Foto: Lucía Maina Waisman

En un contexto donde el gobierno nacional destruye las políticas para la agricultura familiar y el hambre crece, la Ciudad de Córdoba aprobó una norma para fomentar otro modelo. Acceso a la tierra, certificación y abastecimiento en los barrios, los desafíos para su cumplimiento. Intendentes del Gran Córdoba la respaldaron para fomentar el trabajo local y limitar las fumigaciones con agrotóxicos.

Desde Córdoba

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, la segunda ciudad más grande del país, aprobó una ordenanza que compromete al Estado municipal a promover y apoyar la producción agroecológica y la distribución de alimentos sanos a nivel local. Esto significa el reconocimiento oficial a la agroecología, sus aportes para generar trabajo, favorecer el derecho a la alimentación y cuidar la salud y el ambiente en un contexto de crisis económica como la que atraviesa el país. Sin embargo, los desafíos de los y las productoras son muchos: el acceso a tierra e infraestructura en el cinturón verde de la ciudad, la compra de insumos ante la inestabilidad de precios y la consolidación de canales de distribución. Con esta nueva herramienta legislativa aprobada, esperan encontrar respuestas mediante políticas publicas efectivas para el sector.

La norma entiende por agroecológicos “a los sistemas productivos que se desenvuelven en el marco de una propuesta de desarrollo ecológicamente sustentable, socialmente justa y económicamente viable”. Los puntos claves de la ordenanza se concentran en la creación de un Sistema Participativo de Garantía (SPG) y del Consejo de Producción Agroecológica. Este último estará integrado por representantes de instituciones del municipio y organizaciones de productores y consumidores, desde allí saldrá el diseño y ejecución de políticas y planes concretos para el sector.  Por su parte, el SPG permitirá la validación de productos y espacios de comercialización con un Sello de Calidad Agroecológica.

Desde la cooperativa Macollando y la Feria Agroecológica de Córdoba, principales impulsoras de la ordenanza, esperan que este sello amplíe la distribución y les permita comercializar en nuevas góndolas: supermercados, almacenes y kioscos. También subrayan la intención de que el SPG “no sea solo una herramienta de certificación sino también de diagnóstico de las condiciones de vida de los productores, para determinar los recursos que se necesitan y desde allí trazar el camino deseable para poder producir agroecológicamente”.

Uno de los artículos importantes para la promoción de la agroecología es el que compromete al municipio y sus dependencias a otorgar «preferencia a la adquisición de productos agroecológicos” (que el Estado dé prioridad a esos alimentos). La ordenanza también tendrá impacto en el Gran Córdoba, ya que permite validar productos que se producen fuera del ejido municipal para que provean de alimentos a la capital. Así, intendentes de los pueblos y ciudades más afectados por las fumigaciones esperan que esta medida ayude a fortalecer la agroecología en zonas periurbanas para favorecer la salud de sus comunidades y la generación de trabajo.

Un largo camino recorrido por la agroecología en Córdoba

Iván Fernández, integrante de Macollando, remonta los inicios de este logro al año 2016, cuando desde la Feria Agroecológica de Córdoba presentaron un primer proyecto al Concejo Deliberante, pero no prosperó. Años después, la Municipalidad tuvo la intención de crear un mercado agroecológico en un espacio de la ciudad. Fue entonces cuando distintos actores del sector se involucraron y comenzaron una mesa de trabajo con funcionarios para alcanzar una normativa más amplia y acorde a sus necesidades.

En el camino, la red de participación se fue ampliando y logró un amplio consenso. Así se consiguió que el proyecto fuera ingresado formalmente al recinto por parte de Hacemos por Córdoba y obtuviera el voto positivo del resto de los bloques.

La Feria Agroecológica de Córdoba fue un actor clave en este proceso. Se trata de un espacio que lleva más de diez años de trabajo y nuclea a decenas de productores, productoras y organizaciones. Cada sábado en un rincón de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba ofrece alimentos sanos y de estación, además de productos manufacturados. A este lugar de referencia para la soberanía alimentaria y la economía social se suma también la Feria Agroecologica de barrio Alberdi de la capital provincial.

“Antes de esta ordenanza se hizo un camino con las ferias, grupos de consumo, nodos, productores, con grupos y personas que siempre han apoyado la agroecología. No es que la ordenanza nos va a validar: el consumidor siempre nos validó, en pandemia lo vimos”, aclara Nilda Galean, productora agroecológica que junto a su familia integra Las Rositas, un emprendimiento que lleva diez años produciendo alimentos sanos en Villa Retiro, en el cinturón verde de Córdoba capital. Y agrega: “Con esta ordenanza es el sistema político el que nos va a ver con más legitimidad. Esperemos que esto sea para ayudar a los productores y no solamente algo para el Estado”.

