Fotos: Lucía Muñoz

Se ha agudizado el conflicto en la comunidad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, ante la detención de las obras de reconstrucción de la escuela primaria Presidente Adolfo López Mateos, afectada por los sismos de 2017. La problemática ha escalado a las agresiones, mientras madres y padres de familia, así como maestros, han denunciado que desde la presidencia municipal se polariza a la comunidad para despojar a la escuela de su legítimo terreno en pro de la privatización del espacio público para la construcción de una plaza comercial disfrazada de parque y un estacionamiento.

Desde el pasado 3 de octubre circuló un audio, en poder de este medio, en el cual un hombre, identificado por testigos como Andrés Raymundo Méndez, incitaba a acciones de confrontación para el 11 de octubre al asegurar que no se podía detener la obra de reconstrucción de la escuela por la vía legal, entonces que se debía provocar la falta de condiciones.

El viernes 4 a la hora citada comenzó a llegar gente del municipio y personas que no fueron reconocidas como parte de la comunidad a las puertas del plantel. El predio, que alberga también a la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, se localiza en la zona centro de Tlacolula, cerca del palacio municipal y la iglesia y tiene dos entradas. Un testigo de los hechos relató que en la entrada cercana a la iglesia comenzaron a llegar las personas y después se abalanzaron contra la puerta y comenzaron a gritar y amenazar para que se les entregara José Sánchez, director de la escuela Presidente Adolfo López Mateos. Andrés Raymundo Méndez decía “que salga el pendejo del director, lo voy a matar, lo voy a colgar”.

Ante los hechos, maestros y padres de familia intentaron detener la agresión conteniendo la puerta para evitar el ingreso de los agresores. Fueron las madres de familia las que se pusieron en la primera fila, pensando que así evitarían la confrontación. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar al tiempo que se llamaba a la población con un megáfono, alentando los actos de violencia; fue un cohetón que pegó cerca de la puerta de la iglesia la que detonó en forma la agresión.

Una de las madres que intentó documentar con su celular las amenazas de muerte sobre el director fue la primera agredida, le tiraron el teléfono y comenzaron a jalarla y golpearla. Los jalones y golpes se generalizaron con palos y piedras a las madres de familia, mientras, entre gritos e insultos los agresores amenazaban con llevar gasolina y prender fuego a maestros, directivos, padres de familia y quienes se encontraran dentro del inmueble, incluyendo niños y dos mujeres embarazadas. Como protección, entre las mismas madres se jalaron entre sí hacia adentro del plantel para resguardarse.

Las personas afines al presidente municipal, quienes se hacen llamar “Comisión de Ciudadanos en Pro de la Reubicación de la Escuela Adolfo López Mateos”, aprovecharon que las madres, padres, niños y docentes se resguardaron dentro y que la puerta quedó despejada para poner cadenas y llevar a quien soldara la puerta, después de lo cual la agresión paró por unos minutos. Las personas heridas, tres madres de familia y un padre, quedan adentro sin posibilidad de la atención médica que necesitaban y sin poderse valorar la gravedad de sus heridas.

La autonombrada Comisión Ciudadana, encabezada por el agresor Andrés Raymundo Méndez, amenazó con soldar la otra puerta, dando quince minutos para salir a quienes se encontraban dentro del plantel, entre ellos alrededor de veinte niños, de lo contrario soldarían la puerta faltante con quien quedara adentro. Al no garantizarse medidas de protección e integridad a quienes resguardaban el plantel, por la mediación de una representante sindical se intentó calmar los ánimos, tratando de establecer una mesa de diálogo.

Según relata un integrante de la planta docente de la escuela, ni el director del plantel ni los padres de familia o maestros tienen la facultad de negociar parar la obra, ya que es un asunto federal, ni tampoco pueden aceptar la reubicación ni dar el predio donde se encuentra la escuela ya que formalmente, en 1961, fue dado a la Secretaría de Educación Pública, a “la federación”, según indica el documento de donación. En tanto, el municipio tampoco tiene atribuciones legales para disponer del predio donde se ubica la escuela.

