La Gobernación de Malleco que encabeza Guillermo Pirce, en medio de las fuertes denuncias por la grave agresión que sufrieron niños y niñas mapuche en la Escuela del territorio de Temucuicui a causa de lacrimógenas y la aterradora irrupción a la jornada escolar, salió ayer al paso con un impresentable comunicado público, justificando el accionar policial y sin referirse en lo absoluto a la situación de infancia acontecida ayer miércoles 14 de junio en el establecimiento educacional, quienes en medio de dolor y llanto debieron recurrir a asistencia médica en el sector.

Es obligación del Estado chileno así como de sus funcionarios a cargo de instituciones, como la gobernación, responsable directa en el actuar policial,  asumir una actuación oficiosa para la protección de niños, niñas o adolescentes, la obligación de exhaustividad para atender la causa de pedir y la  obligación de aplicar el principio superior del niño en temas que afectan a la infancia, establecido en las diversas normas internacionales de derechos humanos, incluyendo las sentencias y jurisprudencias del sistema internacional de derechos como las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las diversas recomendaciones que organismos de las Naciones Unidas han establecido al Estado chileno sobre la infancia mapuche.

La Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile ha señalado en reiteradas ocasiones  que se hace urgente el establecimiento de una Ley de Protección Integral de la Niñez y una especial atención a la situación que enfrentan niños mapuche a causa de situaciones de violencia estatal.

Por su parte, el ex Relator de la Niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Sergio Pinheiro, ha señalado en reiteradas ocasiones en audiencias públicas,  quien también ha participado en reuniones especiales como comisionado de la CIDH, que la situación de la niñez mapuche en Chile sigue siendo preocupante: “Al Estado de Chile que sigue pendiente la atención de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño en sus observaciones generales de 2007, que recomendó una protección especial para niños indígenas en Chile, y el cumplimiento del principio de la no discriminación”.

La situación de derechos de la infancia mapuche no ha variado e incluso se ha venido incrementando. Ya en el año 2011 se presentaba un informe  por parte de la Fundación Anide y Red latinoamericana de derecho de infancia y adolescencia, que daba cuenta de medio centenar de casos que evidenciaban la violencia institucional hacia la infancia mapuche hasta esa fecha, cuyas conclusiones recomendaban abordar el conflicto político de fondo que obliga al Estado de Chile a iniciar un diálogo abierto con las comunidades mapuche que demandan la restitución de sus derechos territoriales despojados: “El análisis y enumeración de casos demuestra además que la situación de la niñez mapuche se ha visto agravada en el último período producto del trato policial y de los mecanismos judiciales a que se encuentra expuesta. En este sentido cabe esperar de los organismos internacionales que respalden las demandas formuladas por la sociedad civil en términos de que se ponga fin a la militarización de las comunidades mapuche movilizadas; se adecuen los protocolos de las policías que regulen el uso de la fuerza y resguarden los derechos de la niñez; se promulgue una Ley de Protección Integral de la Niñez y se establezca la figura del Defensor Autónomo de la Niñez; y que, por supuesto, se aborde el conflicto político de fondo que obliga al Estado de Chile a iniciar un diálogo abierto con las comunidades mapuche para restituirles los derechos territoriales de los que fueron despojados”, puntualizó el reporte de las organizaciones preocupadas de los derechos de la infancia.

Recientemente, en junio de este 2017, la Red por los derechos de infancia en Wallmapu señaló lo siguiente: “El Estado de Chile, frente a la situación mapuche, desconoce una serie de convenios y tratados internacionales referente a la protección del niño y niña. Sin ir más lejos, el día 14 de agosto de 1990 Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño/a,  que en su carácter vinculante ha sido incorporada como ley de la república, la cual se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten. Tristemente, cuando se trata de niños/as mapuche o perteneciente a los estratos pobres de nuestra sociedad, los tratados internacionales y leyes internas de protección a la infancia no son operacionalizadas. Siendo la respuesta del Estado, el aumento del contingente policial, que sin un debido control y abusando de su poder, ejercen la violencia excesiva, no solo contra los adultos, hombres y mujeres mapuche, si no que arremeten violentamente contra nuestros niños/as”.

La posición de la Gobernación de Malleco se hace cómplice y artífice de una grave violación de los derechos de la infancia mapuche, fomentando prejuicios, estigmatizaciones y posiciones arbitrarias, intentando justificar un actuar violento y agresivo, donde nuevamente  asoman evidentes montajes comunicacionales sobre “ violentos grupos de desconocidos”, haciendo entrever que la violencia es generada por personas de las propias comunidades, cuando han sido evidente los abusos cometidos y frente a ellos, la reacción de familias encabezadas por mujeres, niños y adolescentes intentando repeler el accionar policial y un nuevo estado de militarización, donde el espiral de la violencia en territorios ancestrales se centra justamente en el Estado chileno y poderes fácticos y que se han involucrado en el devenir. Actos de racismo, despojos, desplazamientos,  exclusiones, negaciones, asesinatos, empobrecimiento, explotación de los territorios.

Son diversos los puntos de gravedad. En las zonas como Cañete, Tirúa, Collipulli, Ercilla, entre otras, han sido reiterados las denuncias por la violencia hacia la infancia mapuche, en su mayoría, gatillada por grupos de latifundistas colonialistas y violentas empresas forestales, actores constantes en violaciones de los derechos humanos del Pueblo Mapuche, haciendo uso y abuso del aparato público bajo la permisividad y cooptación de funcionarios públicos, razón por la cual, recientemente,  se realizaron acciones de protesta en Cañete, con la toma de  oficinas en Conadi.

Representaciones de las comunidades mapuche de Temucuicui autónoma y tradicional, salieron en conjunto a aclarar los hechos ocurridos en el territorio, desmintiendo las versiones emitidas desde la gobernación, como también las generadas por fuentes de carabineros.