Organizaciones indígenas y campesinas rechazaron el “estado de prevención” que impuso el presidente Otto Pérez Molina en el municipio de San Juan Sacatepéquez, tras el asesinato de 11 personas en una comunidad que se opone a una cementera y a una carretera en sus tierras.

El brutal acto se registró el pasado 19 de setiembre durante un enfrentamiento entre miembros de la comunidad Los Pajoques y presuntos trabajadores de la empresa Cementos Progreso.

El estado declaró el estado de prevención dos días después de los incidentes que enlutaron a la comunidad que se ubica en la zona occidental del país y que ya lleva varios años de resistencia a la instalación de la cementera.

Según la comunidad, la empresa ha buscado por todos los medios instalarse en sus territorios, incurriendo incluso en una política de amedrentamiento que la ha llevado a perpetrar ataques armados contra personas y bienes de la comunidad.

Asimismo, sostienen sus habitantes, se han producido agresiones físicas y amenazas a autoridades, dirigentes comunitarios y activistas que apoyan a las comunidades.

Los recientes enfrentamientos, que el Gobierno ha calificado de “actos que atentan contra el orden constitucional”, han sido la justificación para la medida de excepción.

Debido a la disposición gubernamental que regirá durante 15 días, las garantías constitucionales han sido suspendidas y la comunidad se halla custodiada por un fuerte contingente militar.

Denuncian existencia de un plan contra la resistencia

En un comunicado difundido hoy, las organizaciones que conforman el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales, Pueblos, Autoridades, Comunidades y Organizaciones del IV Congreso, afirmaron que los enfrentamientos habrían sido provocados adrede para justificar el “estado de excepción”.

Sostienen en ese sentido que “lo sucedido en Los Pajoques son hechos provocados para justificar la implantación del estado de excepción y con ello quebrar la resistencia de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez”.

A esta conclusión llegaron tras advertir que los enfrentamientos se han dado cuando la carretera que conectará al lugar donde se construye la cementera está muy cerca de ingresar a las tierras de las “Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez”.

Por ello, aseguran que lo acontecido sería parte de un plan para quebrar la oposición a la construcción de la vía. Al respecto, expresaron su repudio al ingreso de “miles de policías” a las comunidades de San Juan Sacatepéquez.

Según las organizaciones del Gran Consejo, la presencia de los efectivos del orden en la comunidad ya se ha venido dando desde la madrugada de ayer.

Asimismo, ellos rechazaron que la manera de abordar la conflictividad social sea mediante estados de excepción.

Finalmente, demandaron la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y solicitaron ser acompañados por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que investiguen los sucedido.

Foto de la “militarización” de San Juan Sacatepéquez Imagen: Máximo Arnoldo Curruchich.

Violencia en Los Pajoques

Un pronunciamiento oficial de las comunidades de San Juan Sacatepéquez narra lo ocurrido en Los Pajoques.

De acuerdo al documento, la noche del 19 de setiembre, al escucharse disparos en la comunidad, una delegación de cinco comuneros acudió a ver qué sucedía.

Es en ese momento cuando un grupo de 10 personas identificadas por los comuneros como trabajadores de la cementera dispararon contra los cinco comuneros, hiriendo gravemente a tres de ellos.

Tras ser llevados a un centro médico, uno de ellos falleció. Se trató de Juan José Pajoc Chajaj.

En seguida, la población salió para entregar a la policía a los hombres armados pero éstos se dieron a la fuga y se refugiaron en una casa particular, donde los esperaban diez personas más.

El comunicado afirma que aproximadamente a las 22 horas, los comuneros llamaron a la policía nacional, y mientras esperaban su llegada, los “paramilitares” -las personas dentro del inmueble- dispararon contra los comuneros que habían rodeado la propiedad.

Este hecho dejó seis heridos que fueron llevados a un centro de asistencia, pero dos de ellos fallecieron al día siguiente.

Ante la inacción policial, cerca a las 23:30 horas, una delegación de la comunidad acudió a la estación de la policía de San Juan Sacatepéquez a pedir que intercedan en el enfrentamiento, sin embargo, a “pocos kilómetros de la comunidad” desistieron aduciendo que eran poco efectivos.

Los policías dijeron que traerían refuerzos, pero finalmente nunca se presentaron en la comunidad, señala el pronunciamiento.

Doce horas después acudieron a la comunidad la policía nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Las comunidades responsabilizaron al presidente Otto Perez Molina y al director de la Policía Nacional por no haber tomado las medidas necesarias a tiempo.

Ellos acusaron al Gobierno de Otto Pérez Molina de “proteger los intereses de la oligarquía nacional” y de incumplir los mandatos constitucionales referidos a garantizar los derechos de los habitantes de la república.

Exigen diálogo y consulta

Las doce comunidades de San Juan de Sacatepéquez acusaron al Gobierno de haber rechazado las solicitudes de diálogo para abordar el caso del conflicto con la cementera y la construcción de la carretera “Anillo Regional” en la zona.

De igual modo cuestionaron que la autoridad no haya querido tratar las denuncias de “persecución” y “criminalización” de líderes comunales.

Afirmaron que el pasado 14 de julio remitieron una carta al Gobierno solicitando una mesa técnica para “discutir y realizar” los estudios de impacto ambiental de ambos proyectos.