Estos motivos se externaron a las personas partícipes de la agresión, pero, según relata una madre de familia, ellos no querían dialogar ni les interesa la legalidad del asunto, sólo tenían un empecinamiento por clausurar la obra e imponer la reubicación de la escuela, de manera ilegal y con violencia de ser necesario. Finalmente, la Comisión Ciudadana cumplió su amenaza y decidieron poner una cadena con candado en la segunda entrada, la cual posteriormente se soldó al igual que la otra, así mismo, vaciaron un camión de volteo lleno de arena y piedras, los agresores también pusieron un camión de volteo en la otra puerta, quedando padres de familia, niños, docentes y heridos completamente encerrados dentro del inmueble.

Cabe señalar que, aunque la policía municipal estuvo presente a lo largo de los hechos, no intervinieron para garantizar la seguridad e integridad de padres de familia y docentes, por el contrario, testigos de los hechos denunciaron que el comandante Jorge Roque Altamirano Jiménez encabezó dicha agresión vestido de civil, junto con Andrés Raymundo Méndez, el cabildo y el presidente municipal, quienes, de manera literal, estaban atrás del grupo de choque.

A decir del docente entrevistado, “los policías están con el municipio”, incluso relata que, en contubernio con las personas vestidas de civil, se llevaron detenido a uno de los padres de familia de la Sor Juana Inés de la Cruz, a quien liberaron alrededor de la una de la mañana del sábado sin presentar cargos “fue un secuestro más que una detención”.

Personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llegó a dar fe de la privación de la libertad de los ciudadanos que quedaron encerrados dentro del inmueble, levantando un acta de los hechos y después se retiraron sin más. Posterior a ello, al filo de las diez de la noche, representantes de la Sección XXII y de la Secretaría de Gobernación del estado de Oaxaca, llegaron a quitar las soldaduras y liberar las puertas. Empero, aunque había menos gente afuera, se indicó a los padres y docentes permanecer dentro del edificio para salvaguardarlo y también por su seguridad, para evitar nuevas agresiones.

Después de lo que docentes y padres de familia han denunciado como diez horas de secuestro, cuando por fin pudieron salir y buscar atención médica para los heridos, ésta les fue negada, en el caso de la madre de familia que recibió mayores lesiones no fue recibida en consultorios particulares, ante lo cual decidieron llevarla al Hospital Rural IMSS Bienestar No. 36 de Tlacolula, pero ahí tampoco quisieron brindarle atención médica, una madre que la acompañaba relata que el argumento fue que ella había tenido la culpa de que la agredieran y que incluso le dijeron “ahora se aguanta”.

El conflicto no es nuevo, José Sánchez, director del plantel Presidente Adolfo López Mateos, relata que desde 1999, cuando él llegó a la escuela, ya había una amenaza a voces de reubicación, pero era sólo eso, ya que no se había presentado un proyecto o gestión formal al respecto. Fueron los sismos del 2017 los que “dieron el pretexto”, o al menos así lo manifiesta en entrevista un docente de la escuela, perteneciente a la zona 08 de Valles Centrales, quien asegura que a raíz de los sismos la amenaza se materializó.

Tras los movimientos telúricos de 2017 se emitieron varios dictámenes, entre ellos, uno a cargo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), donde se señala que la estructura había quedado dañada estructuralmente, representando un peligro para alumnos, docentes y comunidad en general, en tanto, debía demolerse y reconstruirse.

Dichos dictámenes fueron el pretexto del municipio, en ese entonces a cargo de Fausto Díaz Montes, para intentar en forma la reubicación de la escuela, intentando enviarla a un predio de suelo fangoso y cuya certeza de propiedad no se tenía. Pasaba el tiempo sin una solución de lugar y condiciones en que se daría el cambio provisional, por lo que padres, madres de familia y docentes comenzaron a gestionar recursos Federales del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para poder dar cumplimiento al dictamen de reconstrucción.

