como la trata o el crimen organizado.

Así mismo, la falta de actuación de las autoridades cuando las mujeres acuden a denunciar violencia familiar, amenazas y acoso, ha derivado en femicicidios de más de dos víctimas por parte de un mismo agresor como lo ha evidenciado el caso de Jorge Humberto “el mata novias”.  Yang Kyung María Sun Borrego, joven de 21 años víctima de feminicidio por parte de Jorge Humberto, había presentado una denuncia por violencia en su contra, sin que las autoridades implementaran las acciones necesarias, en 2014 fue víctima de feminicidio. Posteriormente, más de dos familiares de víctimas identificaron a este agresor como el responsable de otros feminicidios.

A pesar de la existencia de la tipificación del delito y protocolos para su investigación ministerial, pericial y policial, existe un desconocimiento y falta de voluntad política para aplicar la debida diligencia, perspectiva de género y más aún para sancionar a los  responsables.

Veracruz, la Ciudad de  México, Sinaloa, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Puebla son estados de particular preocupación  por el incremento y desinterés de las autoridades para combatir de manera estructural los feminicidios.

A ello se suma el incremento y prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres. De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de enero de 2016 a octubre de 2017 se registraron 23,869 casos de violación a nivel nacional,

Por otra parte, según información proporcionada por las procuradurías estatales informan que en los primeros seis meses de 2017 desaparecieron, 3174 mujeres, de las cuales se han localizado con vida un 49%, mientras que el 50% siguen desaparecidas.

Alertas de Género 

En 2017 ha sido necesaria la solicitud de alertas de género para estados como Puebla y la Ciudad de México, así como la exigencia de la implementación de las recomendaciones de los Grupos de Trabajo de las alertas que han sido emitidas en estados como Veracruz y el Estado de México.

Pese a su falta de implementación cabal, las alertas de género, siguen siendo la herramienta de atención urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrían que implementar para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida, por lo que las modificaciones al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) tendrán que garantizar la protección de los derechos de las mujeres en el sentido más amplio y bajo los estándares más altos en la materia a nivel nacional e internacional.

En el marco del 25 de noviembre “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres”  como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)  consideramos que el incremento de la violencia contra las mujeres en México es alarmante, por lo que exigimos a las autoridades:

-Mecanismos de sanción a las y los servidores públicos que impidan una adecuada atención a las víctimas y que permitan la construcción de una ruta de impunidad que impida la sanción a los responsables.

-La debida diligencia y la construcción -y cabal aplicación- de protocolos para investigar con perspectiva de género los asesinatos contra las mujeres.

Es urgente y necesario que a la brevedad posible las autoridades realicen las acciones que atiendan la problemática de manera estructural y que como sociedad nos sumemos a la exigencia de que las mujeres vivamos libres, seguras y una vida libre de violencia.

Reconocemos y nos sumamos a la lucha a las madres, hermanas, hijos/as, padres y demás familiares de víctimas de feminicidio, les reiteramos nuestro compromiso en su búsqueda de justicia y conocimiento de la verdad.

Exhortamos a la ciudadanía a sumarse a un frente de exigencia y denuncia que de seguimiento a los impactos derivados de la violencia feminicida, que apoyemos a las víctimas indirectas, que nos indignemos a su lado y que con nuestra acción blindemos a las mujeres.