Resistir en el cinturón verde y la urgencia del acceso a la tierra

Una de las principales problemáticas que enfrenta el movimiento agroecológico es la pérdida de tierras para producir alimentos en el cinturón verde de Córdoba, que está desapareciendo a raíz del avance inmobiliario y la frontera agrícola. En los últimos 15 años el área cultivada con hortalizas en esa región se redujo a la mitad, mientras que la cantidad de productores hortícolas disminuyó de 700 a unas 250 personas. En este sentido, Nilda afirma que para ayudar y promover a los productores como indica esta ordenanza se debe “cuidar lo poco que queda del cinturón verde y restringir las construcciones en esas zonas, porque si el Estado no lo hace nadie más lo va a hacer, y esos lugares que alquilamos los productores están en riesgo”.

Las Rositas alquila la tierra en la que produce, como la mayoría de los y las productores hortícolas cordobeses. Por eso, desde ese espacio productivo señalan que una de sus mayores necesidades es el acceso a la tierra, así como a infraestructura para riego y a una vivienda digna para lograr estabilidad y tener realmente libertad y autonomía para poder elegir cómo producir.

Gallo Rojo es otra de las cooperativas que sufre las limitaciones del acceso a la tierra. Está integrada por unas 15 productoras ubicadas en el paraje Piedra Blanca, en las afueras de la capital provincial, que desde 2019 crían gallinas ponedoras y venden huevos.  “Producimos en cada una de nuestras casas, después nos unimos entre todos y vendemos en la feria. Es complicado porque todos los insumos suben, pero tratamos de sostener. Los espacios de la mayoría son alquilados, así que criamos lo que podemos, depende el espacio que tengamos”, cuenta Marina, una de sus integrantes que alquila una hectárea para la producción.

Más allá de que esta es una necesidad histórica de las y los pequeños productores, el contexto actual ha agravado el problema: “Antes vos sabías a cuánto ibas a alquilar la tierra, pero hoy, con precios que no están regulados, es apostar a algo que no sabes”, dice Nilda. Fernández profundiza: “La suba indiscriminada de los alquileres es terrible, y el problema principal está en la actualización del precio, que en tres meses llega a duplicarse. Es muy difícil llegar a estabilizar el sistema productivo”.

Crecer en la inestabilidad, a la espera de una política de fomento

Las condiciones de producción para la agroecología se ven afectadas por la crisis económica del país. El sector se ve afectado por la inestabilidad de los precios de los insumos y la falta de previsibilidad económica. Con la experiencia productiva de Macollando, Fernández señala que entre las políticas públicas que deberán impulsarse desde el Consejo de Producción Agroecológica están la de subsidios para maquinaria y habilitación de espacios productivos para la manufactura, como molinos harineros.

La productora de Gallo Rojo pone su caso como ejemplo de una política pública que permita acceder al crédito para ampliar el plantel de gallinas para consolidar el proyecto productivo, en medio de una crisis económica que golpea en las ventas: “Antes entregábamos 100 maples y ahora estamos entregando 40. Con el cambio de gobierno hay poca plata y todos compran lo que pueden”. Por eso, la expectativa de la cooperativa es que con la nueva ordenanza se mejoren y amplíen los canales de comercialización.

En Las Rositas también perciben una baja en el consumo de alimento: “La gente empieza a comprar solo para llenar la olla. Se nota en las ventas, se compran lo necesario”, dice Nilda. Sin embargo, también destaca el beneficio que implica para su familia poder comer lo que ellas mismas producen, en estos momentos de crisis, sin depender de los precios del mercado. A pesar de la situación económica nacional, el emprendimiento agroecológico creció y pasó de abarcar dos hectáreas y media a producir alrededor de diez hectáreas, lo que les permite tener más variedad de hortalizas, aumentar el volumen y generar más puestos de trabajo.

Abastecimiento local y alimentación en los barrios

Un gran objetivo del movimiento agroecológico es que la producción sea accesible para los sectores populares, quienes más vulnerado ven su derecho a una alimentación adecuada históricamente y especialmente en el contexto actual. Con esta nueva ordenanza, el artículo que otorga preferencia a la compra de alimentos agroecológicos, abre la posibilidad de trabajar articuladamente la asistencia alimentaria estatal con las organizaciones y los productores locales.