En espera de los recursos federales, se gestionaron aulas provisionales que se construyeron en una zona segura del predio original de la escuela, así, sus quinientos estudiantes pudieron tomar clases, la mitad de los recursos fue puesta por el municipio y la otra mitad por los padres y madres de familia. 

2018 llegó con su pugna electoral, Carlos León Monterrubio, quien decía apoyar la reconstrucción de la escuela en su predio original, ganó la elección a presidente municipal por la alianza MORENA-PT-PES, ocupando el cargo desde enero de este año. No pasaron muchos meses antes que Carlos León Modificara su discurso electoral.   

Un año y medio después de los sismos, en mayo pasado, las gestiones que venía realizando el Comité de Padres, junto con docentes y directivos, tuvo por fin resultados positivos; les fueron liberados siete millones de pesos para la demolición y reconstrucción de la escuela mediante IOCIFED. De inmediato se comenzaron los trámites necesarios para meter a concurso la licitación de reconstrucción de la escuela y los permisos necesarios de obra (demolición y construcción).

El 17 de agosto se reúne la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO), con autoridades del IEEPO, IOCIFED, presidencia municipal de Tlacolula, integrantes del Comité de Padres, docentes y directivos de la Presidente Adolfo López Mateos, para revisar los detalles de inicio de la obra, estando los permisos en regla, todas las partes acuerda el comienzo inmediato de los trabajos de demolición y reconstrucción.

Un día después, el 18, padres y madres de familia comienzan trabajos colaborativos y solidarios, llamados tequios, contando con la presencia de Adolfo Maldonado Fuentes, director general de IOCIFED, para ratificar el inicio de los trabajos de reconstrucción. Los días subsiguientes se suman a los tequios transportistas y materialistas de Tlacolula.

El 21 de agosto se da el banderazo inicial de la obra sin la participación de miembros de cabildo del municipio, pero con la presencia del licenciado Esaú López Quero, delegado de Gobierno del Sector Tlacolula-Yautepec, representante del Gobierno del Estado; el arquitecto Osvaldo Sánchez Juárez, supervisor de obra y representante del Director General de IOCIFED; el Arquitecto Fernando Chávez Hernández, residente de Obra de la empresa constructora RACO, ganadora del concurso de licitación; Julio César Salgado, Presidente de la Unión de Camioneros y Materialistas de Valles Centrales, así como directivos y docentes de la López Mateos e integrantes del Comité de Padres de la misma escuela y la Sor Juana Inés de la Cruz.

Desde entonces ha habido varios intentos por parte del presidente municipal de parar la obra, como negar la existencia del permiso de construcción, cuando con fecha del 4 de junio se el municipio emitió permiso de demolición y construcción; la creación de la autodenominada “Comisión de Ciudadanos en Pro de la Reubicación de la Escuela Adolfo López Mateos”, una campaña negra en contra de padres de familia y docentes, así como información manipulada para incitar permanentemente a la de detención y de la obra e intentos de desalojo y clausura.

Dichas acciones han escalado el conflicto gradualmente, ante los intentos de parar la obra los padres de familia incluso expusieron el caso ante Andrés Manuel López Obrador en su visita a Huajuapan el 18 de agosto, quien “llamó la atención al gobernador”, según relata una de las madres, para que la escuela se construya en el sitio que legalmente le corresponde y aseguró que así sería, pero de poco sirvió, pues en respuesta a ello, Carlos León Monterrubio, en la plaza de Tlacolula a micrófono abierto, dijo que más allá de lo que dijera Obrador, sólo los oriundos de la localidad podían decidir sobre el conflicto, aunque legalmente no es así.

Posterior a ello, el 24 de septiembre, ante el primer intento de detener la obra, estudiantes, docentes y padres de familia se manifestaron con marcha y mitin en la carretera federal 190 a la altura de Lambityeco. Nuevamente, con un discurso de segregación, se llamó desde la presidencia a desalojar la carretera de “foráneos”, refiriéndose a la planta docente, padres de familia y alumnos.

El segundo intento por cancelar la obra se dio con sellos de clausura apócrifos, según relata una madre de familia, pues no tenían sellos de autoridad alguna y quienes intentaban ponerlos se negaron a identificarse, además de que dicho intento había sido promovido por Andrés Raymundo Méndez, quien, como ya se mencionó, llamó a acciones para que se suspendiera la obra por falta de condiciones, ya que por la vía legal no se podía, lo cual desembocó en los hechos violentos del pasado 4 de octubre.  

Tras las agresiones, se pactó una segunda mesa de diálogo, donde participó personal de SEGEGO, del IEEPO, IOCIFED, DDHPO, Carlos León Monterrubio e integrantes de su cabildo, representantes de la Sección XXII, directivos y docentes de la Presidente Adolfo López Mateos y el Comité de Padres de Familia. En esta mesa, por segunda ocasión León Monterrubio no pudo presentar los papeles de donación del predio en el que presuntamente pretende reubicar la escuela, pues dicha donación no se ha realizado.

Por el contrario, se revisó y avaló la legalidad de la obra en el predio ubicado en avenida 2 de abril sin número, esquina con avenida Juárez, por lo que las partes acordaron que no hay motivo ni bases para la reubicación, además de que ya se han invertido cerca de dos millones de pesos, de los siete otorgados por la federación, para la demolición y reconstrucción del plantel. A falta de argumentos o motivos para la detención de la obra, las partes pactaron continuar las labores de edificación de manera normal, empero, el presidente municipal de Tlacolula y su cabildo se retiraron sin terminar la reunión.

Otro de los acuerdos fue que los hechos de violencia registrados un día anterior no quedaran impunes ni para los autores materiales ni intelectuales, quienes deben ser vinculados a proceso y sentenciados en virtud de la gravedad de sus acciones. Así, el día 7 de octubre se presentaron ante la Fiscalía del estado las denuncias correspondientes por los ataques contra la construcción y las personas que las resguardaban.

Pese a los acuerdos, la Comisión de Ciudadanos en Pro de la Reubicación ha mantenido su campaña de desprestigio hacia los padres, directivos y docentes de la López Mateos. Según reportó el diario local “El imparcial”, Bulmaro Ramírez López, integrante de la comisión, aseguró que es un “capricho” de padres y maestros no permitir el embellecimiento del centro, afirmó que fueron ellos los agredidos cuando fueron a “exhortar” el desalojo y declaró a José Sánchez, director de la escuela, persona “non grata” en Tlacolula. Alejandro López Maldonado, también miembro de la organización simpatizante al edil, enmarco que los opositores a la reubicación no son originarios de Tlacolula, según informó el diario. Las declaraciones vuelven a enmarcarse dentro de la xenofobia que ha sido una constante diatriba en el grupo afín a Carlos León.

El Comité de Ciudadanos también llamó “exagerados” a los padres por decir que fueron secuestrados y aseguraron que se están “victimizando”, Concepción Robles (una de las personas que puso cadena y candado durante la agresión a la escuela) e integrante de la Comisión de Embellecimiento, aseguro que han acudido a varias instancias para buscar una mesa de diálogo, pero que no “se ha dado ninguna”, según informo el portal “NVI NOTICIAS” en su nota titulada “»Exageran, padres de familia de Tlacolula» publicada con fecha 7 de octubre.

A decir de directivos, docentes, madres y padres de familia entrevistados por Desinformémonos, esto este tipo de declaraciones son parte de la campaña negra en su contra, pues se da información sesgada o manipulada, no se informa sobre las mesas de diálogo donde se ha acordado con autoridades el seguimiento de la reconstrucción en su predio original, por el contrario, se informa que el pueblo puede disponer de ese espacio.

Tampoco se informa que la parte legal está a favor de la escuela, tanto porque el predio le pertenece, tanto porque se ha apegado a la ley el proceso de gestión de recursos y de demolición y reconstrucción del plantel, así mismo, se miente cuando se afirma que hay otro predio disponible para reubicar la escuela, sin embargo, tanto el presidente municipal como simpatizantes que conforman la Comisión Pro Embellecimiento, reducen el conflicto a que gente no originaria de Tlacolula tiene un empecinamiento por no permitir la reubicación. 

Ante esta situación, tanto el docente como padres y madres de familia entrevistados pidieron mantener en anonimato sus nombres, esto debido a que, pese a que cuentan con toda la parte legal a su favor y pese a las dos mesas de diálogo donde se ha acordado mantener la escuela en su lugar y seguir las obras de reconstrucción, en la vía de los hechos se continúa alentado un discurso odio contra ellos, e incluso contra los niños, bajo el pretexto de no ser tlacolulenses, asegurando que incluso se les va a sacar del pueblo y se han proclamado amenazas de violencia y muerte contra algunos de ellos.

Para el director del plantel, quien ha sido la persona más amenazada en este proceso, estos hechos son lamentables, pues asegura que hay una completa violación a los derechos humanos en toda esta situación, partiendo del hecho de que un grupo de interés pueda amenazar y golpear personas con toda impunidad ante la falta de estado de derecho, pues señala que el condicionar y amenazar para desalojar a personas que se encuentran dentro de una propiedad federal y encerrarlas es un secuestro, agravado por el hecho de que este tipo de actos se promueven desde la instancia que debería garantizar la integridad y seguridad de los ciudadanos.

Otro aspecto en el que pone énfasis es en la discriminación que se hace con el discurso contra los “fuereños”, incluso contra los niños, como si no tuvieran el derecho fundamental a la educación por haber nacido en una u otra parte del país, señala. En ese mismo sentido, lamenta que se haya negado atención médica a las personas heridas.

Aunque ya se realizó una segunda mesa de diálogo con autoridades oaxaqueñas, se levantó la denuncia ante Fiscalía, se informó a DDHPO, la cual emitió una recomendación y el caso está en conocimiento también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inclusive se asistió a Palacio de Gobierno a exponer de nueva cuenta la problemática ante López Obrador y la conclusión es que la escuela debe quedarse en el mismo lugar, pero José Sánchez señala que no es suficiente.

No es suficiente porque pese a que la defensoría y derechos humanos estén al tanto y exista una carpeta de investigación “no han hecho nada, quieren ver un muerto para actuar ante una autoridad que no está actuando para solucionar, sino alentando el conflicto” lamenta. Por lo que hace un llamado a las autoridades estatales y federales para generar garantías y condiciones para que la escuela se pueda reconstruir en el predio que le pertenece.

Sin embargo, las acciones de la Comisión Pro Embellecimiento continúan tendientes a tratar de imponer la reubicación de la escuela; el día 9 de octubre se presentaron en Ciudad Administrativa con su exigencia, ante lo cual se reforzó la seguridad al exterior del edificio con una valla de policías para evitar actos violentos. El día 11 realizaron un cierre carretero, ante lo que se abrió un canal de diálogo con Héctor Anuar Mafud Mafud, secretario general de gobierno quien les reiteró que la escuela continuará en donde se realizan los trabajos de reconstrucción.

Finalmente, José Sánchez, director del plantel, aseguró que tanto directivos, docentes y padres de familia están en contra de la violencia y a favor de la paz, lo que ellos quieren es que se actúe dentro de la legalidad y que el conflicto se resuelva por la vía de las instituciones, en cumplimiento a los acuerdos ya establecidos, ya que los niños necesitan su escuela y es lo único que se piden, que se den las garantías necesarias para poder terminaran los trabajos de reconstrucción y volver a las actividades normales de la López Mateos en respeto a la legalidad y los derechos humanos.