Inspirados en programas de otras provincias o localidades, como Gualeguaychú y Rosario, desde Macollando proponen un horizonte más desafiante: el desarrollo de polos productivos integrales con inversión municipal. Es decir construir espacios productivos de alimentos diversos y de cercanía con la capacitación técnica y la infraestructura necesaria. “Esto sería clave para avanzar en la soberanía alimentaria”, expresa Fernández.

Esta medida, agrega, debería complementarse con una campaña pública de promoción y concientización sobre la cualidades nutritivas de los alimentos, que permite diferencias los agroecológicos y de los ultraprocesados, y un trabajo conjunto con espacios e instituciones en los barrios, como los dispensarios, para facilitar el acceso de la población a una alimentación sana. De esta manera, se podría fomentar el consumo de alimentos de alto valor nutricional como, por ejemplo, las legumbres y, a partir de allí, incentivar la producción y abrir nuevas posibilidades productivas.

Pero aún está todo por hacerse. La ordenanza deberá hacerse realidad, primero a través de su reglamentación y luego con políticas y presupuestos efectivos. Para ello la participación de la sociedad será fundamental. Las organizaciones que impulsaron esta iniciativa subrayan también que este es un paso más de un largo proceso que vienen caminando, y cuyo horizonte es poder cambiar el actual sistema productivo hacia un modelo que priorice el ambiente y la producción local de alimentos sanos y accesibles para la comunidad.

El respaldo de los municipios fumigados del cinturón verde

Marcos Vázquez, de Hacemos por Córdoba, fue uno de los concejales que participó activamente de la construcción de esta ordenanza y la voz del oficialismo en la sesión en la que se consiguió la aprobación. “En estos tiempos complejos en que vivimos, donde mucha gente ha perdido su trabajo, que estos productores nos den los parámetros de producción y de venta directa al público, donde no haya intermediarios y generemos más producciones y espacios de venta en la ciudad nos da una posibilidad de mejorar condiciones de vida y de alimentación particularmente”, sostuvo.

La aprobación de la ordenanza impulsada por el peronismo cordobés también contó con la presencia de intendentes del área metropolitana de la ciudad de Córdoba, interesados por la posibilidad de poder abastecer con producción local de alimentos agroecológicas las góndolas de la capital.

Estos municipios son los más afectados por las fumigaciones con agrotóxicos del modelo del agronegocio que ha respaldado históricamente el peronismo cordobés que gobierna la provincia. El intendente de Colonia Tirolesa, Juan Panichelli, fue uno de los que apoyó la aprobación de la ordenanza y explicó cómo el modelo agrotóxico afecta día a día a su localidad: “Hace unos 20 días fumigaron y hay dos familias afectadas en el pueblo. La idea es acompañar esta ordenanza, darle una fuente de trabajo a la gente y concientizar a grandes productores de que existe otra alternativa”.

Toledo es otra de las localidades del cinturón verde rodeada por fumigaciones. Su intendente, Sergio Marín se hizo presente en la sesión del Concejo Deliberante y sostuvo: “En nuestra zona no hay productores agroecológicos, lo importante es que, a través del ente metropolitano, se unifiquen las políticas de fomento para este sector”.

Estación Juárez Celman es una de las ciudades con más trabajo en relación a la agroecología dentro del Gran Córdoba. Desde hace 10 años con un Parque Escuela Agroecológico como espacio de capacitación, participación y producción agroecológica. Su intendente Fabián Reschia, en este sentido, expresó: “Lo entendemos como modelo de gestión y de ciudad para el futuro y para los vecinos, a quienes les cedemos parcelas para que ellos trabajen. Producimos alimentos a escala local, tenemos venta por medio de los mismos productores dentro del parque municipal, así que esta ordenanza nos va a aportar muchísimo como ciudad metropolitana cercana a Córdoba. Creo que estos proyectos benefician a las dos partes, a los vecinos y a los productores. Es indudable que la economía local va a ser beneficiada”.

También se hizo presente Gastón Mazzalay, intendente de la localidad de Malvinas Argentinas, donde hace diez años, la comunidad logró expulsar a Monsanto, que pretendía construir una megaplanta de maíz transgénico. Desde entonces, los problemas de fumigación disminuyeron en esa zona y comenzaron a desarrollarse experiencias de producción agroecológica, entre ellas, la planta de bioinsumos de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. “Lo importante es que a raíz de esta ordenanza podamos compatibilizar el marco normativo para que nuestros productores puedan vender en la capital. Creo que va a ayudar a producir más alimentos, porque hay muchos espacios ociosos en las zonas periurbanas que a partir de la producción agroecológica se podrían explotar. Además, la mayoría de las producciones están en manos de cooperativas, con lo cual también va a ser mucho más accesible para nuestros vecinos”, reflexionó Mazzalay.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva